El responsable en la
PGR de la Oficina para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, confirmó que la
situación jurídica del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal
(AIC), Tomás Zerón de Lucio, será analizada por la Secretaría de la Función
Pública, cuya actual titular Arely Gómez fue superior jerárquica del actual
secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
La información fue expuesta en una conferencia de prensa en
la que participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores,
Roberto Campa y Miguel Ruiz, así como la subprocuradora Sara Irene Herrerías,
posterior a la reunión con padres de los 43 normalistas desaparecidos,
encabezada por el titular de Segob Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador
general de la República Raúl Cervantes Andrade.
Higuera Bernal dio a
conocer además que el sucesor de Zerón de Lucio, Omar García Harfuch, está
siendo investigado por su oficina y por la Visitaduría General, a petición de
los padres de los 43.
Al señalar que fue la Visitaduría General, “en términos de
su autonomía”, la que fundamentó cada uno de los señalamientos sobre los
funcionarios involucrados en los hechos del 28 y 29 de octubre de 2014 en el
río San Juan, Higuera Bernal señaló que fue esa área la que decidió que en el
caso del “exdirector de la AIC fuera la Secretaría de la Función Pública la que
determine el campo de responsabilidades respectivas con base en la
investigación”.
En cuanto a García
Harfuch, apuntó que “los abogados acreditados como coadyuvantes hicieron una
serie de peticiones para que en vías de investigación se realizaran
diligencias, entre ellas la examinación telefónica”, a lo cual se habría
procedido de manera que “se realizan indagaciones de diversas naturaleza a
través de la Visitaduría y de la Oficina de Investigación”.
El funcionario destacó que entre los acuerdos tomados este
jueves con los padres de familia de los desaparecidos resalta el ampliar la
zona de búsqueda utilizando la tecnología Leader 60 kilómetros cuadrados, lo
que sería una zona más amplia de los cinco puntos sugeridos por los integrantes
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene
Herrerías, agregó que el acuerdo de conclusión sobre la investigación de Tomás
Zerón y otros funcionarios de la dependencia, entregado ya a los padres, será
revisado en conjunto con la visitadora general “para aclarar sus dudas”, una
vez que ellos lo analicen.
Herrerías puntualizó que, en el caso Iguala, el procurador
Cervantes instruyó a “agotar todas las líneas de investigación aportadas por el
GIEI, por la coadyuvancia y las líneas de investigación de la misma Oficina
para el Caso Iguala”.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto
Campa Cifrián, enlistó los acuerdos a los que se llegó en la reunión con los
padres de los jóvenes desaparecidos y sus representantes.
Entre los compromisos
alcanzados subrayó la reanudación del “esquema de interlocución y comunicación
mensual” para evaluar el avance de las investigaciones, en las que la
Secretaría de Gobernación apoyará con equipo para análisis de telefonía y
personal de la policía para tareas de campo.
Según Campa, además de dar seguimiento a las líneas de
investigación indicadas por el GIEI, se acordó que “se coordinara el trabajo
con el Mecanismo de Seguimiento”, en tanto que el procurador se comprometió a
aportar los recursos necesarios “para financiar las investigaciones, la
tecnología Leadar, operaciones de trabajo y administrativo”, además de enviar
una circular a todas las áreas de la PGR que tengan información sobre el caso
Iguala, para que la aporten a la Oficina especial, dependencia que también se
encargará de conocer la información que existe en la Fiscalía de Guerrero al
respecto.
En tanto, el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas dijo que se
hará del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
el avance de las investigaciones, mismas que se apegarán a lo estipulado en los
informes del GIEI.
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