A tres semanas del incremento al precio de los combustibles
que desataron la indignación social ante el despilfarro y opulencia que
caracteriza a la clase política, el gobernador Héctor Astudillo Flores presentó su plan de austeridad que contempla
la reducción del 30% de su salario mensual que incluye una “compensación”
discrecional de la que se desconoce a cuánto asciende.
También, anunció la
cancelación de la renta de aeronaves particulares, luego de que Proceso dio a
conocer que desde finales de 2015 el mandatario y su gabinete se desplazan en
la entidad a bordo de una flotilla de helicópteros de una empresa privada, sin
informar el procedimiento de adjudicación y monto del contrato, aunque
compañías de este tipo ofrecen sus servicios en el mercado por 3 mil dólares la
hora.
Ello a pesar de que
el gobierno de Guerrero tiene una flota oficial de aeronaves conformada por al
menos dos helicópteros y tres aviones.
Las medidas anunciadas por el mandatario este mediodía en un
acto faraónico realizado en la residencia oficial Casa Guerrero, reconocen un
gasto corriente burocrático obeso ya que plantea
reducir también el salario de los mandos superiores en un 20% y el 10% para
mandos medios, así como limitar el uso de escoltas para funcionarios del
gabinete astudillista.
El acuerdo denominado “Compromisos
para la estabilidad y el desarrollo de Guerrero”, contempla 20 puntos sin
especificar cantidades, ni el monto que se pretende ahorrar, mucho menos hacia
dónde reasignarán los recursos que ya fueron autorizados por el Congreso local
para el Presupuesto de Egresos de este año.
En contraste con el anuncio de austeridad, el gobernador
Astudillo dejó intacto el acuerdo pactado
con diputados locales para exentar de manera ilegal del pago de impuestos a los
socios de la empresa de transporte público Acabús, así como a médicos y
arrendadores de casas-habitación.
También, dejó firme
el “donativo” de 47 millones para la fundación Teletón de la empresa Televisa,
contemplado para este año por concepto de “gasto público en salud”.
Incluso, el
mandatario admitió públicamente que su administración comprometió las
participaciones federales destinadas a inversión social para solventar el
millonario desvío de recursos públicos atribuido a sus antecesores, Ángel
Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, como Proceso lo dio a conocer
desde el 20 de octubre pasado.
En su discurso, Astudillo
señaló que “el desequilibrio estructural” de las finanzas públicas heredado que
asciende a 23 mil millones de pesos, “incide reiteradamente en la merma de
las participaciones estatales” y reduce recursos líquidos a lo largo del
ejercicio fiscal.
Recordó que el año pasado, el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) fincó un crédito fiscal por el
orden de 4 mil millones de pesos, por el no pago de impuestos federales en las
administraciones de Aguirre y Ortega que “obligadamente se tiene que cubrir a
lo largo del presente ejercicio”, expresó el gobernador y sentenció:
“El SAT no perdona ni
exime de deudas, es decir, tendremos más mermas a los recursos en las finanzas
estatales”.
Luego, señaló que la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), mantiene observaciones a ejercicios
fiscales de sus antecesores -que siguen impunes- por un monto aproximado a
los 7 mil millones de pesos, que en su momento, advirtió, “también se habrán de
traducir en presiones de pago” para el gobierno estatal.
“La proyección
financiera es complicada y para el cierre del presente año se exige cancelar
una serie de compromisos presupuestales que no son prioritarios”, dijo
Astudillo sin explicar.
El 22 de octubre pasado, Astudillo afirmó que el Presupuesto
de Egresos de 2017 “de ninguna manera” contemplaba utilizar participaciones
federales para liquidar el pago de créditos hacendarios que dejaron sus
antecesores, argumentando que “sería irresponsable” y de hacerlo “estaría
condenando” las finanzas estatales por una omisión de Aguirre y Ortega.
Ahora, tres meses
después, el mandatario reconoció que el SAT y Hacienda van a descontar de las
participaciones federales de este año, el monto del millonario desvío de
recursos que dejaron los exmandatarios.
Ante las protestas de
transportistas que exigen ser exentados del pago del impuesto por tenencia
vehicular para enfrentar el gasolinazo, luego de que el gobierno estatal y
diputados locales beneficiaron a empresarios del Acabús con esta medida
prohibida por la Constitución, Astudillo dijo que no será posible extender la
patente al resto de concesionarios de transporte público en la entidad.
“Este pago es el más importante de los ingresos propios del
gobierno del estado; y por ellos se recibe de la federación, de los 300
millones más de pesos que ingresan por concepto de tenencia vehicular, se
reciben alrededor de 600 millones de pesos más de participaciones federales”,
expresó Astudillo.
Luego, dijo que de acuerdo al nivel de recaudación que
realice el gobierno estatal o municipal, la Federación otorga mayores
participaciones federales pero nunca
explicó por qué benefició a socios del Acabús, médicos y arrendadores con el no
pago de impuestos.
Durante el acto oficial, el gobernador exhortó a los
representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 81
alcaldes y dirigentes partidistas para que asuman medidas de austeridad que
impliquen ahorro en el gasto público, en solidaridad con el resto de la
sociedad que en su mayoría vive en extrema pobreza y marginación, y ahora
resiente el incremento de combustibles y productos básicos.
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