Armas NO.

Jesús Robles Maloof.

En memoria de Isidro Baldenegro, defensor de la Sierra Tarahumara asesinado el pasado fin de semana.

Ayer por la mañana en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, la violencia de una pistola calibre .22 abrió una mortal secuencia de disparos que terminaron con la vida del joven agresor y sacudieron al país entero. Hasta el momento de terminar estas líneas las vidas de tres de sus compañeros y de su maestra, se encuentran en grave peligro.

Lo anterior representa un doloroso hecho inédito en México del que solo tenemos referencias por la similitud y lamentable frecuencia con que ocurre en el vecino del norte, país con una compleja relación histórica con las armas de fuego y como la reciente campaña presidencial prueba, siempre resulta un factor que divide a la opinión pública norteamericana.

A unas horas de sucedida la agresión, especular sobre el contexto y la condición del joven agresor y colocar la solución en medidas como “Mochila Segura”, es parte del problema estructural en un país que no tiene una política pública integral de reducción de homicidios y su correlativa política respecto al control de armas.

En mi opinión, la prioridad en este momento tanto del gobierno como de la sociedad, debe centrarse en las víctimas de la tragedia que se extienden a las y los adolescentes quienes quedarán marcados de por vida por haber presenciado la agresión, a sus familias y a la comunidad del Colegio Americano y por supuesto a la sociedad regiomontana tan dolida por años y años de violencia letal.

Como ha llamado el Centro de Integración Ciudadana y CADHAC, organizaciones de la sociedad civil con amplio trabajo en nuestra norteña Monterrey, nada aporta la difusión de las imágenes de la agresión que vulneran no solo la ética ciudadana y periodística y la legislación sobre derechos de la infancia, además son un síntoma de una sociedad que normaliza la violencia y que con las víctimas puede ser cruel hasta el cansancio.

Las primeras reacciones del gobierno de Nuevo León son decepcionantes. Las irresponsables declaraciones de Aldo Fasci sobre la supuesta depresión del agresor, podrían provocar la criminalización de jóvenes con este padecimiento en México. El Vocero del gobierno suma a lo anterior su ignorante visión de lo que lo que internet representa en la socialización de los jóvenes y violó el artículo 79 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al divulgar la identidad de los jóvenes lesionados.

Algo que emerge como una obviedad es la necesidad de discutir e implementar una verdadera política integral de reducción de homicidios en México. El reciente estudio de Ignacio Cano y Emilio Rojido sobre las políticas públicas en este tema apoyado por Open Society Foundation, suena las alarmas sobre América Latina y el Caribe que destacan por la alta incidencia de violencia letal. Con apenas 8% de la población, la región concentra el 33 por ciento de los homicidios del planeta, seguida por África con 31%, Asia con 28 por ciento, Europa con 5 por ciento, América del Norte con 3 por ciento y Oceanía con 0.3 por ciento. Lo más duro es que el 25 por ciento de los homicidios del mundo se concentra en apenas cuatro países latinoamericanos: Brasil, Colombia, México y Venezuela.

En un país plagado de problemas cuya clase política en vez de ser factor de solución es un pesado lastre para la paz y el desarrollo ¿Por qué habríamos de priorizar reducir los violencia letal? Me convencen los argumentos de Ceci del Real de la organización México Evalúa: concentrarnos en reducir la violencia homicida es importante por los graves efectos que tiene “sobre la migración, el desplazamiento de personas, la percepción de seguridad, la confianza en las instituciones, el entorno para la inversión y el desarrollo económico, la armonía social, la victimización de las nuevas generaciones, entre muchas otras”

Existe un acuerdo entre sociedad y gobierno que la seguridad se mide por el índice de homicidios. Como lo señala Ceci del Real, lo sorprendente es que no existe evidencia de una política pública especialmente dirigida para reducir la violencia letal. Los gobiernos, desde el pequeño municipio, hasta el gobierno federal, recurren de manera sistemática a soluciones de fuerza que han demostrado ser ineficaces y con graves impactos en materia de derechos de las personas.

La tendencia inercial a como la militarización de la seguridad pública y la creciente y opaca inversión en armamento y tecnología de vigilancia son sus terrible ejemplos.

Crear un contexto propicio para prevenir tragedias como la que hoy nos enluta, no pasa por invertir en más armas y más policías. Resulta contra intuitivo e irracional. Un buen inicio puede ser una política de control de armas de fuego.

Pueden existir muchos jóvenes en contextos de violencia pero no en todos sus hogares existen armas de las que puedan disponer con facilidad. Enjambre Digital lanzaba ayer una simple pero contundente imagen con el hastag #ArmasNO.

Propuestas, alternativas y posibles salidas a la violencia letal han sido formuladas desde la sociedad civil y deben complementarse con una amplia discusión pública y exigencia ciudadana que lleve a nuestra disfuncional clase política a tomar acción.

Dentro del dolor rescato la respuesta en redes sociales de la sociedad regia seguida solidariamente a lo largo del país condenando la violencia y exigiendo de su gobierno y de los medios de comunicación respeto y atención a las víctimas.