“Abona a la impunidad” resolución final de la PGR sobre caso Zerón.

Decenas de organizaciones sociales, activistas y académicos consideraron que la resolución final de la Visitaduría General de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “abona a la impunidad y violenta el estado de derecho”.

En un pronunciamiento conjunto firmado por 80 organizaciones de 21 estados del país que forman parte de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), así como la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), y los programas de derechos humanos de varios planteles de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, entre otros, calificaron como “decepcionante” el resolutivo final de la PGR, documento del que da cuenta Proceso en el número que circula en esta semana.

Los activistas recordaron que la investigación interna contra Zerón y otros funcionarios que participaron en diligencias relacionadas con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que no fueron integradas al expediente, fue el resultado de una denuncia pública del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su último informe de abril pasado.

De acuerdo con las consideraciones de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 28 de octubre de 2014, uno de los procesados fue trasladado al río San Juan en Cocula, sin la asistencia de su abogado defensor, actuaciones con las que “se ha pretendido sostener la hipótesis oficial: en el lugar de las actuaciones irregulares se habría encontrado un día después la bolsa donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos”.

En el pronunciamiento se resaltan las revelaciones hechas por Proceso y otros medios del Acuerdo de Conclusión, realizado por el entonces visitador César Chávez, en el que se confirmaban las “graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias en ese río, encontrando al menos 13 irregularidades y ordenando el inicio de una investigación penal”, y que antes de que el documento se dictaminara, el funcionario fue removido de su cargo.

La resolución final a cargo de la visitadora Adriana Campos, dada a conocer la semana pasada, “abona a la impunidad y violenta el estado de derecho”, y “no sólo constituye un nuevo agravio a las familias que aún demandan justicia y verdad, también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR en la medida en que evidencia cómo los controles internos constituidos por instancias, como la Visitaduría General, carecen de dependencia, firmeza y capacidad técnica”, apuntan las organizaciones y los activistas.

Luego resaltan que es claro que el documento original realizado por el visitador Chávez fue “recortado en sus principales alcances”, entre ellos “omitir toda referencia al derecho internacional de derechos humanos, al considerar legales las detenciones que fueron arbitrarias, al no responsabilizar a Tomás Zerón de violar el derecho a la verdad por no informar de las diligencias en el río San Juan y al no pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río”.

Al considerar que el dictamen final “encubre severas injusticias”, agregan que la importancia que podría tener el documento “se diluye al sólo proponer el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves, dejando de lado el inicio de investigaciones penales”.

Por si lo anterior no fuera grave, los activistas alertan que la resolución final “alienta la arbitrariedad de las policías de investigación, pues se les permite situarse al margen de las obligaciones básicas de respeto al debido proceso y de su sujeción al MP”, de ahí que recomiendan tomar en cuenta este caso en el diseño de la Fiscalía General de la República.

Igual consideran que al dejar en manos de la Secretaría de la Función Pública (SF) el caso de Zerón, “su desenlace pondrá a prueba las recientes reformas al Sistema Nacional Anticorrupción”, ya que la dependencia es encabezada por Arely Gómez, quien fuera superior del ahora secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).

Al considerarlo como un “pésimo precedente”, las organizaciones, académicos y activistas hicieron votos porque el dictamen final sea revisado “en las instancias judiciales correspondientes y que se transparenten todos los procedimientos administrativos y sus resoluciones, de modo que esta determinación no constituya un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y verdad” para el caso Ayotzinapa, que “sigue siendo no sólo del interés de las víctimas sino de todo México”.

Entre los activistas y académicos que respaldan el pronunciamiento destacan Aleida Calleja, Carolina Pimentel, Daniel Gershenson, Guadalupe Barrena, Jacobo Dayán, Layda Negrete, Luis Daniel Vázquez, Maité Azuela y Margarita Griesbach.

Aparte de las 80 agrupaciones que integran la Red TDT, resaltan Alarbo, Causa en Común, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Unido contra la Delincuencia, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, I(dh)eas Litigio Estratégico, Justicia Pro Persona, Instituto de Justicia Procesal Penal e Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.