El suministro de agua
destilada a niños enfermos de cáncer en Veracruz podría considerarse crimen de
lesa humanidad, pero será muy difícil fincar una responsabilidad directa a los
ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, dijeron
expertos en derechos humanos y de la infancia a SinEmbargo.
Miguel Ángel Yunes Linares denunció hace unos días que ambas
administraciones de sus antecesores aplicaron medicamentos apócrifos a niños
enfermos durante las quimioterapias. Su dicho lo sustentó en un estudio
realizado por el Laboratorios Roche.
Sin embargo, a pesar
de la denuncia pública, el Gobierno de Veracruz aún no ha interpuesto una
denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) u otra
instancia, lo que es considerado por los especialistas como el primer paso para
buscar la verdad y justicia.
Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de los derechos
humanos, dijo que el Estatuto de Roma,
aceptado por México, establece en su artículo séptimo que se entiende como
crimen de lesa humanidad al ataque generalizado o sistemático contra la
población civil, perpetrado con conocimiento.
“Si hubiese habido
información oculta por parte del proveedor de las medicinas, igual podría
alegarse que este daño que se generó se dio sin consentimiento, sin embargo,
todo indica que había no sólo conocimiento de que estos no eran los
medicamentos adecuados, sino que se buscaba que así fuera para obtener el
lucro. El Estatuto de Roma dice que se entiende por ataque generalizado a
una línea de conducta que implique la comisión de actos sistemáticos en contra
de la población civil”, explicó.
El caso de los niños
de Veracruz podría ser atraído por la Corte Penal Internacional, luego de que
en México se denuncie y se juzgue por un tribunal. El proceso podría llevar
varios años, quizás hasta una década, pero
de encontrar culpables las penas podrían ir desde los 10 años hasta la
reclusión perpetua si la gravedad de la denuncia lo amerita.
“Si las víctimas no
obtienen justicia en un tribunal mexicano, de ahí la Corte Penal Internacional
considera si estas instancias no son las adecuadas para brindar justicia y toma
el caso”, añadió.
Robles Maloof precisó
que los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que Javier Duarte
podría huir durante 10 o 15 años de las acusaciones por corrupción, fraude o
saqueo de las arcas públicas, pero no de un crimen de esa magnitud.
Yunes denunció que los medicamentos apócrifos se
suministraron en el Centro Estatal de Cancerología, y que fue el Laboratorio
Roche quien analizó varias muestras tomadas en 2010, cuando aún era Gobernador
Fidel Herrera, para concluir que lo utilizado en las quimioterapias no contaba
con el principio activo del medicamento.
De acuerdo con Miguel Ángel Yunes, el ex mandatario prófugo
de la justicia Javier Duarte no hizo
nada para investigar el hallazgo, sino al contrario continuó adquiriendo la
solución a la compañía Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V, una
empresa de familiares del Diputado federal Jorge Carvallo Delfín.
Hoy el Diputado
perredista Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados,
solicitó a la PGR y al Presidente Enrique Peña Nieto una investigación más
exhaustiva para verificar “hasta dónde se extendió el uso de medicamentos
apócrifos que ponen en riesgo la vida de los veracruzanos”.
Ojeda Anguiano afirmó que Javier Duarte dejó una secuela de “corrupción y de delitos de lesa
humanidad que rayan en genocidio”.
“Estamos en presencia
de conductas que van más allá de la corrupción, porque se trata de delitos
contra la humanidad y por ello Duarte debe ser detenido de inmediato; no sólo
que devuelva el dinero que se robó, sino que responda ante la justicia por sus
actos en contra la niñez veracruzana”, exigió.
Sin embargo será difícil que Fidel Herrera y Javier Duarte
sean acusados directamente de suministrar agua destilada a los niños con
cáncer. Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim), explicó que se tendrá que comprobar que ellos
firmaron directamente las órdenes.
En el suministro de
la solución apócrifa hay toda una cadena de personas involucradas, que incluye
desde servidores públicos, altos mandos, hasta médicos y enfermeras, detalló.
Pérez García consideró
que también será difícil comprobar que el agua destilada se inyectó en los
niños con la intención de matar, como sugiere un crimen de lesa humanidad.
“Tendría que haber un
hilo claramente conductor de que los dos ex gobernadores sabían, firmaron y
autorizaron ese medicamento. Si ellos firmaron la licitación y se demuestra que
hubo actos de corrupción puede fincarse responsabilidades directas, pero si lo
hizo el controlador, el administrador, ni siquiera el Secretario de Salud del
estado, entonces sólo hay una responsabilidad como Gobernador del estado”,
dijo.
El director de Redim insistió
en que la acusación de Yunes debe ser atraída lo más pronto posible por la PGR,
pues de no ser así, sólo quedará en el “dicho del Gobernador”.
Debe Investigarse Con Organismos Especializados.
“Deben tener los
registros y los expedientes. Tiene que atraerlo la PGR de manera inmediata y
ser acompañada por instituciones especializadas con una investigación
independiente. Es decir por el Instituto Nacional de Pediatría, de
Cancerología, expertos que nos van a decir dónde buscar para obtener evidencia;
porque un Ministerio Público cualquiera no sabrá qué buscar y dirá que no hay
pruebas”, explicó.
Si se logra ubicar a
niños y niñas que recibieron los tratamientos con agua destilada, el proceso
podría acelerarse si las familias recurren a las instancias internacionales
apelando a los derechos de los niños, pero de acuerdo con Pérez García, sólo es
una posibilidad.
Daniel Gersherson Shapiro, activista y presidente de
Alconsumidor, dijo que las autoridades mexicanas no tienen interés en
investigar casos como el que se denunció en Veracruz, por lo que sólo quedará
en un “tema para la sobremesa”, pero no irá más allá.
“Exhibe a un país
donde ya no hay límites a la corrupción, a la impunidad, pues el dinero es el
único valor. No importa que se mueran niños, siempre y cuando esos niños no
tengan recursos y pertenezcan a los grupos vulnerables principales víctimas de
estas políticas que aunadas a la corrupción y a la impunidad conforman una
coctel tóxico, donde nada nos sorprende […]. Esto lamentablemente será una
anécdota más que se le agregará al historial de Javier Duarte y Fidel herrera,
porque no hay una voluntad de la PGR y del Gobierno por combatir esta
situación”, dijo.
El activista recordó
la necesidad de que se incorpore en México un instrumento similar al que se
introdujo en Guatemala: una Comisión Internacional contra la Impunidad.
“Es un tema que hemos estado discutiendo en juntas formales
e informales, creo que es lo único que
podría salvar a este país”, dijo.
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