Adrián López Ortiz.
Este
14 de febrero, el periodista y académico Sergio Aguayo hizo pública una
solicitud para recusar al juez titular del litigio que libra con el ex
Gobernador Humberto Moreira.
Con
argumentos sólidos, la defensa de Aguayo acusa al Juez Alejandro Rivera
Rodríguez de operar con parcialidad y en favor del desprestigiado ex Gobernador
del lavadero… en el abdomen, digo.
Desde una redacción tendenciosa,
hasta la solicitud de una fianza que terminó en manos de la defensa de Moreira,
la defensa de Aguayo sostiene que existe
una “violación sistemática de la legalidad y la ausencia del debido proceso…”
por parte del Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México.
El caso es relevante por dos
razones. Primero, porque Aguayo es una
de las voces críticas más respetadas de este país, tanto por su solidez técnica
como por su integridad personal.
Y segundo, porque el caso no es único. Están ahí muchos otros, como el de Sanjuana
Martínez contra Jesús Ortega, pero con un fondo similar: periodistas demandados
por políticos poderosos por “daño moral”.
No
se me mal entienda, los periodistas debemos ser responsables de nuestra voz y
asumir las consecuencias. Pero eso debe dirimirse en los juzgados en igualdad
de circunstancias y con la garantía de un proceso correcto y limpio.
El
problema es cuando el sistema judicial no está allí para proteger los derechos
humanos y la libertad de expresión, sino para garantizar la impunidad de los
corruptos.
Demandar
por daño moral se ha vuelto una vía que los poderosos usan para a través de sus
influencias y su dinero, torcer el sistema y afectar, tanto el proceso judicial,
como el resultado del mismo.
En la lógica actual, el sistema judicial mexicano no solo
permite que la corrupción no se castigue sino que impide que se hable de ella. Eso
es grave, porque a la falta de justicia pronta y expedita, también se renuncia
a un mínimo de justicia narrativa.
¿Qué
nos queda a los mexicanos frente a la corrupción y el abuso de autoridad si nos
quitan la voz?
Por
eso la importancia de que la sociedad ponga especial atención en estos casos.
Porque no hablamos solo de un juicio entre un periodista y un político, sino de
una discusión más amplia y con alcances más generales: la afectación del derecho humano de libre expresión, uno de los pilares
de la democracia moderna.
Por
eso hay que solidarizarse con Sergio Aguayo y todos los periodistas intimidados
por esta vía. Para que el ojo público ayude que a su juicio corra con el debido
proceso. Para que todos sepamos los argumentos de ambos lados, para que no nos enteremos de repente de
resoluciones en lo oscurito.
Repito, no es sólo el pleito de
Sergio Aguayo contra Moreira. Todo parece indicar que –también en esta ocasión
y como suele suceder en este país-, el periodismo y la libertad de expresión
tendrán que enfrentarse contra el sistema completo.
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