Javier Corral cumplió los primeros 100 días al mando del
gobierno de esta entidad y todavía no termina de limpiar el tiradero que le
dejó su predecesor, el priista César Duarte Jáquez, a quien, tal como lo
prometió en campaña, busca meter a la cárcel.
En entrevista con
Apro y ya con evidencias concretas de las tropelías en la mano, el mandatario
afirma que el de Duarte “fue un gobierno inescrupuloso, corrupto, ineficaz e
irresponsable en el manejo de las finanzas.
Sin rodeos, añade que
“construyó un modelo de delincuencia organizada para saquear las arcas del
estado”, en colusión con otros ex servidores públicos, como el ex tesorero, el
ex secretario de Salud, el ex fiscal, así como empresarios emergentes.
Por esa razón, dice, el funcionario panista “nos estamos
tomando el tiempo necesario (para denunciar)”.
Según él, hubiera
sido muy ingenuo de su parte presentar las denuncias y querellas sin antes
limpiar la Fiscalía y recuperar la independencia y autonomía del Poder
Judicial, donde había más de 60 jueces de consigna y más de 13 magistrados
impuestos por su predecesor.
“Necesitábamos
desmontar la red de impunidad para poder actuar”, argumenta.
El desorden.
En el catálogo de irregularidades cometidas por Duarte
Jáquez durante su gestión, el gobierno de Corral ha documentado hasta ahora las
siguientes:
–Distracción de
recursos humanos de la Secretaría de Seguridad.
En este punto, Corral encontró que al menos 250 elementos de
la corporación fungían como escoltas de Duarte y su familia y de la mayoría del
su gabinete. Desde su llegada al gobierno, Corral dejó a 90 elementos intactos
y el resto fue enviado a cumplir funciones operativas.
Como parte de sus investigaciones, refiere que los hijos de Duarte tenían también a su disposición dos
camionetas blindadas en la oficina de la representación del gobierno en la
Ciudad de México, entre otras prebendas.
Por si fuera poco, comenta que Duarte había acomodado a un grupo de su escolta personal como empleados del
Poder Judicial, cinco de los cuales fueron despedidos por el actual presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Julio César Jiménez
Castro.
En la anterior administración, todo mundo tenía custodia y
utilizaban indebidamente camionetas blindadas. A la fecha, detalla, se han recuperado 67 unidades que tenían a su
servicio funcionarios duartistas y sus familiares.
Pero no es todo.
Según Corral, con
Duarte se arrendaron también un número indeterminado de inmuebles, algunos de
los cuales fueron utilizados por sus ocupantes como oficinas privadas. Ello
ocurrió, por ejemplo, cuenta, con la Junta Municipal de Chihuahua, Nuevo Casas
Grandes y Juárez.
Como parte de su política de austeridad, el mandatario
dispuso A partir de ahora, no sólo dejará de arrendar oficinas, sino que
venderá propiedades y vehículos de los que puede prescindir sin afectar a la
ciudadanía, entre los que se encuentra la Casa de Gobierno que habitaron sus
antecesores José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte.
–Asignación irregular
de plazas laborales en el magisterio estatal.
En este punto, Corral
detectó que en los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) se
encontraron plazas que fueron otorgadas de manera irregular a personas
allegadas al líder sindical de la Sección 8.
“Hemos recuperado
plazas, adscripciones en Cobach, SEECH, Conalep, Institutos Tecnológicos; las
hemos orientado a trabajadores que realmente las merezcan y a otros les hemos
retirado plazas que se dieron por ejemplo en nivel medio superior con alto
sueldos, por influencias indica.
Y añade que también
se recuperaron inmuebles que se utilizaban de manera privada.
Otra anomalía nada
menor es, prosigue, la asignación irregular de contratos en que incurrió el
gobierno duartista.
De las indagatorias
realizadas a la fecha se sabe que 50% de los mil 700 proveedores que trabajaron
con la administración anterior obtuvieron contratos de manera fraudulenta, por
lo que Corral advierte de antemano que no se les pagarán los 2 mil millones de
pesos que pretenden cobrar ahora.
El gobernador dice que colaboradores
de Duarte crearon empresas en el rubro farmacéutico con el único propósito de auto-adjudicarse
contratos millonarios.
Además, refiere que
78% de las obras y contratos se asignaron de manera directa y de manera
inexplicable.
De igual forma se conoció que el Consejo de Administración
de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) suscribió acuerdos con Duarte para vender
una reserva territorial destinada a la vivienda con valor de 3 mil millones de
pesos.
Por este caso en
particular, la Fiscalía General recibió ya cuatro denuncias con la idea de
recuperar los terrenos vendidos a bajo costo y de manera irregular. “Se
habían otorgado a precio de ganga, eran ‘cochupos’ que se habían otorgado, en
los que se involucró directamente Duarte”, acusa Corral.
Limpia en dependencias.
