Texto: Raúl Olmos y Valeria Durán/ Mexicanos contra la
Corrupción
Pedro Joaquín
Coldwell, el secretario de Energía en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, han
acaparado la venta de gasolinas y diésel en la isla de Cozumel desde 1994 y
junto con sus hijos y una hermana cuentan con un grupo de gasolineras en la Riviera
Maya, dos de las cuales recientemente fueron clausuradas por vender litros
incompletos y alterar las bombas.
En Cozumel –una isla del caribe mexicano- hay sólo cinco
expendios de gasolina y diésel para abastecer a 35 mil motocicletas y 20 mil
autos, camiones y camionetas. En cuatro
de ellas el nombre del actual Secretario de Energía aparece como uno de los
accionistas.
Joaquín Coldwell
junto con sus hijos Nassim y Óscar son los dueños de las gasolineras Caleta,
San Miguel, Servicio Cozumel y Servicios Juárez. Pero su negocio más importante
ha sido la Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, una terminal de Pemex con
capacidad de almacenar 750 mil litros de gasolina magna, 300 mil de Premium,
300 mil de diésel y 500 mil de hidrocarburos para embarcaciones, según consta
en el registro público de la propiedad de Quintana Roo.
Esa terminal ha
surtido a todas las gasolineras de la isla, pero además abastece a las
embarcaciones comerciales y turísticas con diésel marino. El negocio es
redituable. Cozumel, junto con Ensenada –Baja California- y Mahahual –otra
playa de la Riviera Maya- han sido los puntos que reciben mayor número de
cruceros en todo el país; alrededor de 529 al año, con una afluencia de 4
millones personas de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo.
Por ejemplo, en el 2015, el entonces alcalde de Cozumel
Fredy Marrufo presumió que ese año fue redondo en materia de turismo, como
nunca antes, no sólo por el número de cruceros, sino también por los visitantes
generados en el marco de convenciones y actividades deportivas como el Mundial
de Clavados de Altura así como el Mundial de Natación en Aguas Abiertas.
Manipulan bombas.
Ahí, en esa isla, una
gasolinera propiedad del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, fue
castigada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de surtir litros
incompletos en todas sus bombas expendedoras.
En una revisión
realizada el 15 de abril de 2016, la PROFECO descubrió manipulación en todas
las bombas de la gasolinera denominada Combustibles Caleta SA de CV, de la que
el funcionario federal es accionista junto con sus hijos.
En esa estación de servicio, ubicada en la zona hotelera de
Cozumel, Quintana Roo, fueron inmovilizadas con sellos de clausura las 16
bombas expendedoras de gasolina, según los reportes oficiales consultados por
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
No hay manera de saber
desde cuándo se vendían litros de gasolina o diésel incompletos. Lo que sí está
confirmado, por medio de registros públicos, fue que la franquicia de Coldwell
y sus hijos fue sorprendida en esa práctica ilegal cinco meses antes de que la
secretaría de Hacienda propusiera al Congreso de la Unión adelantar al 1 de
enero de 2017 la liberalización de los precios de las gasolinas, en vez de 2018
como estaba previsto.
Pedro Joaquín
Coldwell es la cabeza del sector energético en México. Como secretario de Energía
en el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha tenido acceso a información
privilegiada del negocio de los hidrocarburos.
Otra gasolinera, denominada Combustibles y Servicios
Quintana Roo SA de CV, propiedad de una hermana del Secretario de Energía, también fue sorprendida vendiendo litros
incompletos, en dos revisiones que hizo la PROFECO en mayo de 2015 y marzo de
2016.
En este segundo expendio, ubicado en la carretera
Cancún-Playa del Carmen –en la Riviera Maya- la PROFECO inmovilizó seis bombas expendedoras. A diferencia de la
primera en Cozumel, el secretario de Energía no es accionista.
En entrevista con Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, Pedro Joaquín Coldwell aseguró que no tiene injerencia en la
administración de las cuatro gasolineras y una planta de distribución de
combustibles en las que es socio en Cozumel, por lo que dijo desconocer las irregularidades detectadas por la
PROFECO en una de las estaciones.
