Tras
varias críticas al Poder Judicial de la Federación, porque, a diferencia de
otros poderes e instituciones, no se había “ajustado el cinturón”, pese a tener
los más altos salarios y prestaciones de la burocracia, anunció la
devolución al erario de mil 900 millones de pesos, como parte de las acciones
de austeridad que implementará.
Dicho ahorro impactará,
principalmente, en el diferimiento de proyectos de obra pública no
prioritarios, así como en programas y gastos prescindibles.
En
principio se aplicará un programa extensivo de racionalización de los gastos de
viáticos y pasajes para todo el Poder Judicial, que incluye el Consejo de la
Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Además, se aplicará un programa de racionalización de la adquisición de bienes,
muebles e inmuebles, y se iniciará el proceso de devolución de ingresos
excedentes que no fueron utilizados.
Se
cancelará la ocupación de vacantes temporales en plazas jurisdiccionales que se
generen en el transcurso del año y habrá una racionalización de gastos de
ceremonial y difusión.
“Las medidas de austeridad que
habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias
para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del
Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales
establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia
mediante la creación indispensable de Centros Federales de Justicia Penal,
juzgados y tribunales”, dijo en su comunicación.
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