Hasta ahora no todo
ha marchado bien en el gobierno de Corral: Empleados del gobierno estatal han
denunciado que en distintas dependencias se ha ratificado a servidores públicos
que formaron parte de la cadena de corrupción de Duarte, principalmente en
Desarrollo Rural, Salud y en la Fiscalía.
Al respecto, el
gobernador dice que si bien han hecho una depuración importante hasta ahora, no
ha podido actuar con la misma rapidez en otras áreas, en parte –explica– por la
propia complejidad del área y en parte por porque no todos los servidores
públicos son responsables de lo que hicieron los de arriba. “Estamos
teniendo cuidado para deslindar responsabilidad e identificar a los empleados
que participaron en dichos actos irregulares o, bien, que eran sometidos a
formar parte de esas estructuras”.
Abunda:
“Una estructura tan
grande no puede cambiar de la noche a la mañana. La información la hemos ido
recabando conforme avanza el gobierno”.
Corral reconoce que
la depuración en la Fiscalía General va a paso lento porque se trata de un área
complicada, compleja, debido a la infiltración de grupos delincuenciales.
“Desmontar eso debe hacerse con mucho cuidado para no poner en riesgo a
aquellos servidores públicos con vocación de servicio, comprometidos con su
tarea, subraya.
Transparencia.
En los primeros 100 días de su gestión, Corral ha repartido
su tiempo en poner en orden la casa y en reorientar y transparentar las
acciones de gobierno. Por ejemplo, subió
las plataformas digitales de publicidad oficial y comisiones oficiales a fin de
que la población sepa cuántos recursos se pagan a los medios de comunicación
por publicidad y a dónde van, qué hacen y que comisiones cumplen los
funcionarios.
Corral se va a los números: Afirma que Duarte gastó 480 millones de pesos en los primeros 100 días
de su administración, mientras que él sólo invirtió 12 millones en el mismo
periodo.
Luego de la
publicación de los convenios contraídos con medios de comunicación, Corral dice
que el paso siguiente es la regulación de publicidad oficial.
En el decreto de austeridad que presentó el pasado
miércoles, el mandatario incluyó varias medidas en materia de regulación, como la prohibición para contratar
publicidad que impuso a las dependencias y unidades de gobierno, salvo la de
Comunicación Social.
Además, no se
permitirá contratar a una tarifa que no sea comercial o menor a la comercial y
se va a distinguir entre la publicidad y la información. “Cuando queramos
presentar en algún impreso, una información, siempre señalaremos que es
inserción pagada de gobierno del estado, porque viene una prohibición absoluta
de contratar o comprar cobertura informativa. Sólo vamos a comprar publicidad”,
explica Corral en la entrevista.
Para impulsar y
dignificar la profesión periodística, el gobierno de Chihuahua destinará una
partida importante a apoyar proyectos periodísticos independientes, sin
condicionar línea editorial.
“Lo vamos a hacer
como lo hace el Estado español, que tiene por ley un sistema de ayudas a la
prensa, así le llaman allá, ayudas, pero en realidad son estímulos y reconocimientos
para que florezca la verdadera libertad de expresión y que los periodistas
puedan ser dueños de sus propios medios de comunicación. Aquí el gran problema
de medios es que los dueños son empresarios”.
En la entrevista, Corral habla luego de la decisión del
gobierno de Peña de aumentar los precios de las gasolinas y de las
repercusiones que tuvo la medida y que, en su caso particular, provocó que
echara mano del uso de la fuerza pública para contener la irritación social.
“El gasolinazo es la más dura prueba que hemos tenido en el
gobierno. No cuestionamos los fines, pero tenemos diferencias sobre los métodos
para enfrentar el gasolinazo y digo que es una prueba para la pluralidad porque es evidente que en las protestas se
fueron infiltrando otras fuerzas con el propósitos de hacernos tronar el
acuerdo fundamental”, justificó.
Según el mandatario estatal, las protestas sociales en
Chihuahua derivadas del gasolinazo tenían el propósito de minar su gobierno.
“Decían, ‘a ver vamos a poner a prueba a este gobierno plural y vamos a
obligarlo a que use la fuerza y nos macanee. Afortunadamente superamos la
prueba, creo, hasta ahorita, porque hemos podido encontrar una forma en la que
cada quien exprese con toda dignidad y toda propiedad su punto de vista”.
En su caso, dijo que encontró la comprensión de algunos
liderazgos que tienen afinidad con la agrupación Alianza Ciudadana y los
convencí de no resistir la acción de fuerza pública, que no tenía de otra para
hacerlo.
“Ese tipo de protestas, de manifestaciones, –toma de casetas
de peaje y oficinas estatales, así como de Pemex–, dice, causan más daño a la
gente que mover las fibras del gobierno”, sostiene.
A pesar de que el uso
de la fuerza pública dejó lesionados en algunos casos, Corral defiende su
proceder. “No nos dejaron otra salida, tenían bloqueado el tren por cinco días,
esa medida dañó mucho”, finaliza.
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