El secretario de
Salud estatal, Ernesto Ávila, dio a conocer que desde hace dos años hay una
denuncia penal ante la PGR por el uso de medicamentos oncológicos falsos que
fueron administrados a pacientes del Centro de Oncología del estado.
Sergio Piña Marshall
fue el primer secretario de Salud del exgobernador César Duarte y, antes de
dejar el cargo, denunció esa anomalía que ahora se robustece con nuevos
elementos, mismo que ya se han presentado ante la Fiscalía General del Estado
(FGE).
Ávila Valdez destacó
que la situación es igual de crítica y grave que la denunciada por el
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en aquella entidad.
“Por supuesto que sí (encontraron anomalías en el uso de
medicamentos para tratamientos oncológicos), de esa gravedad (de Veracruz). Nomás les voy a decir que sí, es una
investigación que tenemos, hay una denuncia y en su momento, cuando se den los
resultados, se los daremos a conocer”, dijo en rueda de prensa.
“Era para pacientes
con cáncer en el Centro de Cancerología donde se detectó ese asunto desde
mediados de la administración anterior. Hay denuncia, está en la PGR. Así
como en Veracruz, son medicamentos
oncológicos, inyectables. Sí hay (irregularidades) y sí lo vamos a sacar”,
detalló al preguntársele el estado de revisión de la dependencia.
El médico militar dijo
que aunque no puede decir la afectación a las personas que dependían de ese
medicamento, consideró que se trató de un crimen esa irregularidad.
“La afectación fundamental no es por el producto en sí que
te haga daño, sino por el efecto que no te da. Es como si te pones tú una
inyección del agua destilada, a lo mejor no te hace daño a tu salud, pero no te
cura la enfermedad. Si te doy en lugar de una tableta de aspirina, una de
talco, no te hace efecto. A lo mejor no te hace daño pero no te hace el bien
que se busca con ese medicamento. Aparte de ser un delito por el robo del
medicamento, por sobreprecio, es un delito porque está dejando sin cura al
paciente que lo requiere”, explicó.
Ávila refirió que han
estado trabajando en la documentación de información y evidencias que permitan
presentar las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes, para
que se castigue a quienes con fines de lucro jugaron con la salud de los
chihuahuenses.
En el periodo de Piña
Marshall, el colaborador y paisano de Duarte, Pedro Genaro Hernández Flores era
director del Comité de Administración en la dependencia de salud, al mismo
tiempo que era director del Seguro Popular.
Luego, a partir del 1
de noviembre de 2014, fue nombrado secretario de Salud con una serie de
señalamientos en su contra por la adjudicación de licitaciones de medicamentos,
productos de laboratorio, servicios subrogados, equipo y material médico, entre
otros.
Entre esas
revisiones, localizaron la denuncia de 2013 que presentaron también ante la FGE
por la adquisición de medicamentos falsos para el tratamiento oncológico.
Sin embargo, el
portavoz de la FGE Carlos Huerta dio a conocer que no cuentan con dicho
expediente, ya que seguramente fue presentado sólo ante la PGR.
Entre 2014 y 2016,
médicos y otro personal del sector salud presentaron por lo menos cuatro
denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La primera fue
interpuesta el año pasado por el conflicto de intereses entre las empresas
farmacéuticas y el entonces gobernador priista César Duarte, debido a que
compartían domicilio fiscal al mismo tiempo que se les favorecía con jugosas
licitaciones (WEB 6613).
La segunda denuncia (WEB 86560) fue presentada en julio pasado en contra de Hernández Flores por
haberse ostentado como profesionista sin serlo. Los quejosos piden que se
le castigue conforme al Código Penal Federal, que establece que es delito que
un funcionario se atribuya el título profesional sin tenerlo, según el artículo
250.
La denuncia indica
que “el secretario de salud de Chihuahua se ostenta públicamente como
profesionista, sin embargo, no existe dato alguno de su cédula y/o título
profesional en el Registro Nacional de Profesiones. El viernes 24 de julio
de 2015 se ostentó como doctor en la página oficial del gobierno del estado
(vivechihuahua.gob.mx), mientras que cinco días después se ostenta como
licenciado”.
Otra denuncia es la WEB 48631, en la que denuncian que desde
el segundo semestre de 2013 la
Secretaría de Salud adquirió con recursos federales un equipo de angiografía
para el hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.
El angiógrafo fue
entregado por la empresa General Electric en diciembre de 2013, por el que se
pagaron más de 20 millones de pesos, pero el aparato fue guardado en el
Hospital General de Chihuahua Salvador Zubirán, donde permanece sin ser
instalado en ningún nosocomio.
La queja fue
presentada contra Duarte Jáquez, Pedro Hernández y Rosa Isela Gaytán Díaz, así
como Víctor Manuel López Lozano, entonces director administrativo de la
Secretaría de Salud, y Antonio Navarrete Jurado, exdirector de Planeación de la
Secretaría de Salud.
“Según reportes publicados por la Auditoría Superior de
Chihuahua en su página de internet, la Secretaría de Salud estatal declara
gastar aproximadamente 10 millones de pesos al año en subrogación de
cateterismos cardiacos financiados mediante el Fondo de Protección de Gastos
Catastróficos manejado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
“El monto devengado
por este concepto en Chihuahua de un solo año es suficiente para financiar la
compra e instalación de un equipo propio en cualquiera de los hospitales
acreditados para mejorar urgencias cardiovasculares”, se agrega en la
denuncia.
En el perfil de Facebook de la dependencia, difunden: “Haga
cuentas usted: más de 20 millones de pesos anuales gastados entre Secretaría de
Salud, Pensiones Civiles del Estado e Instituto Municipal de Pensiones de
Chihuahua; 20 millones de pesos pagados
a hospitales como Christus Mugueza (donde operaron al exgobernador luego del
accidente en helicóptero) cuando se mantiene en la bodega del Hospital General
un equipo que costó esa cantidad y que eliminaría ese gasto durante al menos
cinco años”.
La denuncia coincide con la que el año pasado hizo personal
médico del Hospital General Salvador Zubirán de la ciudad de Chihuahua a Apro,
en el sentido de que el aparato con costó
de 22 millones de pesos lo compraron en
32 millones, porque todo lo adquieren a través de intermediarios.
Otras irregularidades
son la creación de empresas que compartían domicilio fiscal con negocios de
César Duarte y otro de sus colaboradores cercanos, el diputado federal Carlos
Gerardo Hermosillo Arteaga, concretamente en Periférico de la Juventud
8725.
Las empresas eran
Ymmarsa Pharmacéutica SA de CV y Servicios y Atenciones Médicas K, que están
ligadas a la cadena de farmacias que creció considerablemente el sexenio
pasado, Economik, y que una vez que se hizo pública esa irregularidad,
desaparecieron y fueron absorbidas por el empresario Eduardo Almeida Navarro,
quien es otro de los favorecidos con grandes licitaciones en el gobierno de
Duarte Jáquez.
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