Pedro Joaquín Coldwell. Negó haber intervenido para que la
Comisión Reguladora de Energía agilizara la renovación de permisos a sus
gasolineras, y por cualquier duda que pudiera surgir sobre su participación en
el negocio de los hidrocarburos, anticipó que iniciará un procedimiento para
transferir todas sus acciones a un fideicomiso.
La tarde del lunes 9
dijo en entrevista telefónica que no tenía información sobre la sanción de
PROFECO. Horas después, informó que de acuerdo con sus abogados la multa fue
indebida porque la autoridad les pedía contar con un aparato en las bombas que
sólo correspondía a los modelos posteriores al año 2011. Según él, la sanción
está en proceso de revisión.
El titular de la
PROFECO, Ernesto Nemer, reconoció que la sanción fue impugnada por la familia
Coldwell.
Reabren, aunque ameritaría cárcel.
La Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de
combustibles, establece sanciones de entre 2 y 15 días de clausura así como
multas de 50 mil a 460 mil pesos –entre 2 mil y 21 mil dólares según el tipo de
cambio actual- por cada bomba detectada
con anomalías.
Para la PROFECO una
vez cubierta la sanción, la gasolinera puede reabrir. No hay revisiones
posteriores dados los antecedentes. Esto fue lo que ocurrió con los dos
establecimientos de los hermanos Joaquín Coldwell. Actualmente, despachan con
normalidad. En Cozumel, la isla acaparada por el secretario de Energía, hay
alrededor de 86 mil 45 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
No obstante, el marco legal de la PROFECO no es el único que
ha regulado estas actividades. El 12
enero del 2016, se lanzó una nueva ley federal de delitos cometidos con
hidrocarburos, en cual se endurecieron los castigos a quienes vendan litros
incompletos. En su artículo 16 se
incluyó un castigo de 3 a 6 años de cárcel y multa de 3 mil a 6 mil días de
salario mínimo (de 240 mil a 480 mil pesos), a quienes suministren gasolinas o
diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5%
a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición.
Además, el artículo
17 de la citada Ley Federal establece una pena de 10 a 18 años de prisión así
como multa de 10 mil a 18 mil días de salario mínimo (800 mil a un millón 440
mil pesos) “a quien altere los sistemas de medición (de hidrocarburos) en
posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o
distribuidores, con conocimiento que producirá un daño o afectación a la normal
operación de los mismos”.
En el caso de la gasolinera de Pedro Joaquín Coldwell, la PROFECO determinó que las 16 bombas
fueron alteradas electrónicamente.
“La bomba ha sido
manipulada y cuenta con componentes ajenos a los aprobados”, estableció la
PROFECO como causal de la clausura.
“El sistema de
despacho de combustible o dispensario, no debe contar con elementos o
dispositivos ajenos a los aprobados, respetándose el diseño original del
fabricante que haya sido sometido a valoración y dictamen en un laboratorio
autorizado (CENAM) y aprobado por la autoridad correspondiente”, añadió el
reporte.
La multa que debió
cubrir Pedro Joaquín Coldwell fue de entre 50 mil y 460 mil pesos por cada
bomba, es decir, de 800 mil hasta 7 millones de pesos por las 16 bombas
inmovilizadas (unos 325 mil dólares).
En su reporte de anomalías, la PROFECO NO precisó el monto que pagó la gasolinera del funcionario
federal cuyo sueldo libre de impuestos es de 141 mil pesos. Si por ejemplo
él usara sólo sus ingresos en el Gobierno para pagar la multa, le hubiera
representado cuando menos 5.6 veces su salario mensual y casi 50 veces más en
el tope máximo.
Combustibles Caleta SA de CV –el nombre de la gasolinera
sancionada- fue creada el 19 de noviembre de 2001, con un capital de 100 mil
pesos, de los cuales el 20% correspondían a Pedro Joaquín Coldwell, el 40% a
sus dos hijos y el resto a su papá y a un sobrino.
En diciembre de 2004 incrementó su capital fijo a 3 millones
de pesos, y dos años después se aumentó a 9 millones.
