La actividad manufacturera es el eje de la economía de San
Luis Potosí. De acuerdo con el Gobierno del Estado, esta industria contribuye con
el 27.1 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que una nueva inversión
de mil 600 millones de pesos por parte de la compañía norteamericana Ford fue
una de las principales noticias del Primer Informe de Gobierno del priísta Juan
Manuel Carrera López, el pasado mes de septiembre.
“Las ventajas competitivas, la promoción económica y el
esfuerzo del Gobierno del Estado se tradujeron en la atracción de la planta
Ford Motor Company, la cual impulsará a la entidad hacia un nuevo y más alto
nivel competitivo, proyectándola como un destino propicio para la inversión
extranjera y para el desarrollo de la actividad automotriz, al invertir 1 mil
600 millones de dólares”, indicó el Informe.
“Esto generará 2 mil 800 empleos directos y cerca de 10 mil
indirectos, lo que colocará a San Luis Potosí como una de las cinco entidades
federativas con mayor producción de vehículos ligeros en México hacia el año
2020”, agregó el texto en su primera parte, denominada “San Luis Próspero”.
La “promoción
económica” y el “esfuerzo” del Gobierno de esa entidad habían sido ofrecimiento
de apoyos millonarios para la trasnacional, generados con recursos públicos.
De acuerdo con el
periódico Pulso de San Luis, a cambio de la generación de los empleos, la
administración estatal había donado 220 de las 280 hectáreas que ocuparía la
planta –con acceso a las redes de gas natural, agua tratada y energía
eléctrica– y, además, le había ofrecido perdonarle impuestos locales por los
próximos 10 años.
“José Luis Ugalde,
Secretario de Finanzas, dijo que en total son mil 27 millones de pesos los que
el Gobierno del Estado dará como incentivo, los cuales serán obtenidos del
fortalecimiento de ingresos propios y parte federal en dos años, 50 por ciento
este año y el resto en el 2017 (…) Otros
de los incentivos son la condonación de 10 años de impuesto Sobre Nómina y 10
años del predial”, reportó Pulso de San Luis en abril pasado.
No fue suficiente. El pasado 3 de enero, Ford Motor Company
anunció que cancelaba la inversión en esa entidad y que, en cambio, invertiría
700 millones de dólares en la expansión de la planta que tiene en Flat Rock,
Michigan, “salvando aproximadamente tres mil 500 empleos en Estados Unidos”,
informó la compañía en un comunicado.
La medida fue posterior al triunfo del empresario Donald
Trump en la elección por la Presidencia de Estados Unidos, cuya campaña se
centró en criticar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y a las
firmas norteamericanas, sobre todo Ford, que invierten en México.
“Los automóviles
solían ser hechos en Flint, y no podías tomar el agua de México. Ahora, los
automóviles se hacen en México y no puedes tomar el agua en Flint”, dijo Trump
en septiembre en esa localidad de Michigan y que hace meses es noticia por la
contaminación de sus redes de agua potable.
La presión que Trump ha ejercido sobre este tipo de
inversiones y su impacto inmediato en indicadores como el tipo de cambio ha
evidenciado la extrema dependencia de la economía mexicana de las inversiones
procedentes de Estados Unidos.
Vulnerabilidad que se
registra aun cuando las trasnacionales, como Ford en San Luis Potosí, han
recibido en México no sólo un mercado laboral con los salarios más bajos de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino incentivos
que van desde las reservas territoriales en las que se instalan, hasta la
condonación de impuestos y construcción y acceso a redes de infraestructura,
entre otros.
Otro ejemplo de este tipo de beneficios son los recibidos por la alemana BMW, también en San Luis Potosí, a
donde llegó atraída por el ofrecimiento de 500 hectáreas de reservas,
carreteras, calles y puentes peatonales, una vía férrea para sacar su
producción, exención de impuestos municipales, estatales e incluso el pago de
oficinas temporales por tres años.
“El Gobierno del Estado asegura que cuenta con las
facultades y recursos necesarios y suficientes para la ejecución del convenio
(…) refiere que desde la presupuestación para este año se estableció la
creación del Fideicomiso Público de Inversión Administración para el Desarrollo
Económico del Estado de San Luis Potosí, que
se integrará con el 20 por ciento del monto recaudado del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, popularmente conocido como
Impuesto Sobre Nómina”, reportó Pulso de San Luis.
