Hace varios meses a
Marcela Orozco sufrió el secuestro de un hijo en el municipio de Medellín de
Bravo, a unos 20 minutos del puerto jarocho. Se pagó un rescate, pero los
delincuentes no cumplieron y desde entonces se desconoce el paradero del joven.
Ese día también perdió a su hijo menor, quien murió a manos de la misma banda
de secuestradores, a penas lo sepultó, tomó el exilio y ahora no puede regresar
a su hogar.
A Sandra Cortaza le
secuestraron a su esposo e hijo. Un grupo de pistoleros los sustrajo con
violencia una noche de 2014 en Cosoleacaque, a unos 30 kilómetros del puerto de
Coatzacoalcos. Tras varios intentos fallidos por ver de vuelta a sus
familiares, ella se exilió para salvar la vida. Permaneció escondida durante un
año, y al regresar a Cosoleacaque, su casa estaba ocupada por desconocidos que
se niega a salirse. Ahora, en una casita que logró construir sobre un pantano,
de madera y lámina de cartón, que se inunda cuando llueve, pasa los días a la
espera de justicia. En la miseria.
Una hermana de
Rodrigo Hurtado García fue víctima de privación de la libertad en el puerto de
Veracruz. Vejado y amenazado, se desplazó al DF en busca del apoyo de las
autoridades federales pero hay “veces en que no tengo ni para comer, el apoyo
de la SEGOB es insuficiente y además indignante”.
Marcela, Sandra y
Rodrigo son veracruzanos. No se conocen pero se duelen del mismo dolor:
tuvieron que abandonar sus lugares de origen después de que algún familiar
sufrió un hecho de violencia en el estado de Veracruz, uno de los más
golpeados por la violencia generada por las pugnas entre grupos delincuenciales
y la colusión de sus autoridades con diferentes facciones de la mafia.
Los tres representan
el drama detrás de los casos de desaparecidos en Veracruz, el de los familiares
que se quedan a la búsqueda y en algunas situaciones deben recurrir al
desplazamiento porque la amenaza no termina con la desaparición del ser
querido. En numerosas ocasiones, el riesgo queda ahí, latente, por si a los
seres queridos se les ocurre exigir justicia, o en un derroche de impunidad,
los delincuentes, coludidos con autoridades, buscan aplastarlos y arrebatar el
último reducto de esperanza y dignidad.
ABANDONADO.
En junio de 2015, Rodrigo Hurtado García sufrió la privación
ilegal de la libertad de su hermana, Nallely, de 23 años. La joven resultó
sustraída en su domicilio y en donde Rodrigo contaba con un negocio de
cibercafé en el infonavit Los Volcanes, de Veracruz-puerto. Sujetos armados
irrumpieron con violencia, saquearon y destruyeron el negocio, desde donde
además Rodrigo era colaborador de campañas del Partido Acción Nacional (PAN).
Desde ese negocio se operaban las cuentas de redes sociales “Guerracruz” y
“Veracruz en Red”.
En las dos cuentas se abonaban contenidos altamente
“virales” contra las acciones de Javier Duarte de Ochoa y eran benévolas con
los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que en esas fechas
contendieron por diputaciones locales y el gobierno del estado en alianza con
el PRD.
El 14 de junio de 2016, el grupo de pistoleros ingresó por
la fuerza al negocio citado y se llevó a Nallely Hurtado García , entonces,
comenzó el drama de Rodrigo Hurtado, quien días previos había recibido amenazas
virtuales porque era señalado, además, de ser autor del espacio conocido como
Notinfomex.com, desde donde se dan a conocer informaciones relacionadas con la
delincuencia organizada, con especial énfasis sobre los supuestos abusos del
Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la página ha sido menos tendiente a
documentar y exponer los atropellos cometidos por la fracción de Los Zetas
cuando fueron dejados operar a sus anchas en el sexenio de Fidel Herrera
Beltrán.
En medio de dos frentes Rodrigo Hurtado García no supo por
dónde vino la agresión a su hermana, y que tras denunciar los hechos, él mismo
terminó siendo “levantado” por el mismo grupo de sujetos sospechosos, y pasó
varias horas privado de la libertad. Tras la presión en redes sociales y de
integrantes del PAN, el fiscal general en ese entonces, Luis Ángel Bravo
Contreras, logró recuperarlos con vida, pero golpeados.