En agosto del año pasado, los socios aprobaron eliminar la
figura de administrador general de la empresa, por un consejo que preside
Nassim Joaquín Delbouis, hijo del Secretario de Energía.
La gasolinera, ubicada en el kilómetro 4.2 de la Costera Sur
de Cozumel, tiene actualmente funcionando sólo 12 de sus 16 mangueras, por
falta de personal.
Las irregularidades
de esta franquicia fueron castigadas por la PROFECO en abril del año 2016, es
decir, cuatro meses después de que se pusieran en vigor las sanciones más
duras, ya previstas en la nueva ley federal de delitos cometidos con
hidrocarburos. No obstante, no hay información pública disponible sobre por qué
no se le aplicó al actual secretario de Energía.
Monopolio en Cozumel.
El Secretario de Energía acapara la distribución de
combustible en la isla, pues junto con sus hijos Nassim y Óscar es dueño de las
gasolineras Caleta, San Miguel, Servicio Cozumel y Servicios Juárez.
Además, en consultas realizadas en el Registro Público del
Comercio de Quintana Roo se constató que Pedro Joaquín Coldwell es dueño de la
empresa Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, una terminal de hidrocarburos
de PEMEX con capacidad de almacenar un millón 850 mil litros de gasolina y
diésel.
Esa terminal surte a todas las gasolineras de Cozumel, pero
además abastece de diésel a las embarcaciones comerciales y turísticas que
llegan a la isla.
Planta de Combustible
Cozumel SA de CV fue creada por Pedro Joaquín Coldwell el 1 de febrero de 1994,
justo mes y medio después de haber dejado la Secretaría de Turismo, cargo
que desempeñó del 5 de enero de 1990 al 14 de diciembre de 1993, durante la
Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
La distribuidora de
PEMEX en Cozumel, que actualmente administran los hijos del Secretario de
Energía, tenía originalmente sus instalaciones entre los muelles de
cruceros y Punta Langosta, considerada la zona de mayor afluencia turística.
Hace diez años se reubicó la planta a sus actuales instalaciones, en la Ciudad
Industrial de Cozumel, junto a la cárcel de la isla.
En una asamblea realizada en febrero de 2007, se amplió el
capital fijo de la planta a 15 millones de pesos y Pedro Joaquín Coldwell
conservó el 40% de las acciones.
El Secretario de Energía también era dueño de otra
distribuidora en Cozumel, de nombre Combustibles Tatich SA de CV, pero en una
asamblea extraordinaria realizada en agosto de 2015, el funcionario federal
donó sus acciones a sus hijos.
‘Son dueños de todo el negocio’
Los taxistas de
Cozumel no mostraron sorpresa cuando se les preguntó si sabían quién manejaba
las gasolineras de Cozumel.
“Los Coldwell son
dueños de todo el negocio. Yo me mudé a Cozumel hace 40 años y ya tenían una
gasolinera. Ahora ya tienen hasta una planta que les suministra la gasolina. No
le pierden”, dijo un taxista que prefirió no dar su nombre.
La razón por la que
aceptan hablar tras el anonimato es simple para ellos: “Este señor tiene a toda
su familia aquí. Si uno habla en su contra, al rato ya no nos surten gasolina.
Pasan el nombre y el número de unidad y ya no nos cargan de gas y pues como son
los dueños de todas, pues en ninguna nos van a querer vender”, mencionó uno
de ellos.
La única gasolinera de la isla que no figura a nombre de la
familia Joaquín Coldwell es la estación 11504, cuya razón social es
Inmobiliaria Ostuni SA de CV, establecida en 2011. En una consulta en el
Registro Público aparecen como únicos dueños Juan Manuel Albino Carrillo, con
49 mil 999 acciones y Miriam Nohemí Vela López con una acción.
El aparente dueño mayoritario de la gasolinera es un
contador público egresado de la Universidad de Guanajuato, que trabaja en
Querétaro para un despacho contable.
Litros incompletos.
En la gasolinera Combustibles y Servicios Quintana Roo SA de
CV, en la que es accionista y administradora única Addy Cecilia Joaquín
Coldwell, los inspectores de la PROFECO inmovilizaron seis bombas expendedoras,
en dos verificaciones que realizaron en 2015 y 2016.
