Sin la presencia de
organizaciones de derechos humanos o de sectores críticos a la creciente
militarización de la seguridad pública en el país, este martes se realizó en el
Senado un foro para impulsar una nueva ley de seguridad interior.
Al evento asistió el consejero jurídico de la Presidencia,
Humberto Castillejos, quien “aplaudió” la existencia de cuatro iniciativas en
esta materia.
“Existe una gran coincidencia en cuáles son los
procedimientos para la declaratoria de afectación de la seguridad interior” y
también “hay coincidencias en la regulación de las fuerzas armadas en el ejercicio
de esta función de seguridad interior”, destacó
Castillejos durante su participación en el foro, aun cuando no es legislador.
El consejero jurídico de la Presidencia argumentó que en el
artículo 89 fracción VI de la Constitución se establece como facultad exclusiva
del Presidente de la República disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas
para proteger la seguridad interior, pero desde 1917 –subrayó– no se ha
reglamentado esta función.
Cuando quiso
participar en el foro, el senador Manuel Bartlett fue callado por el presidente
de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, quien argumentó que el evento era “sólo
para presentar iniciativas”.
“Están hablando sólo
de las ventajas de quienes han presentado las iniciativas favorables a la
militarización del país”, reviró Bartlett, coordinador del PT, y se retiró
del recinto.
Entre quienes argumentaron a favor de una ley de seguridad
interior estuvieron los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN; Miguel Barbosa,
del PRD, quien anunció que presentará su iniciativa a título personal en la
Comisión Permanente, y el coordinador priista en la Cámara de Diputados, César
Camacho, el cual presentó una iniciativa junto con la legisladora Martha
Tamayo.
El doctor en Derecho Jorge Islas también participó en el
debate para abundar sobre la necesidad de una ley de este tipo, señalando que
“no se requiere de una declaratoria de suspensión de garantías” para formalizar
la militarización de la seguridad interior. Puso como ejemplos el Acta
Patriótica de Estados Unidos y el reciente decreto del 10 de enero de 2017 en
Francia, donde se vive bajo la figura de un estado de excepción. En ambos casos
se trata de medidas para combatir el terrorismo.
Se duplica la presencia militar.
Durante su exposición, el senador Gil Zuarth aportó varios
datos para argumentar la necesidad de regular la actividad militar en funciones
policiacas: en los últimos cuatro años, de 2012 a 2016, se pasó de 75 bases
militares mixtas de seguridad pública con mil 680 efectivos castrenses, a 142
bases militares mixtas con 3 mil 386 elementos militares.
“En cuatro años
prácticamente se ha duplicado el despliegue militar permanente y se generó un
incentivo perverso” para que los gobiernos municipales y estatales no inviertan
en policías, dijo.
Tan sólo en las entidades
de Guerrero y el Estado de México se encuentra el 36% de todas las bases
militares mixtas, sustituyendo las tareas fundamentales del orden civil.
“La participación de las Fuerzas Armadas no es nueva ni
contraria a la Constitución, pero ciertamente se ha sustentado en una muy
delgada línea y muy fina línea jurídica”, afirmó Gil Zuarth, exfuncionario de
Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
El panista coincidió
con Miguel Barbosa en que la participación de los militares debe ser “temporal”
y debe durar seis meses, el plazo necesario para ser sustituidos por nuevos
elementos policiacos.
Actualmente, abundó, existen 48 mil elementos de la Policía
Federal y de la Gendarmería. Para sustituir a los militares –añadió– se
requieren 20 mil policías más, es decir, para tener un total de 68 mil
policías.
Ahora “no se pueden
ir los militares porque no hay nadie que los sustituya”, y “lo deseable es
que el Estado pueda estabilizar una determinada situación que pone en riesgo la
seguridad interior sin necesidad de declarar el estado de emergencia”,
sentenció.
Gil Zuarth afirmó que una ley de seguridad interior “no pretende militarizar el país”, sino
todo lo contrario. “Lo que queremos es ponerle fin al perverso incentivo que
está generando la participación de las Fuerzas Armadas en términos de evasión o
elusión de la responsabilidad local”.
“Carácter excepción y temporal”
El senador Miguel Barbosa, quien hoy hizo circular su
iniciativa en esta materia (para sumar un total de cuatro, dos de la Cámara de
Diputados y dos del Senado), afirmó que debe establecerse el regreso a los
cuarteles de las Fuerzas Armadas, con “una actuación claramente excepcional” y que
exista “un control parlamentario”.
Añadió: “Bajo ninguna circunstancia pueden ser consideradas
como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos
o conflictos sociales, políticos o electorales”.
El coordinador de los diputados federales del PRI, César
Camacho, insistió en que una ley de seguridad interior “en modo alguno es una
vertiente de un estado de excepción, sino la necesidad de que situaciones
delicadas tengan un tratamiento jurídico ad hoc”.
Después del evento realizado al mediodía, el Senado expresó
en un comunicado que fungirá como “cámara revisora” del dictamen de la ley de
seguridad interior.
Al término de una reunión privada, la diputada federal
Martha Sofía Tamayo adelantó que el próximo martes se realizará en San Lázaro
un encuentro entre senadores, diputados y representantes de la academia para
analizar las propuestas presentadas.
Posteriormente se realizará otra reunión en el Senado para
analizar el marco en materia de derechos humanos, la regulación de seguridad de
otros países y los tratados que existen en la materia.
Finalmente, en la Cámara de Diputados se llevará a cabo una
reunión con el Ejército para que exprese sus opiniones sobre la elaboración del
dictamen, “ya que ellos son los principales involucrados, de manera directa, y
quienes han pedido la regulación”.
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