En abril de 2016, la administración de Silvano Aureoles
otorgó un contrato por un año a la empresa Hova Health SA de CV, por concepto
de “servicio integral de administración, almacenamiento e interpretación de
imágenes médicas”. Un año antes, esta
misma empresa había sido contratada por Salvador Jara, el anterior gobernador,
y cobró sólo la quinta parte por el mismo servicio que también prestó durante
un año.
Mediante la licitación pública número SSM-LP-004/2016-01, la
administración del gobernador de extracción perredista contrató a esta empresa
mexiquense y se obligó a pagar 84
millones de pesos, mismos que contrastan con los 37.4 millones de pesos que le
fueron pagados justo un año antes, mediante la licitación pública número
SSM-LP 025/2015.
Un ejemplo: en 2015, Hova Health SA de CV cobró, por la interpretación de una tomografía,
154 pesos con 31 centavos, mientras que con el contrato aún vigente cobra 800
pesos.
Pero las irregularidades no sólo se circunscriben al monto
del contrato, sino, además, a los servicios de interpretación médica que se han
cobrado, pues, de acuerdo con el diputado local de Morena Enrique Zepeda, esta empresa entregó al gobierno de
Aureoles una factura por un monto de 4.3 millones de pesos, presentando como
respaldo imágenes digitalizadas de 2015, pero previo a la fecha del contrato e
incluso previo al inicio de la actual administración, que comenzó en octubre.
Más aún: el
legislador denunció que en un solo mes esta empresa reportó haber realizado más
de 15 mil “estudios”, pero dentro de esos reportes aparecen estudios de
radiografías que fueron generadas desde el año 2010, cuando el contrato con la
empresa se firmó en abril de 2016.
Sustituyen Equipos Que Sirven.
En una de las primeras cláusulas de este contrato se señala
que los equipos de radiología que tenían las unidades médicas, antes de la
firma de este contrato, serán desplazados por nuevos equipos que esta empresa
pone en comodato al servicio de éstas.
Esta medida se adoptó
sin conocer siquiera el estado de los equipos con los que contaba el sector
salud, si funcionaban correctamente, con lo que se generó un impacto directo a
las finanzas de la Secretaría de Salud, al desaprovechar equipo médico de
altísimo costo y dejarlo “arrumbado”, para dar paso a una empresa que lleve los
suyos y cobre por los servicios.
Así, este contrato no
sólo habría ocasionado el desplazamiento de empresas michoacanas y médicos del
estado, sino que llevó todo a manos de esta empresa.
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