El gobernador Héctor
Astudillo Flores en complicidad con diputados locales, modificó el marco
tributario de la Ley de Hacienda estatal de este año para beneficiar a los
contribuyentes de mayor poder adquisitivo con la reducción del pago de
impuestos.
En contraste, la
misma carga fiscal para ciudadanos de bajos recursos económicos aumentó hasta
un 1000% en comparación con el año pasado.
Con esta drástica medida, Astudillo y los integrantes de la LXI legislatura local violaron el
Acuerdo de Certidumbre Tributaria emitido por el gobierno federal en febrero de
2014 y suscrito por los gobiernos estatales, donde se comprometieron a “no
aumentar tasas a los gravámenes existentes y no reducir o eliminar los
beneficios fiscales y exenciones hasta noviembre de 2018”, indican
documentos oficiales en poder de Apro.
Ello debido a que la Ley de Hacienda aprobada por el
Congreso local para el ejercicio fiscal de 2016, planteaba el cobro de una tasa
del 0.004% sobre el precio del avalúo fiscal de una propiedad para inscribirla
en el Registro Público de la propiedad, del comercio y crédito agrícola.
No obstante, en
diciembre pasado, la mayoría del Congreso local aprobó la miscelánea fiscal
enviada por el Ejecutivo para este año y modificó la ley de Hacienda estatal,
al establecer una cuota fija de tres mil 200 pesos por el mismo trámite de
derechos en el Registro Público estatal, indican los documentos oficiales
consultados.
Ello a pesar de que la Ley de Ingresos para este ejercicio
fiscal plantea que el gobierno de Héctor Astudillo “continua en adhesión al
Acuerdo de Certidumbre Tributaria”, emitido por el gobierno de Enrique Peña
Nieto para no aumentar, disminuir, ni exentar cargas tributarias por un periodo
de cuatro años de 2014 a 2018.
El documento oficial, indica
que la modificación del marco tributario de la Ley de Hacienda estatal, emitida
por Astudillo y aprobada por diputados locales del PRI, PRD, MC, PT, Verde y
PAN, beneficia a los contribuyentes más acaudalados porque ahora pagan menos
impuestos.
En contraste, ciudadanos
de bajos recursos de las siete regiones de la entidad que acuden a las
delegaciones del Registro Público ubicadas en Chilpancingo y Acapulco, tienen
que pagar cargas tributarias que se elevaron de forma estratosférica con montos
800 a 1000% en comparación con los mismos impuestos del año pasado.
El informe consultado refiere que un contribuyente que
solicitó en 2016 la inscripción de documentos de bienes inmuebles o compraventa
de una propiedad con un valor de 40 mil pesos, pagó 256 pesos en el Registro
Público con la tasa de 0.004% fijada en ese entonces.
Ahora, un ciudadano
está pagando en el Registro Público por el mismo valor de la propiedad, la
tarifa fija autorizada por el Congreso local que asciende a tres mil 200 pesos,
es decir 1000% más que el año pasado.
En tanto que un contribuyente que pagó en 2016, seis mil 400 pesos para inscribir una
propiedad valuada en un millón de pesos en el Registro Público, ahora pagará la
mitad, es decir, tres mil 200 pesos, cantidad establecida como cuota fija en la
Ley de Hacienda estatal modificada, señala el documento.
Fuentes oficiales
consultadas por Apro, informaron que el esquema fiscal que beneficia a los
ricos y afecta a los pobres, fue propuesto por la actual subsecretaria de Ingresos
de la Secretaría de Finanzas estatal, María del Carmen López Olivares; el
procurador fiscal, Isidoro Rosas González y el director de Fiscalización, José
Villalobos Romero, quien es hijo de la actual diputada local perredista, Silvia
Romero Suarez.
Desde noviembre, Apro advirtió que el gobernador Astudillo
estaba violando la Constitución al exentar de manera ilegal del pago de
impuestos a médicos, arrendadores de casas habitación y socios de la empresa de
transporte público denominada Acabus.
No obstante, los
diputados locales del PRI y sus aliados del PRD, PAN, MC, Verde y PT, avalaron
la modificación irregular del marco tributario estatal que perjudica a los
contribuyentes de menor ingreso económico en Guerrero.
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