Paulo Díez, abogado de la empresa Infraiber, presentó una
denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se
investigue al presidente Enrique Peña Nieto, a quien señala de encabezar una
red de funcionarios públicos para proteger a la constructora española OHL e
impedir la instalación, operación y mantenimiento de un sistema de medición de
aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
“Los hechos que denuncio agravian a todos los mexicanos y al
suscrito, pues puede tratarse de una auténtica conspiración de Estado llevada a
cabo por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”, señala la denuncia
presentada el pasado 6 de enero, de la cual Aristegui Noticias tiene copia.
En su alegato, Paulo Díez solicitó que el titular de la PGR,
Raúl Cervantes, se excuse de encabezar la investigación en contra de Peña
Nieto.
El abogado señala que los hechos denunciados están
directamente relacionados con la detención ilegal que sufrió el 7 de septiembre
de 2015, por parte de agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando le
“sembraron” un arma de fuego en su automóvil, durante una dilgencia
ministerial. La PGR liberó al abogado después de pagar una fianza de 60 mil.
Más tarde, Aristegui Noticias difundió el video de una
cámara privada de seguridad en la que se exhibía cómo uno de los agentes se
inclinaba al interior del auto y arrojaba algo en su interior. El policía se
excusó diciendo que había sufrido una “lesión en la espalda”.
Un día después de la detención de Paulo Díez, el 8 de
septiembre de 2015, este medio difundió los audios de dos conversaciones entre
el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y
funcionarios de OHL.
La primera llamada ocurrió entre Ruiz Esparza y Pablo Wallentin,
ex director de relaciones institucionales de OHL México, y ocurrió el 6 de
abril de 2015.
La segunda conversación se dio un día después de una reunión
privada entre Peña Nieto, OHL y Ruiz Esparza, el 7 de abril de 2015. En ella
hablaban el mismo Wallentin y José Andrés de Oteyza, entonces presidente de
administración de OHL México, y daban cuenta de que Ruiz Esparza mentía ante el
presidente.
En el mismo audio, de Oteyza expresa su preocupación por que
Infraiber puede ser un gran problema para el gobierno y OHL.
Desde 2015, Díez y la
empresa han denunciado que OHL y el Gobierno del Estado de México operaron de
manera conjunta para retirarle el contrato de un sistema independiente de
verificación vehicular (SIVA) para el Viaducto Bicentenario y el Circuito
Interior Mexiquense.
Dicho sistema resulta
indispensable para saber cuándo quedará cubierto el pago de la concesión de
ambas vías.
En su denuncia, Paulo
Díez recordó que el 18 y 24 de octubre del año pasado, presentó dos denuncias
ante la PGR en contra de Ruiz Esparza, en ambos casos por protección y posible
corrupción a favor de OHL.
“En pocas palabras: por instrucciones del Presidente Enrique
Peña Nieto, el Secretario Ruiz Esparza regañó al Gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila, y lo instruye para que ‘se le quite” a Infraiber el
contrato celebrado con el Gobierno del Estado de México para la instalación,
operación y mantenimiento del SIVA”, dice el documento entregado a la PGR.
El objetivo de todo
el entramado, a juicio de Díez, es “dañar a Infraiber (…) y proteger y seguir
beneficiando ilegal e indebidamente a OHL y sus socios”.
Aristegui Noticias dio cuenta también de que en la
construcción del Viaducto Bicentenario, el Gobierno del Estado de México y OHL
compraron una máquina de barreras móviles a una empresa propiedad de un
compadre de Peña Nieto, Roberto San Román, quien pertenece a la familia que
vendió una casa de Ixtapan de la Sal al presidente. La compra de la máquina se
habría realizado a un sobreprecio.
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