En una primera visita, realizada el 9 de mayo de 2015, los
inspectores de PROFECO verificaron 18 bombas e inmovilizaron cinco con sellos
de clausura, al haber detectado distintas irregularidades.
En una bomba la anomalía detectada se denomina “Error máximo
tolerado”, que consiste en que el consumidor recibe menos combustible del que
aparece en el sistema de despacho.
De acuerdo con lo establecido por la norma oficial, la
tolerancia de diferencia para 20 litros despachados, debe ser de máximo 100
mililitros.
Es decir, la PROFECO
tolera sin sanción que las gasolineras expendan hasta 0.5% menos combustible.
Un porcentaje mayor amerita la clausura y multas, como ocurrió en 2015 con una
bomba en la gasolinera de la hermana del Secretario de Energía, ubicada en la
carretera a Playa del Carmen, en Cancún.
En otras cuatro
bombas de la misma gasolinera, la irregularidad detectada por PROFECO se llama
“Error de repetibilidad”, y consiste en la dispersión de las mediciones
obtenidas al realizar 3 despachos de combustible.
El margen de dispersión entre los resultados obtenidos en un
despacho de 20 litros -según la norma- no debe ser mayor de 60 mililitros
(equivalente al 0.3%).
Además, una bomba tenía falla doble, pues también fue reportada
con “deficiencias evidentes”, no apta para su uso por presentar desperfectos,
piezas sueltas u otras fallas.
En una segunda revisión realizada el 7 de marzo de 2016, la
PROFECO volvió a clausurar una bomba en la gasolinera de la hermana del
Secretario de Energía, por volver a presentar “error de repetibilidad”.
Addy Cecilia Joaquín
Coldwell fue legisladora en forma consecutiva de 1997 al año 2009.
De 1997 al año 2000
fue diputada federal por el PRI; luego, del 2000 al 2006 fue senadora por el
mismo partido.
En el año 2005 se separó del PRI y se lanzó como candidata a
gobernadora de Quintana Roo por la Coalición Todos Somos Quintana Roo
(PAN-Convergencia), contienda en la que quedó en tercer lugar con el 22% de los
votos.
En 2006 fue designada diputada federal plurinominal por el
PAN, cargo que desempeñó hasta 2009.
También la familia del Presidente.
Entre las gasolineras
que el año pasado fueron sancionadas por vender litros incompletos están tres
que pertenecen a la familia de Enrique Peña Nieto.
Se trata de las
estaciones de servicio 4983, 8246 y 11253, ubicadas en Atlacomulco, las cuales
son operadas por las empresas Inmobiliaria Hemajo y Servicios Ata SA de CV.
Los accionistas de
ambas empresas son Mayolo del Mazo Alcántara y Mayolo Rodrigo del Mazo del
Mazo, tío y primo en segundo grado respectivamente del Presidente de México.
El 18 de mayo de 2016, los inspectores de la PROFECO
inmovilizaron con sellos dos bombas en la estación 11253, ubicada en la
carretera Atlacomulco-El Oro, kilómetro 8.
Las causales de la
clausura fueron que se detectó “Error máximo tolerado” en una bomba y “Error de
repetibilidad” en otra. Las dos irregularidades significan que vendían litros
incompletos.
El mismo error fue detectado dos meses después, también en
dos bombas, en otra visita de inspección realizada a la estación 8246, ubicada
en libramiento Jorge Jiménez 1098, en Atlacomulco.
Esta misma estación
ya había sido sancionada en diciembre de 2014, cuando PROFECO detectó
irregularidades en tres bombas, que ameritaron la clausura parcial.
La estación 4983 –también propiedad de la familia paterna
del Presidente- ubicada en el bulevar Isidro Fabela Sur 600, fue sancionada
porque en una visita realizada en mayo del año pasado, se detectó una bomba con
errores o dispersión en el despacho de combustible.
El titular de PROFECO
se auto-revisa.
Ernesto Nemer Álvarez
es el funcionario federal responsable de verificar que las gasolineras del País
vendan litros completos, aunque su familia está metida en el negocio.
