De cara a la tormenta.

Salvador Camarena.

Luego del gasolinazo, y ante la amenaza Trump, diversas entidades (INE), algunos estados (Jalisco, Ciudad de México) y el propio gobierno federal han anunciado, en los últimos días, medidas de austeridad.

Contra la idea –increíblemente propagada sobre todo por voceros oficiales y oficialista– de que por más que se recortara el gasto público no había manera de acercarse al monto que evitaría el gasolinazo (200 mil millones de pesos), el instrumentar medidas de ahorro en el gasto público tendría al menos cuatro consecuencias positivas:

-Manda la señal de que la clase política es sensible ante la tormenta que se aproxima.

-Obliga a las entidades a revisar su operación, es decir, también habría una señal hacia adentro de la administración pública de que el ajuste va en serio.

-Permite ahorros de cara a venideros, en cuestión de semanas, aumentos en los combustibles.

-Haría más rendidor el gasolinazo: la recaudación gubernamental por cada tanque significaría 'más recursos' si los compromisos, los gastos gubernamentales pues, son menores, así sea 'en unos cuantos' miles de millones de pesos. Dicho lo anterior, y subiéndome al #ustedesquéhubieranhecho, enlisto cosas que podrían hacer algunas instituciones para bajarle al gasto. Son apuntes sueltos, pero (creo) realistas:

Que las entidades federativas y el gobierno de la República suspendan las mal llamadas 'cortesías': ponen choferes-custodios a empresarios, figuras del show biz y por supuesto a funcionarios e incluso exfuncionarios. Esta medida debe incluir el publicar quiénes recibían esta 'prestación', y quiénes la seguirán recibiendo (así la ciudadanía puede medir el ahorro y la pertinencia del gasto que, en efecto, habrá que hacer en algunos funcionarios, en muy pocos, en los que esté justificado).

Cancelar la publicidad gubernamental en medios de comunicación de todo tipo. Todo tipo, toda entidad. Para emergencias climáticas, de protección civil o campañas y alertas de salud, los gobiernos usarán redes sociales y tiempos oficiales en radio y TV.

Que se cancelen todo tipo de seguro privado de salud a funcionarios de todos niveles y organismos: Corte, Cámaras, gobiernos. Todos.

Que se suspenda toda pensión vitalicia incondicional a exfuncionarios (Corte, jueces, banqueros gubernamentales, presidentes, etcétera): si ese exfuncionario consigue empleo (tipo Felipe Calderón) o se involucra en negocios, y los ingresos por ese concepto son iguales o mayores al 80 por ciento de su pensión, la misma queda suspendida de inmediato. Si vuelve a quedarse sin empleo, recupera su pensión.

Quedan prohibidos los vales de gasolina como prestación salarial. Sólo pueden ser utilizados como mecanismo para cumplir las funciones: a un policía se le da para sus rondines, a un legislador por qué diablos.

Las dependencias contarán con un sistema de logística para la movilidad de los funcionarios en diligencias específicas, pero NO con choferes y/o escoltas exclusivos para los mismos. Es decir, adiós a asignar guaruras de forma permanente.

Salvo las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, el procurador y el presidente de la República, todos los vuelos de los funcionarios se realizarán en líneas comerciales.

Los aguinaldos de la burocracia no serán mayores a los que establece la Ley Federal del Trabajo para asalariados de cualquier otro rubro.

Cero bonos al dejar un empleo en la administración pública: adiós a casos como el de Enrique Ochoa en la CFE.

Iluso. Imposible de llevar a cabo. No sabes cómo opera el gobierno. No ganarías más que cacahuates. La ley no es retroactiva... Todo eso se puede decir de apuntes como los anteriores y de otros similares.

Salvo que no estamos en tiempos normales: o cambiamos o todo el país será aquella ranita condenada por su inacción a morir a fuego lento.