A una semana de que el alza a gasolinas, gas y diésel
provocara el incremento de precios en alimentos, bienes y servicios, los pactos
económicos que se firmaron en anteriores sexenios priistas con el propósito de
fortalecer la economía y proteger a las familias de escasos recursos
reaparecieron ayer en Los Pinos como respuesta a protestas, movilizaciones y
saqueos registrados en contra de esa decisión gubernamental.
Sin la participación
de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyos dirigentes se
negaron a suscribir el acuerdo por considerarlo “improvisado, incompleto e
insuficiente”, éste fue firmado por Enrique Peña Nieto y los representantes
del Consejo Coordinador Empresarial y del sector obrero, en una ceremonia en
Los Pinos.
Más que significativo, ese desacuerdo en la cúpula
empresarial por la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía y
la Protección de la Economía Familiar, sobre todo por el rechazo del sector
patronal a respaldar un documento hecho a la carrera y tardíamente, cuando la
carrera alcista galopa sin freno, ya causa estragos entre los sectores más
vulnerables.
No es la primera vez, ni seguramente será la última, que el
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de
Hoyos Walter, muestra públicamente su disenso en la aplicación de medidas que
debieron adoptarse antes de anunciar un incremento como a los combustibles, que
es el más inflacionario porque absolutamente todo se transporta: productos del
campo, alimentos, bebidas, bienes y servicios.
El paquete para la instauración de éstas lo dejaron en manos
de Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, al
que habrá que ver si no por cumplir esa encomienda pierde terreno entre los
aspirantes a la candidatura del PRI a gobernar el Estado de México.
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