Los hijos del titular
de la PROFECO son accionistas de la estación de servicio 8640, que tiene la
razón social ECV, SA de CV, ubicada en la vialidad Toluca-Naucalpan 732, en la
colonia San Mateo Otzacatipan, en la capital del Estado de México.
Nemer fue nombrado Procurador Federal del Consumidor el 1 de
marzo de 2016, y desde entonces los empleados a su cargo han acudido a realizar
dos visitas de inspección a la gasolinera que él mismo fundó con sus hijos y su
esposa.
El 20 de mayo de 2016
– a los dos meses de haber asumido la titularidad de PROFECO- se realizó la
primera verificación a 16 máquinas expendedoras de combustible. Hubo cero
bombas inmovilizadas o sancionadas porque no se encontraron irregularidades.
Sus inspectores de
PROFECO volvieron a verificar la gasolinera el 15 de noviembre de 2016, y de
nuevo ninguna manguera fue inmovilizada.
La gasolinera la creó en 2006 en sociedad con Carolina
Monroy del Mazo, diputada federal, secretaria general del PRI y prima del
Presidente Enrique Peña Nieto, constató Mexicanos contra la Corrupción en
consultas realizadas en el Registro Público.
Su gasolinera ECV lleva la primera letra de sus hijos
Ernesto, Carolina y Verónica, quienes también son socios minoritarios de la empresa.
El director de PROFECO reconoció haber sido dueño de la
gasolinera, la que fundó en el año 2006 con el 75% del capital.nemerErnesto
Nemer, titular de Profeco, aseguró que en enero de 2016 cedió sus acciones a su
entonces esposa Carolina Monroy -secretaria general del PRI-, aunque según un
documento que presentó, esa operación la formalizó ante el notario Jorge Valdés
Ramírez hasta el 1 de marzo, el mismo día que fue nombrado titular de la
PROFECO por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Ese trámite no aparece en los movimientos reportados por el
Instituto de la Función Registral del Estado de México al sistema del Registro
Público de Comercio.
La diputada Carolina Monroy y los hijos de Nemer son los
actuales dueños de la gasolinera ECV.
Permisos exprés a funcionarios.
Con la reforma energética, todas las gasolineras del país
debieron tramitar un nuevo permiso ante la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), que es ahora la autoridad competente para la comercialización de
hidrocarburos.
Las gasolineras del
Secretario de Energía presentaron su solicitud de permiso el 9 y 10 de
septiembre de 2015, y el pleno de la CRE se los otorgó el 1 de octubre del
mismo año, es decir, en menos de un mes. Ese documento es indispensable para
vender combustible, en el nuevo entorno de abierta competencia.
Pero todavía más
rápido fue el trámite a favor de la gasolinera del Procurador Federal del
Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, pues su solicitud la presentó ya casi en el
límite del plazo el 30 de noviembre de 2015, y el permiso definitivo se lo
otorgó la CRE a los tres días.
En contraste, hubo
empresarios que tuvieron que esperar hasta tres meses para obtener el permiso.
Por ejemplo, según
las bases de datos de la CRE, el Grupo Gasolinero Romcal de Coahuila, Grupo
Octano en Nayarit, Grupo Empresarial Cachanilla de Baja California y
Multiservicios La Pilarica en Sinaloa, iniciaron el trámite en mayo de 2015 y
el permiso a sus gasolineras se les otorgó hasta agosto.
El pasado sábado 7 de enero, el secretario de Energía dijo a los mexicanos que nos debemos
“acostumbrar” a que no haya un precio único en las gasolinas, sino muchos
precios regionales y que éstos serán oscilantes.
Ese mismo día, Joaquín Coldwell dijo lo siguiente ante ola
de protestas por la liberación de los precios en esos combustibles: “Hay un
clima preelectoral muy fuerte en el país y sí se nota que hay interés político
de todos en sacar partido de esta situación que estamos pasando”. Él y su familia han aprovechado que los
permisos de venta de combustible puedan refrendarse a servidores públicos,
incluso cuando trabajen para el sector energético.
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