Ve CCE hartazgo por corrupción y dispendio de recursos.

El Consejo Coordinador Empresarial llamó a la creación de un sistema anticorrupción sólido y destacó que las protestas por el gasolinazo tienen como factor común el hartazgo por la corrupción y el mal manejo del presupuesto público.

“Hay un elemento común en las movilizaciones y protestas que se han dado en todo el país por parte de los más diversos sectores y grupos, suscitadas por los aumentos en los precios de la gasolina: el elemento común es el hartazgo frente a la corrupción y el dispendio en el manejo de los recursos públicos en México”, expresó en un comunicado.

La organización dijo que la cohesión social depende en gran medida del combate a la corrupción que, aseguró, también funge como vacuna contra el populismo y la polarización. “Es indispensable para empezar a reconstruir la confianza, la confianza social y en las instituciones, que han sido socavadas hasta un punto inaceptable, con una brecha creciente entre la ciudadanía y la clase política”.

Asimismo, el consejo demandó que el Sistema Nacional Anticorrupción sea correctamente implementado a nivel estatal y municipal, con leyes homologadas en cada entidad.

A continuación el comunicado completo:

2017, EL AÑO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

Lunes, 16 de enero de 2017

Hay un elemento común en las movilizaciones y protestas que se han dado en todo el país por parte de los más diversos sectores y grupos, suscitadas por los aumentos en los precios de la gasolina: el elemento común es el hartazgo frente a la corrupción y el dispendio en el manejo de los recursos públicos en México; el clamor para que haya un cambio efectivo y a fondo en ese sentido.

2017, este año, tiene que ser el año del despegue de una verdadera cruzada nacional para abatir la corrupción y la impunidad con que ésta se da y se reproduce. Hay que consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y ponerlo en funcionamiento. Es indispensable para empezar a reconstruir la confianza, la confianza social y en las instituciones, que han sido socavadas hasta un punto inaceptable, con una brecha creciente entre la ciudadanía y la clase política.

La estabilidad y la cohesión social dependen en gran medida de que pongamos un freno a la corrupción. Esa es la vacuna contra amenazas como el populismo y la polarización social. Y no puede haber estabilidad económica, sin estabilidad social.

Es fundamental restablecer la confianza en las instituciones y regenerar la vida pública, cerrando las brechas que no dejan de crecer entre la ciudadanía y la clase política. Está a prueba nuestra voluntad de cambio, como nación.

Sería muy grave que el Sistema Nacional Anticorrupción quedara como un recurso gatopardista más, ante las circunstancias presentes, máxime cuando cuenta con los elementos necesarios para dar pie a una transformación real en la política y la administración pública en México.

Tenemos, todos, que involucrarnos para asegurar que se consolide su andamiaje institucional y operativo y, sobre todo, que funcione. En términos prácticos: no más escándalos sin aclaración o en la impunidad. La sociedad no puede seguir cargando con los pasivos que deja la corrupción.

Necesitamos una Secretaría de la Función Pública que realmente sea un órgano de control y disciplina interno efectivo, ejemplo a seguir en los estados y municipios; capaz de construir un sistema profesional de carrera, así como coordinación y desarrollo de política pública bien dirigida de prevención.

Requerimos, también, una Auditoría Superior de la Federación que no sólo sea capaz de auditar y revisar a detalle el debido uso de los recursos públicos, sino que también realice auditorías especiales y en tiempo real, para integrar expedientes que faciliten la sanción oportuna. Nuevamente: pasar de la denuncia en la prensa, a la denuncia ante la ley y la sanción aplicable.

Se exige una Fiscalía Anticorrupción con autonomía plena de gestión, para investigar y llevar al Poder Judicial casos tipificados como delitos, trátese de quien se trate; representante de la sociedad y no del poder político en turno.

Pedimos un Tribunal Anticorrupción que realmente sea autónomo para sancionar desde el plano administrativo; que efectivamente tenga parte en los casos que le sean presentados por cualquier órgano de control –interno o externo– de los tres órdenes de gobierno; que realice inteligencia institucional e investigación de oficio.

Una Contraloría interna real y efectiva; Auditoría Externa potente con base en la División de poderes; labor de fiscalización independiente del poder político o económico, como verdadero abogado de la ciudadanía; Tribunales especializados y eficientes.

Son los cuatro pilares fundamentales del Sistema. Este año deben quedar listos sus fundamentos.

Un factor clave para dar legitimidad y proyección al SNA como un verdadero instrumento ciudadano, democrático e independiente, es el Comité de Participación Ciudadana.

El método de selección de los integrantes es inédito: ciudadanos, electos por los representantes democráticos serán quienes elijan, a través de la Comisión de Selección. La relevancia del proceso salta a la vista: el comité ciudadano es más que una pieza clave del SNA: además de ser parte de su Comité Coordinador, uno de sus miembros lo presidirá.

Es hora de dar el paso: de un cambio de paradigma en México, que ponga al combate a la corrupción como función esencial e imprescindible del Estado. La clave es no fallar en la implementación. Todos los sectores debemos de trabajar en conjunto para lograr mejorar la situación del país en el tema.

Las prioridades de implementación son muy puntuales:

Asegurar la instrumentación a nivel local, ya que buena parte del problema está en los estados y municipios. En este sentido, necesitamos leyes homologadas en todo el país, estado por estado.

La reforma anti corrupción no está aislada de la reforma en materia de Justicia, por lo que la designación del fiscal general es muy relevante. En este sentido, pedimos visión y actitud de Estado; dejar totalmente afuera las afiliaciones partidistas.

No habrá efectividad si nos quedamos en la parte regulatoria. Debemos de acompañarlo de un proceso efectivo, con una voluntad política de efectivamente llevarlo a cabo.

Se deben desmantelar redes de corrupción, más que aumentar el número de funcionarios sancionados.

Se debe trabajar en el concepto de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos. El Consejo de la Comunicación trabaja en una campaña de comunicación en ese sentido.

En la iniciativa privada: cero tolerancia ante la corrupción. Proactividad para construir una cultura de integridad, cumplir con todas las leyes y demandar el mismo nivel de integridad en todos los proveedores.

Impulsar un mayor grado de adhesión al Código de Integridad y Ética Empresarial y a mecanismos de cumplimiento.

La demanda es concreta: que los compromisos estipulados se cumplan cabalmente. Que se hagan acciones para dar testimonio que vamos avanzando. Que se incorpore a la sociedad civil como garante y pieza fundamental del Sistema. Que no se ceda a presión alguna que busque menguar su capacidad. No podemos perder esta gran oportunidad para México, este 2017 tiene que ser el año anticorrupción entre los mexicanos, nuestras instituciones, y nosotros como sociedad.