Un juez ordenó a la
Procuraduría General de la República (PGR) incluir a Eduardo Bours Castelo y a
Abel Murrieta Gutiérrez, ex gobernador y ex procurador de Sonora,
respectivamente, como imputados en la averiguación por el incendio en la
guardería ABC.
Ello debido a su
probable responsabilidad en los delitos contra la procuración de justicia, tras
alterar ilícitamente el lugar de los hechos, así como por obstaculizar la
investigación para favorecer a los culpables de la tragedia que cobró la vida
de 49 niños y dejó lesiones en un centenar más el 5 de junio de 2009.
En un comunicado, la organización Manos Unidas por Nuestros
Niños informó sobre el dictamen del juez formulado el 23 de diciembre pasado.
La organización advierte que “ambos exfuncionarios, desde sus altos cargos, ordenaron alterar y
perturbar el lugar de los hechos para evitar que las investigaciones se
centraran en el foco o punto de inicio del incendio, que fue la bodega rentada
para la Secretaría de Hacienda estatal, y desviar la investigación hacia la
guardería ABC, sus empleadas y propietarios”.
En respuesta, la PGR confirmó en un comunicado que “los días
30 de agosto y 3 de octubre de 2016 fueron presentadas dos denuncias de hechos
por delitos contra la administración de justicia, falsificación de documentos y
ejercicio indebido de servicio público, cometidos supuestamente durante la
investigación realizada por la Procuraduría de Sonora” respecto del incendio
suscitado en la guardería ABC de Hermosillo.
Es por ello que “el agente del Ministerio Público de la
Federación, a cargo de las denuncias, determinó ejercer la facultad de
abstención de investigar, en virtud de que los hechos denunciados fueron
materia de proceso penal instruido por una autoridad judicial federal, el cual
se encuentra sub júdice. Esto con fundamento en el artículo 253 del Código
Nacional de Procedimientos Penales”.
Sin embargo, admite la dependencia, “los denunciantes
recurrieron la citada determinación y, en el expediente de impugnación que fue
resuelto por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se ordenó que el agente del Ministerio
Público de la Federación inicie una investigación conforme a derecho”.
Tras la determinación del juzgador, la PGR sostiene que “realizará la investigación en los términos
ordenados por la autoridad judicial y la resolverá de conformidad a sus
atribuciones en forma expedita”.
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