Juana Luna, esposa de
Antonio y testigo presencial del momento en que sus tres hijos fueron
asesinados por impactos de arma de fuego, desmintió a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) al aseverar que en ningún momento
señaló a su esposo como el victimario.
El pasado sábado, agentes ministeriales irrumpieron en una
finca ubicada en la comunidad Ampliación Cieneguita, en San Miguel de Allende,
donde se registraron cuantiosas detonaciones, aparentemente del grupo táctico
de la PGJE que se apersonó en el lugar, lo que ocasionó el cierre de la
carretera a Dolores Hidalgo.
Posteriormente se supo
del fallecimiento de tres niños: Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de cuatro, ocho
y 11 años, respectivamente, quienes eran hijos de Antonio y Juana.
Un día y medio después de que los hechos, la PGJE informó en un comunicado que como
saldo de un enfrentamiento, cuyo origen sigue siendo confuso, murieron tres
menores de edad a manos de su propio padre, quien se desempeñaba como velador
en la finca donde sucedieron los hechos.
En la versión oficial de la Procuraduría, se aseveró que fue la madre de los menores
quien señaló a su cónyuge, de haber asesinado a sus hijos.
No obstante, en
declaraciones concedidas al Periódico AM, Juana Luna aseguró que nunca declaró
que su esposo trató de asesinarla y que tampoco ultimó a los tres menores.
La PGJE también
señaló que la balacera se originó cuando un grupo de hombres armados atacó a
los elementos que atendían un reporte, los agresores escaparon y en el lugar solo
quedaron el ahora detenido, su esposa y sus tres hijos.
Juana Luna dijo que
esas declaraciones nunca las dio a las autoridades. Presente en su
domicilio, donde ya velaban los cuerpos de sus hijos, la mujer relató que su
detención y la de su esposo ocurrió con una gran serie de fallas en el debido
proceso.
Indicó que desde que
fue trasladada al Ministerio Público, los agentes nunca le proporcionaron un
abogado de oficio, tampoco le permitieron realizar una llamada telefónica, la
hicieron firmar hojas en blanco, incluso, dijo que lo declarado por ella no
concuerda con lo que se señaló en el expediente.
De acuerdo con Juana
Luna, como cada fin de semana pasarían la noche en la finca donde su esposo
trabajaba como velador. Cuando dormían comenzaron a escuchar las detonaciones y
momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como
elementos policiacos.
“La familia completa se escondió en un baño en la planta
alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras,
Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las
escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al
suelo”.
Cuando los hombres
armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo. Juana escuchó
cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar
unas detonaciones, después pudo escuchar que se la regresaron y lo obligaron a
sostenerla.
“Le dijeron
‘entréganos esa arma’, y entonces a mí me jalaron y me voltearon, después
escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado
conmigo, en eso le dijeron, ‘¡Ten cabrón agárrala!’, entonces mi esposo se quedó
con ella”, dijo Periódico AM.
En el lugar dijo ser
interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había
matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada
con un aparato telefónico.
La versión oficial de
la Procuraduría motivó que este lunes, alrededor de mil personas, entre
familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad marcharan para exigir
justicia y que se libere al padre de las víctimas.
En tanto, hoy mismo la
Jueza de Control calificó de legal la detención de Antonio Luna. La audiencia
del caso se desahogó con carácter de privada en la Sala 2 de Oralidad del Poder
Judicial con sede en San Miguel de Allende. La audiencia de vinculación se
realizará mañana martes.
Mil Personas Marchan En San Miguel.
Este lunes, alrededor
de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad
que murieron la noche del sábado en un presunto enfrentamiento entre fuerzas
estatales y un grupo de sicarios en San Miguel de Allende, Guanajuato, marcharon
para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas.
La manifestación fue convocada a partir de las 10:30 horas
en la escuela Ignacio Ramírez, en la colonia Aurora, donde Mateo y Gabriel, de
ocho y 11 años de edad, estudiaban el cuarto y sexto grado, respectivamente
La banda de guerra de la escuela Ignacio Ramírez, a la
pertenecían las víctimas, se integró a la marcha.
La gente, principalmente padres de familia con sus hijos, se
congregó afuera de la escuela, sobre la avenida Aurora, a la espera del cortejo
fúnebre, que partiría rumbo al templo del Oratorio, en pleno centro de San
Miguel de Allende, donde realizan la misa de cuerpo presente.
Poco después de las 11:00 horas, la directora de la escuela
declinó de realizar un homenaje a los menores dentro de la institución.
Algunos padres de familia confesaron su enojo porque la
directora no accedió a abrir la escuela para que al menos por un momento los
restos pudieran recibir algún tipo de homenaje, bajo el argumento de que “no
era propicio”; por ello realizaron la valla sobre la calzada Aurora.
A las 11:45 horas llegó a las afueras de la escuela el
cortejo fúnebre con los cuerpos de Juan Adrián, Mateo y Gabriel.
A 100 metros ya estaba una valla de alumnos, padres de
familia y vecinos, más de 300 personas, para acompañar con globos y listones
blancos los restos de los niños al templo del Oratorio.
Al mismo tiempo se
desarrolló la audiencia del presunto responsable, el padre de los niños,
identificado sólo como Antonio. La defensa del indiciado pidió que la audiencia
sea privada, petición concedida por el Poder Judicial.
Según fuentes extraoficiales, el padre de los menores fue
trasladado de los separos municipales al Centro de Readaptación Social (Cereso)
de esa ciudad.
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