El gobernador de Campeche: ¿enriquecimiento ilícito?

Un ascenso rápido en el patrimonio del gobernador de Campeche debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito.

Entre marzo y junio de 2015, los Duartes ya llevaban años saqueando las arcas de sus estados, pero los escándalos de corrupción no explotaban todavía. Procesos electorales se desarrollaban, pero pocos eran los candidatos que transparentaban su patrimonio y sus intereses en la plataforma 3 de 3, de la cual derivaría una iniciativa ciudadana que un año después marcaría la agenda legislativa evidenciando las resistencias en el Congreso de la Unión a dar pasos contundentes en la lucha contra la corrupción.

Entre la renovación de la Cámara de Diputados y las elecciones para gobernador en estados como Michoacán, Guerrero, Sonora y Nuevo León, hubo poca atención mediática el proceso electoral que se desarrollaba en el estado de Campeche que ganó “Alito”, como se le conoce a Alejandro Moreno Cárdenas, entonces candidato del PRI.

Mucho se decía del joven abanderado y sus “hazañas” para crecer en su carrera política en tan pocos años. “Alito” había sido Diputado Federal de 2003 a 2006; Senador de la República de 2006 a 2012; y nuevamente Diputado Federal de 2012 a 2015, antes de dejar su curul para contender por la gubernatura de su estado natal. De su trayectoria política da cuenta el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (SIL), así como, en campaña, lo hizo el propio priísta en su propio sitio web (alejandromoreno.com).

El SIL, además de reportar la información del perfil legislativo de diputados y senadores, también contiene información sobre su trayectoria académica. En el caso de Alito, desde 2003, en su primer paso por la Cámara de Diputados, su ficha en el sistema lo presenta como Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. Su sitio web y el del PRI también lo ostentaron con ese título académico entre marzo y abril de 2015. Sin embargo, a pesar de que sus tres fichas en el SIL mantienen la información sobre su supuesta alma mater, su cédula profesional (la 7179397) lo identifica como abogado por el Instituto de Estudios Superiores Rene Descartes de Campeche hasta 2011. La propia copia del Certificado de Estudios de Alito en dicha institución, da cuenta del paso del hoy gobernador por la misma, entre 2004 y 2007.

Pero la probable usurpación de profesión no es lo único que ensombrece al gobernador de Campeche. Durante la campaña a gobernador, Alito reportó en su página web (aún disponible y consultada el 17 de enero de 2017) la propiedad de 19 bienes inmuebles en la capital del Estado, de las cuales al menos 10 forman parte de una calle privada en el Fraccionamiento Lomas del Castillo; además de, entre otros inmuebles, un “área de reserva” en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Campeche.

A la extraña riqueza patrimonial declarada por un político que en su biografía, además de sus puestos legislativos, solo se le conocen otros menores en el propio PRI, antes de su primera diputación en 2003, se suma lo reportado por él mismo, en las declaraciones patrimonial y de intereses que entregó al IMCO y a Transparencia Mexicana, disponibles en la página web de la iniciativa 3 de 3. Los documentos firmados por Moreno Cárdenas provocan cuestionar si el actual mandatario de Campeche se enriqueció ilícitamente.

En su declaración patrimonial, “Alito” solo reconoce la propiedad de 15 terrenos y predios en construcción (y no los 19 que su sitio web reporta) que suman más de 48 mil metros cuadrados de superficie, con un valor superior a los 6.5 millones de pesos; todos adquiridos de contado entre 2012 y 2014, en sus primeros 2 años como diputado federal de la LXII Legislatura, actividad por la cual reportó ingresos anuales por 1 millón 184 mil pesos, por lo que los bienes adquiridos representan un valor de casi el 300% de sus ingresos como legislador. Además, “Alito” no reporta haber realizado alguna otra actividad comercial, financiera o de servicios profesionales en todo el año 2014, pero sí un ingreso “por otras actividades”, por más de 4 millones de pesos.

En su declaración de intereses, asegura no contar con participación accionaria propia en ninguna sociedad; reporta la de su padre en una empresa de “compra y venta de equipo industrial”; y reconoce una obligación financiera de 13 millones de pesos, adquirida con un particular a través de un par de convenios “con opción a adquisición respecto al proyecto de construcción de construcción del contrato de asociación de 2014”. Asimismo, Alito declara (sin especificar montos) que sus 15 inmuebles le generan ingresos y no reporta patrocinio o donativo alguno que pudiera sustentar los más de 4 millones de pesos de ingresos en 2014.

No es ociosa la correlación entre lo declarado por un gobernador a la iniciativa 3 de 3, lo reportado (contradictoriamente) en su sitio web durante campaña y los antecedentes de engaño al mentir sobre aspectos importantes de su formación académica. La deshonestidad y el enriquecimiento de funcionarios que desempeñan el servicio público en instituciones que en sí mismas son opacas al administrar miles de millones de pesos anualmente, son elementos que mucho aportan a la crisis por la que atraviesa el país.

El Sistema Nacional Anticorrupción enfrentará retos en su implementación, además de los impuestos por la clase política en cada intento por designar a personajes que puedan garantizarles impunidad. Hoy más que nunca, es importante hacer todas las preguntas y dar todo el seguimiento comprometido a la información que ha derivado de ejercicios ciudadanos como la iniciativa 3 de 3. Hacerlo con el abanico de dudas que generan las declaraciones del gobernador de Campeche puede ser un buen ejercicio. El delito de enriquecimiento ilícito es sancionado hasta con 14 años de prisión, pena que quedó en la reforma que, al Código Penal Federal, hizo la promulgación de las Leyes Anticorrupción, además de muchas otras cosas como la creación de nuevos delitos como el de enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés, para los servidores públicos que falten a la veracidad en sus declaraciones patrimonial o de intereses.

Que la cultura de la lucha contra la corrupción llegue con la entrada en vigor de las nuevas leyes e instituciones, depende de las muchas preguntas y exigencias de transparencia que deben hacerse permanentemente a quienes reciben o administran recursos públicos. No hay necesidad de esperar a que sean escándalos que hablen de cientos o miles de millones de pesos.