Después de
recuperarse, Rodrigo Hurtado García se exilió en Distrito Federal. Apoyado por
algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, consiguió un recurso
mínimo por parte de la Secretaría de Gobernación, “que no es un apoyo en
efectivo, sólo se trata de una despensa equivalente a 500 pesos”. La misma
debería servir para una quincena pero únicamente rinde cuatro o cinco días. En
la capital del país vive desde entonces, sin tener éxito para conseguir empleo,
“he tenido que recurrir al empleo informal, “vendí todas mis cosas, las que sobraron
y no se llevaron los malandros. De mi negocio no me queda nada. He empeñado y
vendido hasta lo último”. Ante la
desventura en el DF, teme regresar a Veracruz.
Rodrigo y su hermana regresaron de un viaje del cual, por lo
regular, no se retorna con vida o para ser visto de nuevo por los familiares.
Cientos de mujeres integradas en colectivos de búsqueda de personas, lo saben y
lo padecen desde mediados del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Nunca han
vuelto a ver a los suyos. No en el Veracruz con más niveles de violencia que
Tamaulipas, según datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), cuyos reportes sobre homicidios dolosos en 2016
hablan de mil 126 víctimas, y secuestros, 115, con lo que estaría ocupando el
segundo lugar nacional, únicamente superado por el Estado de México.
SIN CASA Y SIN FAMILIARES
Sandra Cortaza vive en una casa de madera y cartón, unas
cuantas paredes de ladrillo, y un piso firme de la SEDESOL. Es un espacio
oscuro, húmedo, construido con desechos, y que cuando llueve con fuerza, se va
a pique. “Acá tenemos que estar sacando el agua porque se nos inunda”, cuando
describe los aguaceros, no puede evitar soltar las lágrimas.
Antes de esto, ella habitaba una mejor casa en Cosoleacaque,
la cual tuvo que abandonar el 4 de enero del 2014, cuando sujetos armados la
allanaron y se llevaron a su esposo e hijo, Jorge Villaseca Hernández y José
Eduardo Velásquez Cortaza, de 21. Durante un mes, aproximadamente, recibió
diversas amenazas para pagar el rescate de ambos. Vendió todas sus
pertenencias, pidió prestado y quedó en deuda de por vida, aportó todas las
demandas de los delincuentes, pero sus seres queridos jamás regresaron y las
amenazas de que no denunciara, seguían. Ella
se marchó de Veracruz por más de un año para resguardar a los demás integrantes
de su familia. Pasó el tiempo trabajando en el Caribe mexicano, en el comercio
y viviendo en condiciones precarias por la falta de dinero.
Desde ese sitio, tomaba fuerzas para regresar a Veracruz a
exigir justicia y seguir buscando a sus familiares. Valía la pena soportar, se
decía. El contar con un patrimonio seguro en su natal Cosoleacaque le daba
ánimos, los cuales se vinieron abajo apenas llegó a donde era su casa, coche en
el patio y una familia distinta ocupándola.
Cuando pidió
explicaciones sólo encontró más amenazas. Ellos no se iban a salir. Todas sus
pertenencias almacenadas las comenzaron a usar, otras las vendieron. Al verse
sin nada, recurrió a su madre, quien le brindó un pedacito de patio en una
propiedad en la zona de pantanos, en medio de marismas y moscos del tamaño de
una pasa, culebras y animales salvajes.
Ahí comenzó a rehacer su vida, en medio de un grupo de
desposeídos de la tierra que han rellenado la marisma para alzar sus casas. A
Sandra Cortaza como a sus vecinos siempre se les ve corriendo con cubetas,
costales de arena y para evitar las inundaciones. Su casa, la despojada,
cuenta, la construyeron enviando dinero desde Estados Unidos.
Allá Sandra y su esposo ahora desaparecido pasaron una
temporada para hacerse de un capital y edificar la residencia para los hijos. Es
grande, espaciosa, buen ubicada y un amplio terreno.
“Yo no vivía así, no
sé porque me pasó esto, qué estoy pagando, me quitaron a mi esposo y a mi hijo
y ahora esto, vea cómo vivo, esto no es justo” se duele la mujer que además
contrajo diabetes. Su preocupación de estos días es encontrar un nuevo empleo,
hace unos días terminó la construcción de una plaza en donde ella vendía
alimentos.
