A
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) le corresponde vigilar el nivel de
endeudamiento en los estados.
De acuerdo con el Manual de
Organización General de la SHCP, es ésta dependencia del Gobierno federal la
encargada de “conducir el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y
Municipios, mediante el diseño,
aplicación y supervisión de las políticas relativas al registro, seguimiento y
cancelación de las obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y
municipios”.
También,
“asesorar a las entidades federativas y municipios en el diseño e
instrumentación de (…) deuda y gasto público”.
La
titular de esta dependencia, desde enero de 2013, es la contadora pública
Marcela Andrade Martínez, cuyo trabajo inmediato anterior fue la firma Evercore
Partners, antes Protego, donde, de acuerdo con su declaración en el
Registro de Servidores Públicos, laboró entre mayo de 2007 y noviembre de 2012.
Protego
es también la oficina en la que trabajó desde 1998 y hasta 2005 el ex
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, desde el pasado miércoles nuevo
Secretario de Relaciones Exteriores.
En
2007, ya fusionada con Evercore, Protego trabajó en entidades como Michoacán,
donde hizo una “bursatilización del Impuesto estatal a la nómina” por tres mil
500 millones, así como un refinanciamiento por otros dos mil 570 millones, según la lista de “transacciones”
disponibles en la página electrónica de la firma.
La
misma indica que Protego realizó ese año también “financiamiento de largo
plazo” en el Estado de Tabasco, por 4 mil millones de pesos, entre otras
operaciones.
El
29 de noviembre de 2012, Evercore firmó con el Gobierno de Puebla –a cargo del
panista Rafael Moreno Valle– el Fideicomiso Irrevocable de Administración
y Fuente de Pago Número 144, para que el Ejecutivo estatal contara con un
“mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones a cargo del
estado derivada de proyectos”.
Por
las responsabilidades de la UCEF, el abogado Rodrigo Díez Gargari, que
investiga el tema de las deudas en los estados y obtuvo el contenido del
Fideicomiso poblano, ha solicitado en diferentes ocasiones a Andrade una lista
de los proyectos de refinanciamiento estatal en los que hubiera participado
como empleada de Evercore.
El motivo, señaló el abogado, es determinar los probables conflictos de
interés en los que podría incurrir la funcionaria que ahora es la autoridad
calificadora de las deudas generadas en las entidades federativas.
“Marcela
Andrade Martínez trabajó como subdirectora de Finanzas Públicas en Evercore
Partners. La información que necesito es la lista de todos los proyectos de
financiamiento, refinanciamiento o reestructura de deuda estatal en la que haya
participado como subdirectora de dicha empresa (incluyendo nombre del Estado y
monto de la operación)”, escribió Díez en la solicitud hecha el 22 de
septiembre pasado, a través del sistema Infomex.
“Para efectos de obtener la
información que requiero, les aclaro que me refiero a todas las asesorías que
brindó Evercore Partners (Protego) para endeudar a los Estados y que el término
‘deuda’ se deberá entender en los términos más amplios”, agregó la solicitud.
Díez
Gargari hizo solicitudes de información similares con respecto a Videgaray, que
entonces todavía era titular de Hacienda, y sobre el hoy ex Subsecretario
Fernando Aportela Rodríguez, también ex empleado de Protego/Evercore.
Hacienda, sin embargo, respondió NO haber encontrado información
en sus archivos sobre estas relaciones y, también, que eran datos anteriores al
periodo en el que los mencionados habían asumido el servicio público.
Sobre Evercore, la SHCP respondió
que “los ordenamientos legales que regulan la inscripción de las obligaciones
de los estados en Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y
Municipios (…) no establecen como requisito presentar a esta Unidad
Administrativa la documentación relativa a quiénes son los asesores que
participan en los proyectos de financiamiento, refinamiento o reestructura de
la deuda estatal”.
El abogado Díez Gargari, en cuyo
despacho se representa por separado a la empresa Infraiber en su disputa contra
la constructora española OHL, es también autor de la investigación académica
titulada “El Régimen de Deuda Pública local a la luz de las decisiones del
poder Judicial de la Federación”, publicada en 2015.
La Petición A Marcela Andrade.
De este análisis es parte también la
solicitud de información gestionada ante la Secretaría de Finanzas del Estado
de Puebla, que después de dos años le entregó una copia del Fideicomiso 144.
Por eso, mencionó Díez, ante la negativa de Hacienda de revisar
cada Fideicomiso estatal de reestructura para saber en cuáles participó
Evercore, lo que hizo en noviembre pasado fue dirigir una solicitud de
información a Marcela Andrade, única de los tres que queda en la SCHP.
“Vemos
esta conexión”, dijo Díez entrevistado por este diario digital. “Y lo más grave
es que estas personas podrían estar revisando estas deudas públicas, lo cual es
un conflicto de interés; es como auditarme yo solo. Entonces, como ella estaba
en Protego-Evercore, la pregunta específica es si cuando trabajaba ahí, se
realizaron proyectos de refinanciamiento en estas deudas públicas”, agregó.
La solicitud fue entregada a la
Oficialía de Partes de la SHCP con base en el derecho de petición garantizado por
el artículo Octavo Constitucional y, también, dijo Díez, a la Unidad
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría
de la Función Pública. Hasta el pasado
16 de diciembre, informó el abogado, ninguna había sido respondida.
Este
medio también ha solicitado información a la Secretaría de Hacienda, sin que
hasta el momento haya respuesta.
El
pasado lunes 26 de diciembre, SinEmbargo publicó que, desde 2002, la empresa
fundada en 1996 por el ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas,
Pedro Aspe Armella, ha participado como asesor o promotor de créditos y
refinanciamientos en diferentes entidades federativas, entre ellas Coahuila,
Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Durango, Tabasco y otras.
“Al
menos cinco de las entidades mencionadas empezaron a tener problemas de deuda
con los años. [Humberto [ Moreira había recibido 323.2 millones de pesos y para
su último año completo en el Gobierno, 2010, la deuda era ya de 8 mil 267
millones de pesos, y de 36 mil 509 al cierre de quien quedó como su interino”,
reportó este medio.
“En
agosto pasado, además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró
una diferencia de 50 mil 464.2 millones de pesos entre la deuda que registraron
los estados ante la Secretaría de Hacienda y los pasivos reportados en sus
cuentas públicas, debido a que algunas entidades excluyeron informar al
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios (ROEMM) del
Gobierno federal sus ‘pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y
otras obligaciones que no se consideran deuda pública”, agregó el texto.
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