“El Gobierno se
compromete a conseguir para el Fideicomiso otro terreno adicional de
aproximadamente 21.8 hectáreas que es apto para la conexión de la planta con la
vía ferroviaria existente operada por la empresa Kansas City México, mediante
la construcción de la conexión ferroviaria y las espuelas para conectar a la
armadora. Como ese espacio destinado a corredor ferroviario para BMW está
compuesto de parcelas que son propiedad ejidal, se hará cargo de los
procedimientos necesarios para modificar el régimen”, agregó el medio.
La atracción de este
tipo de plantas también ha motivado casos de especulación inmobiliaria, como la
reportada en junio pasado por Reforma desde Guanajuato, donde el Gobierno del
estado compró 607 hectáreas para una fábrica de Toyota.
“Algún funcionario
tuvo que avisar a la empresa JAOS & SGB que Toyota se asentaría en Apaseo
El Grande para que acaparara tierras, las compraran a bajo precio y luego las
comercializaran a sobreprecio”, reportó Reforma citando a Baltazar Zamudio,
dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática.
“Es evidente que hubo
tráfico de influencias y pudieran existir otros delitos como conflicto de
intereses, porque habría que conocer qué funcionarios estatales tienen alguna
relación con JAOS & SGB”, agregó la nota.
En Puebla, el
Gobierno del panista Rafael Moreno Valle también dio a la trasnacional alemana
Volkswagen un predio de 460 hectáreas para que instalara ahí su nueva planta
Audi.
“Con fecha de 5 de septiembre de 2012, el Gobierno del
Estado celebró contrato de desarrollo con Audi Automotive, S. A. de C. V y
Volkswagen de México (…) a efecto de lograr la implementación en el Estado de
un proyecto consistente en el desarrollo, construcción y operación de una o más
instalaciones de manufactura y ensamblaje de automóviles, así como cualesquiera
otros negocios relacionados, tales como la manufactura de todo tipo de partes,
refacciones y accesorios para la industria automotriz”, dice el decreto del 10 de septiembre de 2012, que autorizó a Moreno
Valle el traspaso de esos bienes públicos a la multinacional.
“Asimismo, Audi, por virtud del contrato, garantiza, declara
y se obliga a desarrollar el proyecto en el sitio del proyecto, a utilizar los
recursos proporcionados por el Gobierno del Estado, única y exclusivamente,
para la ejecución del Proyecto (…) Que
el sitio del proyecto comprende los lotes que conforman 460 hectáreas ubicadas
en el Municipio de San José Chiapa, considerados como una ubicación apropiada
para establecer las instalaciones en México”, agrega el convenio.
En 2015, cuando Volkswagen se vio descubierta por el Gobierno
de Estados Unidos en un fraude para alterar los resultados de las emisiones
contaminantes de uno de sus modelos, Moreno
Valle anunció la adquisición de 200 vehículos para que su administración los
usara como patrullas y “como muestra de apoyo y solidaridad de mi Gobierno al
empleador más importante de Puebla”.
El año pasado,
Volkswagen de México apareció en la lista de beneficiados con “privilegios
fiscales” difundida por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, que
muestra cómo a la trasnacional ubicada en Puebla le fue condonado un crédito por 56 millones 147 mil 126 pesos.
Y, también el año
pasado, la plataforma de Audi apareció en la lista de obras que, de acuerdo con
el investigador de la Benemérita Universidad de Puebla, Eudoxio Morales, fueron
financiadas a través de la figura de Proyecto de Prestación de Servicios, o
(PPS).
Figura que, de acuerdo con sus críticos, ha permitido al
Gobernador panista “ocultar” al Gobierno federal el incremento de pasivos
debido a una modificación hecha desde 2011 por Moreno Valle y que, gracias a un
cambio en la ley estatal, dejó de considerar “deuda pública” estos PPS.
“La construcción de
la plataforma Audi, que es una de las obras que podrían considerarse
productivas, también implica riesgos. No se sabe en qué términos el gobierno
estatal le ofreció esas facilidades y que beneficios proporcionará a las
finanzas públicas”, advirtió en febrero el diputado federal poblano Rodrigo
Abdala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En marzo pasado, Moreno acudió a una de las plantas de la
empresa alemana, destacó la compra de los 200 vehículos en “solidaridad” con la
misma y, también, anunció la ampliación de un periférico por un costo de 127
millones de pesos.
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