Por Dulce González / Mexicanos contra la Corrupción
Cuando el pasado 13
de enero Gerónimo Gutiérrez fue nombrado embajador de México en Estados Unidos,
formaba parte de un comité especial de empresarios que investiga a un organismo
de nombre AEM USA Foundation, una de las dos fundaciones que el gobierno mexicano
utilizó para entregar 59 millones de dólares –más de 1 mil millones de pesos– a
la iniciativa Juntos Podemos, encabezada por la ex candidata presidencial
panista Josefina Vázquez Mota, por el Gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto.
Gerónimo Gutiérrez
era desde 2011 y hasta la semana pasada consejero de la Asociación de
Empresarios Mexicanos (AEM), el organismo empresarial mexicano más importante
en Estados Unidos. Gutiérrez formaba
parte, además, de un comité que hace unas semanas se designó ex profeso ante
los señalamientos de irregularidades en AEM USA Foundation, una fundación
paralela a la Asociación AEM fundada por directivos de ésta.
Quien en las próximas semanas será formalmente embajador de
México en Washington, renunció como consejero de la Asociación AEM el miércoles
18 de enero, por medio de una carta en la que subraya la importancia de que se
rindan cuentas sobre el manejo financiero tanto de la Asociación AEM como de la
Fundación AEM USA Foundation, que sirvió para dotar de fondos gubernamentales a
Juntos Podemos.
Hace tres meses, el 4 de octubre del 2016, Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) publicó una investigación periodística en la cual se documentó
cómo dos organizaciones llamadas Parents Alliance y AEM-USA Foundation, cuyos
directivos están incrustados en la Asociación AEM, fueron usadas para
triangular el dinero público a favor del programa Juntos Podemos, donde Vázquez
Mota es presidenta honoraria y que supuestamente está dedicado a ayudar a los
migrantes.
Ante la revelación
periodística, al interior de la AEM surgieron cuestionamientos sobre la
conducta de los directivos de AEM-USA Foundation, que tiene logotipo idéntico a
la AEM.
Los cuestionamientos, según se ha podido saber por medio de
fuentes que pidieron no ser reveladas, generaron
una disputa por el control de la AEM al punto de que los personajes más ligados
a Josefina Vázquez Mota, además de condicionar la rendición de cuentas
(pidieron que se firmara un acuerdo de confidencialidad), solicitaron la
renuncia del presidente de la AEM, Javier Martínez. Éste respondió con la
formación de un comité que investiga si las actividades de la Fundación AEM USA
Foundation comprometían la viabilidad de la Asociación AEM, y ese comité debe dar
cuentas antes del 25 de enero (mañana), fecha en que el Consejo de la Asocación
AEM podría votar la permanencia o el retiro de Javier Martínez de la
presidencia del organismo.
Gerónimo Gutiérrez formaba parte de ese comité que tendría que deslindar si la AEM fue
contaminada por el manejo de los fondos gubernamentales por parte de Eduardo
Bravo, Emilio España, Alejandro Quiroz y Emmanuel Loo, todos ligados a Vázquez
Mota y a las actividades de Juntos Podemos.
En la carta dirigida a la junta directiva de la Asociación
AEM, de la cual se tiene copia, Gerónimo Gutiérrez expresó lo siguiente:
“Como es del conocimiento público, he aceptado la honrosa
responsabilidad de desempeñarme como embajador de México en Estados Unidos, lo
cual, sujeto a los procesos legales y diplomáticos, habrá de tener lugar en las
próximas semanas. Por ello, debo presentar mi renuncia como consejero de la
asociación, a partir de hoy”.
En otro de sus
párrafos mencionó que una de las tareas pendientes de esa organización, sería
aclarar por qué el consejo de la AEM no tuvo información sobre las activades de
la AEM USA Foundation. Textualmente escribió que se debe: “Aclarar plenamente la relación que existió entre la
asociación y AEM Foundation, habida cuenta de los conflictos de interés que
esto conlleva por la manera en que se dieron las cosas y de que el Consejo no
fue informado oportunamente de esta relación.”
Gutiérrez también
puntualizó la urgencia de que se rindieran cuentas, y pidió “someter al Consejo
los estados financieros de la AEM correspondientes a los años 2015 y 2016, para
su revisión y, en su caso, aprobación haciendo esto de cara a la membresía y capítulos”.
En la investigación periodística de hace tres meses, MCCI reveló que solo en 2015 la iniciativa
Juntos Podemos, a través de Parents Alliance y AEM USA Foundation, recibió del
gobierno mexicano 26,1 millones de dólares, y que de esos fondos la propia
iniciativa de Vázquez Mota asegura que utilizaron casi 9 millones para gastos
operativos.
La voluminosa proporción de gastos operativos (8.7mdd) hizo
que instituciones dedicadas a estudiar y verificar organizaciones sin fines de
lucro, consultadas por MCCI, calificaran
como preocupante el manejo financiero de las organizaciones (Parents Alliance y
AEM USA Foundation) que soportan a Juntos Podemos.
