Mancera, en sentido contrario.

Si algo se ha vuelto una constante, a raíz del aumento a los gasolinazos, es el incremento de precios.

Tanto lo que se comercia entre privados, como los servicios públicos, van al alza. Y tiene una lógica: si la gasolina incrementa su valor en 20%, todo lo que se genera, usa o se abastece de combustible, eleva su costo.

El asunto es que los salarios –ya no digamos el mínimo, que todavía no alcanza ni para cubrir las necesidades más elementales- no aumentaron para este año en esa proporción. No hay que ser genios, pues, para saber que hoy, hay que hacer magia para tratar de adquirir los mismos productos con el mismo sueldo.

En lo privado, podría entenderse como oferta-demanda, pero en lo público, donde debe haber autoridades que tracen políticas y encaminen las normas hacia el bien de la mayoría, no puede ser igual. Los gobiernos tienen responsabilidades y, si en todo momento deben ver por el interés del grueso de la población, en las crisis, debe reflejarse más todavía.

Tomo como ejemplo el transporte público porque es, sin duda, uno de los servicios que mayor impacto tendrán por el aumento a los combustibles; porque es uno de los más utilizados por diferentes capas de la población; y, porque, para la mayoría que lo utiliza no es un lujo al cual se puede renunciar. Es una necesidad para llegar al lugar de trabajo, a la escuela o incluso a un centro de salud.

¿Cómo andan los precios del transporte público concesionado en las Ciudades más grandes del país?

En Guadalajara, por ejemplo, los usuarios pagan 7 pesos por viaje, sin importar el destino ni la distancia del mismo; en Querétaro pagan 8, también sin importar destino; lo mismo sucede en el Edomex, donde de igual forma se pagan 8 pesos –aunque hay rutas que discrecionalmente, según se ha reportado, ya incrementaron discrecionalmente el pasaje a 10 pesos, pero además, después de los primeros 5km, se cobran 20 centavos adicionales por kilómetro; en Nuevo León la tarifa es la más cara: 12 pesos por viaje sin importar destino.

En la CDMX, por el contrario, los usuarios pagan 4 pesos por 5 kilómetros; 4.50 pesos, entre 5 y 12 km y 5.50 si la ruta es de más de 12 km, por ejemplo Cuemanco-Toreo. Es el transporte público más barato del país. De la calidad, eficiencia y modernidad de unidades, ya nos ocuparemos, pero en términos económicos, es el más accesible.

Las crisis son oportunidad, sí. Pero también son momentos de definición. ¿Qué van a hacer los gobernadores y alcaldes de las ciudades más importantes? Porque hasta hoy, solo el gobierno de Miguel Ángel Mancera parece estar haciendo circo, maroma y teatro, para –al menos en el transporte público- no encarecerle la vida a sus ciudadanos. Va en contrasentido aunque, en la actual coyuntura, llevar la contra, parece que es la ruta correcta.

Tampoco es magia que no haya protestas de los concesionarios del transporte público. Vaya que hay presiones; la operación política se hace desde la oficina de Héctor Serrano, secretario de Movilidad… A propósito de Serrano, él está seguro de que dejará el cargo en septiembre de 2017. ¿Sabe algo que los demás ignoramos? ¿O Mancera apenas cruce su quinto informe de gobierno ira por la candidatura presidencial?