Ahora ha pasado los días lavando ajeno y viviendo de los
pocos ahorros. Hace muchos meses que no se compra zapatos ni ropa nueva. Comer
un trozo de carne fresca, resulta un lujo ahora. El poco apoyo en estos días lo
ha encontrado en uno de los colectivos, Familiares en Búsqueda de
Coatzacoalcos; gracias a la presión ejercida desde esa organización de padres
con el mismo problema, hace unos días le
avisaron que en la fosa Común de Emiliano Zapata, hay un cadáver con las
características de su hijo, apareció en abril del 2015, es decir, un año meses
después de la desaparición. Al acudir, lo reconoció. Era él y lo habían matado
a tiros a más de 400 kilómetros del lugar original de su sustracción.
Actualmente está la espera formal del cadáver para darle sepultura y seguir la
búsqueda del otro, su esposo. La denuncia contra quienes ocuparon su casa para
conseguir el desalojo, no avanza.
Marcela Dionisio,
acompañante psicosocial y activista por los derechos de familiares de víctimas
de desaparición forzada en Veracruz, coincide que “uno de los impactos en las
familias con desaparecidos es la pérdida del patrimonio y la ruptura del tejido
social”, y lo peor es que la Ley General de Víctimas no cuenta con medidas para
contener este fenómeno creciente.
“A diferencia de
otras violaciones graves a los derechos humanos, el desplazamiento forzado no
cuenta con una normatividad internacional, convenio o protocolo y mucho menos
ley, dejando a las víctimas de opción de exigir algo cuando tienen que salir de
su comunidad por estar en riesgo”, dice Marcela Dionisio.
EXILIADA/INDIGNADA.
Marcela Orozco cumplirá en marzo próximo tres años exiliada
en alguna ciudad lejana de su natal Veracruz. Su hijo Gersón Quevedo Orozco fue
secuestrado y aunque se pagó el rescate, los delincuentes no cumplieron. El
mismo día del pago, horas después del secuestro, su otro hermano, Alan Quevedo
Orozco, parte de las fuerzas básicas de los Tiburones Rojos, y su cuñado,
Miguel Eliacim Cald #101;las, obtuvieron información sobre la casa en la cual
se encontraba secuestrado su hermano. Los dos jóvenes se aventuraron a intentar
recuperar al familiar, pero a unos metros de la casa de seguridad, los
maleantes los identificaron y les dieron muerte.
Ese día, Marcela Orozco regresó a su casa en Arboleda San
Ramón Custodiada por la Policía, tomó el uniforme de Los Tiburones de Alán para
el funeral y algunas pertenencias de ella y sus otros familiares. Fue la última
vez en su hogar. Las amenazas y el hostigamiento no pararon, y dos meses
después, se marchó de Veracruz, corrieron hasta donde les dio la noche,
encontraron una gasolinera, y cuando se sintieron tan lejos de Veracruz,
lograron dormir un poco en esa estación de servicio.
En el exilio, las autoridades fueron las últimas en dar el
apoyo. Antes el colectivo de la señora María Helena Herrera le brindó el
respaldo para pasar unos días en su casa, “pues no tenía ni donde vivir”. Mes y
medio pasó en ese refugio Maricela y su familia y posteriormente buscaron
medios para sobrevivir y tener recursos para seguir buscando a Gerson Quevedo,
así, ella dispuso de algunos ahorros y prestado para montar un pequeño negocio
de venta de comida y es así como ha ido sobrellevando la situación.
En estos casi tres
años, las autoridades han detenido a tres personas relacionadas con el caso de
Gerson y Alan, presuntos integrantes del Cártel de Jalisco, pero ninguno ha
aportado elementos suficientes para dar con el paradero del joven o hacerle
justicia a su hijo y yerno asesinados.
Lamentablemente hay “corrupción metida en todo el sistema,
la impunidad, la colusión, la indiferencia y la falta de sensibilidad de parte
de los operadores del sistema y también la burocracia”, dijo Anais Palacios,
activista y defensora de los derechos humanos de personas con familiares
desaparecidos.
Dice que hay una Ley Estatal de Protección a Víctimas, y “técnicamente,
la ley lo contempla (el apoyo a los desplazados), hay un marco legal, pero en
lo imaginario, en lo utópico, y han tenido que pasar varias semanas, meses, o
años para que les den atención. Marcela Orozco actualmente mantiene una lucha
legal para ser reconocida como desplazada y acceder a los beneficios del Estado
pues prácticamente también perdió todo por las deficiencias de un gobierno
responsable de garantizar la seguridad de ciudadanos.
En muchas ocasiones, se tiene que recurrir a autoridades
federales, “redes de apoyo establecidas entre propias familias porque las
instituciones solicitan muchos requisitos que las familias no pueden cumplir
por su condición de desplazamiento” finalizó Palacios.
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