Gastos de Juntos Podemos. Cientos de millones de pesos en la
opacidad.
Durante 2014, 2015 y
2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó recursos por más de 1 mil
millones de pesos a la iniciativa Juntos Podemos a través de un mecanismo que
incluía el uso de los consulados para la dispersión de ese dinero en Estados
Unidos, pero al final de cuentas los recursos siempre pasaban por Integra
Institute y Parents Alliance.
Integra Institute es
la misma cosa, según su acta constitutiva, que AEM USA Foundation.
Una vez recibidos
esos fondos, Josefina Vázquez Mota, cabeza de Juntos Podemos, participaba en la
distribución de los mismos a diferentes organizaciones a lo largo y ancho de
Estados Unidos.
Los operadores de este esquema son: Eduardo Bernardo Bravo Calderón, Emilio Leopoldo España, Alejandro
Quiroz Pedrazzi y Emmanuel Loo.
Tres de los operadores de Juntos Podemos.
Los tres primeros han
tenido altos cargos en la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), que
recientemente celebró en Washington D.C. su vigésimo aniversario.
Esas 4 personas son
las que poseen los registros de Integra Institute y de AEM-USA Foundation. Lo
que el comité investiga es si al mismo tiempo utilizaron la marca y la imagen
de AEM para las labores de AEM USA Foundation que, sin embargo, no está ligada
formalmente a la organización AEM, presidida en este momento por el
representante de la delegación de Los Angeles, Javier Martínez.
Tras la publicación del reportaje, Eduardo Bravo y Emilio
España han sido buscados por MCCI para que detallen el uso en supuestos gastos
operativos de casi 9 millones de dólares en el 2015, así como la operación en
el 2016, periodo en que Juntos Podemos recibió 30 millones de dólares del
gobierno mexicano.
Bravo y España han
desestimado peticiones de entrevistas, han desdeñado las solicitudes de
puntualizar los gastos, así como entregar copia de comprobantes de los mismos,
a pesar de que, a final de cuentas, se trata de recursos que fueron parte del
presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para esta entrega, nuevamente se les buscó y se negaron a
contestar. Pero no solo fue a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a
quienes Bravo y España se negaron a contestar cuestionamientos. En su momento hicieron lo mismo con sus
compañeros de la AEM, a quienes a través de un abogado condicionaron el acceso
a documentos a que se firmara un acuerdo de confidencialidad.
Cisma en la AEM.
Un mes y medio después de publicada la investigación
periodística sucedió algo que, hasta el momento, no ha sido del dominio
público. La AEM llamó a su junta de
directores, alarmada por la utilización de sus siglas para triangular dinero a
Juntos Podemos por medio de Parents Alliance y AEM-USA Foundation.
En esa
teleconferencia, ocurrida el 21 de noviembre, participó Gerónimo Gutiérrez, en
ese momento fuera del servicio público. Uno de los resolutivos fue nombrar
una comisión investigadora, y uno de los cuatro lugares disponibles para ese
comité recayó en el próximamente embajador de México en Estados Unidos. El
resto del equipo estaba conformado por Antonio Maldonado; expresidente de la
AEM capítulo San Diego, Patricia Stout; miembro del consejo y ex tesorera de
AEM-USA, así como Jorge López, miembro del consejo de AEM USA, de acuerdo con
la minuta y un documento interno de los que MCCI obtuvo copias.
El programa Juntos
Podemos recibió al menos hasta el año 2016 alrededor de 1,036 millones de
pesos. El dinero no fluyó de manera directa. El Gobierno de Enrique Peña Nieto
recurrió a transferencias bancarias entre la Cancillería, el Instituto de
Mexicanos en el Exterior (IME) y, sobre todo, seis consulados: Chicago, Dallas,
Laredo, Los Ángeles, Nueva York y Washington.
AEM USA Foundation y
Parents Alliance recibieron dinero luego de firmar “memorándums de
entendimiento” (MoU, por sus siglas en inglés) y convenios con los cónsules de
las ciudades ya mencionadas. Así se financió a Juntos Podemos que,
técnicamente, no puede recibir dinero porque no tiene personalidad jurídica, es
solo una marca registrada. Por tanto, su fondeo se hacía por medio de
Parents Alliance y AEM-USA Foundation.
Esta ruta del dinero
se repitió durante tres años: 2014, 2015 y 2016. Según información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda, no hay dinero disponible para Juntos Podemos en el
2017.
El Gobierno Federal
usó la partida presupuestal 44102 para apoyar a la iniciativa de la ex
candidata presidencial panista. De acuerdo con el clasificador por objeto
del gasto para la Administración Pública Federal, ésta
tiene como prioridad “cubrir los gastos de traslado de enfermos, extranjeros,
reos, heridos y cadáveres, así como gastos de repatriación de mexicanos
radicados en el extranjero.”
De la misma partida salieron boletos de avión y viáticos en
2014 para Vázquez Mota y algunos de sus colaboradores.
Las organizaciones
civiles en Estados Unidos usadas por el Gobierno de Peña Nieto para financiar a
Juntos Podemos han sido manejadas por Emilio Leopoldo España de la Cuesta;
tesorero de Parents Alliance y de AEM-USA Foundation, así como por Eduardo
Bernardo Bravo Calderón en su calidad de presiente de la AEM-USA Foundation.
Otro de los implicados es Alejandro Quiroz Pedrazzi, presidente del consejo de
Parents Alliance.
Los tres han sido consejeros y miembros de la Asociación
AEM, Bravo fue presidente y España se mantiene como tesorero de este organismo,
que aglutina a empresarios tanto mexicanos como estadounidenses.
En la teleconferencia del 21 de noviembre, Bravo, España y
Quiroz manifestaron su apoyo a la instalación del comité investigador y
asentaron su deseo de “total cooperación y apertura para que se diera a conocer
toda información relevante relativa a AEM USA Foundation”, según se lee en la
minuta de la reunión, de la cual se tiene copia.
Sin embargo, un
documento interno de la AEM obtenido por MCCI muestra que han condicionado a
sus colegas la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos
enviados a Juntos Podemos a través de AEM USA Foundation, y sobre si estos
fondos contaminaron a la AEM.
Miembros de la AEM que pidieron el anonimato pero cuya
identidad ha sido confirmada por MCCI, mostraron
copias de oficios enviados a España, Bravo y Quiroz para que rindan cuentas
sobre lo que hicieron en AEM USA Foundation y si esas labores comprometen la
pulcritud de la Asociación AEM.
En uno de esos escritos, fechado el pasado 14 de diciembre, les exigieron:
-Estados financieros
existentes del 2013 al 2016.
-Registros de
chequeras.
-Copias de los
acuerdos incluyendo los memorándums de entendimiento entre la AEM y cualquier
otra persona ya sean entidades privadas y públicas, entre los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
-Descripción de los
acuerdos realizados de manera verbal entre la AEM con cualquier otra persona,
incluyendo entidades públicas y privadas, en los años 2013, 2014, 2015 y 2016
(incluyendo, pero sin limitar a los acuerdos orales entre AEM y AEM USA
Foundation Inc. y Parents Alliance Inc.)
-Descripción de los
proyectos en los que Emilio España, Alejandro Quiroz y/o Eduardo Bravo han
desempeñado cualquier tipo de actividad, ya sea de manera discrecional o no
discrecional, incluyendo, pero no limitándose en los que el nombre de la AEM o
AEM USA Foundation Inc. fueron utilizados de cualquier forma, durante los años
2013, 2014, 2015 y 2016.
Tras ello, en vez de
responder a esa solicitud, Bravo, España y Quiroz enviaron al abogado Ryan S.
Squires, del Bufete Scott, Douglas & McConnico, a contestar. Éste rechazó entregar de
inmediato la información argumentando que se trata de expedientes voluminosos
por lo que necesitan tiempo para compilarlos, según un escrito fechado el
pasado 21 de diciembre.
El abogado además
advirtió a los directivos de la AEM interesados en conocer esos archivos que en
todo caso deberían firmar un acuerdo de confidencialidad, y subrayó que no
podrían hacer fotocopias, fotografías o utilizar cualquier otro mecanismo para
copiar esos documentos, mismos que tampoco podrían salir de su despacho.
Esa confidencialidad
contradice lo que en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo a
MCCI, a través de una tarjeta informativa, sobre los fondos otorgados a Juntos
Podemos. En ese documento, la cancillería mexicana subrayaba que era
“importante señalar que todo recurso público que se aporta (a Juntos Podemos)
no pierde ese carácter y por tanto está sujeto a evaluación de su aplicación y de
efectos en lo planeado”.
El 11 y 12 de octubre del 2016, MCCI viajó a Dallas y San
Antonio para entregar respectivamente un cuestionario en el que se solicita el
desglose de los gastos operativos, así como cualquier ticket, recibo, contrato,
factura y/o comprobante que respalde la información.
No obstante, hasta el
momento de esta publicación, no ha habido respuesta alguna a esta petición por
parte de la AEM-USA Foundation, Parents Alliance ni de la iniciativa Juntos
Podemos.
Después de haber
investigado a la AEM USA Foundation desde una entidad privada, en su nuevo
cargo en la embajada de México ante Estados Unidos Gerónimo Gutiérrez será el
supervisor de los consulados por medio de los cuales financió a esa fundación
para distribuir buena parte de los más de mil millones de pesos que se dieron a
Juntos Podemos para supuestos apoyos a migrantes.
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