Mensajes de odio e
intimidatorios y amenazas de muerte contra él y su familia son las secuelas que
sufre Raymundo Ramos Vázquez por denunciar casos relacionados con abusos
cometidos por soldados y marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Como presidente del
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), única organización de su
tipo activa en la ciudad fronteriza, Ramos Vázquez está en riesgo permanente
desde 2011 por atreverse a representar a víctimas de violaciones graves a
derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, y se
considera a sí mismo como un ejemplo de lo que puede ocurrir con otros
defensores en caso de que se concrete la Ley de Seguridad Interior, que
pretende dar poder a las fuerzas federales para asumir tareas de seguridad
pública.
Su caso fue presentado ante Michel Forst, relator especial
de la ONU para la situación de defensores de derechos humanos, en su más
reciente visita de trabajo a México, quien lanzó una alerta sobre los riesgos
que corren los activistas y “la población en general” si se sigue con el
proyecto de mantener a los militares en las calles.
En su informe preliminar presentado el miércoles 25 a
representantes del Estado mexicano y a la prensa, Forst incluyó el tema como
parte de sus preocupaciones sobre el ambiente de violencia generalizada en el
país y la utilización de las fuerzas castrenses para combatirla.
“Sin embargo, el uso
de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un
programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil levanta
varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber
puesto fin a la violencia”, señala el documento.
En su reporte, Forst
se refiere a las denuncias de graves violaciones a derechos humanos recabadas
durante su visita, en la que tuvo contacto con 800 activistas, y de las
represalias sufridas por quienes encabezan la defensa de familiares y víctimas
de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
“Debido a las
denuncias de estas violaciones, los defensores de derechos humanos tienen un
riesgo más elevado de ser blancos de ataques y agresiones. Quienes denuncian
violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, así como de
autoridades investigadoras, se encuentran en un mayor riesgo de represalias”,
indica el reporte preliminar.
Agravios de las Fuerzas Armadas.
En entrevista con Proceso, Michel Forst considera una “señal preocupante” la pretensión de que las
Fuerzas Armadas asuman funciones de policía, pues “la función del Ejército es
proteger al país en un estado de emergencia o excepción y ese no es el caso de
México. Entonces ¿por qué va a estar el Ejército en las calles controlando a
las personas y controlando a los defensores, atacando a los defensores?”
El relator afirma que
durante los encuentros con activistas pudo documentar casos en los que hay
“implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra los
defensores” que litigan violaciones graves a derechos humanos, así como contra
ambientalistas y defensores del territorio.
Ellos “no sólo son
amenazados, sino también ejecutados por parte del Ejército; también tenemos
casos en que marinos han sido responsables de ataques, secuestros y
detenciones” de los activistas.
Forst, quien en marzo de 2018 entregará el informe
definitivo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que de aprobarse
la Ley de Seguridad Interior incluirá el tema en el reporte final.
Raymundo Ramos Vázquez es uno de los defensores vulnerables
de los que habló Forst. El relator conoce bien al presidente del CDHNL, pues
desde 2014 solicitó al Estado mexicano medidas de protección para Ramos, quien
cuenta además con medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y está integrado al Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, medidas que no han sido obstáculo para que
sea objeto de ataques que, por lo demás, se mantienen en la impunidad.
Defensor en el caso
de las muertes bajo el fuego militar de los niños Bryan y Martín Almanza
Salazar, Ramos Vázquez ha documentado por lo menos una docena de desapariciones
forzadas y otro tanto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por marinos y
soldados desplegados en Nuevo Laredo.
La más reciente queja, la
ejecución de ocho hombres en el kilómetro 13 de la carretera nacional Nuevo
Laredo-Monterrey, ocurrida el 3 de septiembre último y denunciada ante la CNDH
con el apoyo de un video que evidencia la participación de soldados del XVI
Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército (Proceso 2086) derivó en una
feroz embestida contra Ramos Vázquez en redes sociales.
Después de presentada la queja ante la CNDH por los
homicidios, Vázquez empezó a ser objeto de mensajes difamatorios y amenazas,
por lo que notificó de los hechos al ombudsman nacional y al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Ramos Vázquez expone
a la reportera la más reciente denuncia penal que presentó el 11 de enero en la
Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) ante las
amenazas que ha recibido a través de dos portales de internet que, por su
contenido, dice, podrían estar siendo operados y administrados por personal
castrense de Nuevo Laredo.
El activista sostiene que para documentar su querella
decidió explorar en las páginas de internet Nuevo Laredo frontera al rojo vivo
y Nuevo Laredo en vivo noticias, utilizadas para atacarlo.
“A partir de que se hacen públicas las amenazas, buscamos
algunos perfiles que aparecen en redes sociales, en particular en Facebook;
aparecen algunos nombres, que no sabemos si sean los verdaderos, y algunas
imágenes de personas que regularmente lanzan amenazas hacia mi persona.
“Esas personas visten con uniformes del Ejército, de la
Marina o de la Policía Federal, su lenguaje es muy similar al que utiliza el
personal militar, y el odio que están externando está enfocado al trabajo que
hemos desempeñado como defensores, en el caso particular de los ocho hombres
ejecutados en el kilómetro 13 de la carretera nacional.”
En las copias de las
comunicaciones de esas páginas hay menciones de que los defensores de derechos
humanos en Nuevo Laredo reciben dinero “para desprestigiar al ejército y
marinos”; se refieren a Ramos como “activista de Los Zetas”; acerca de la
documentación de las ejecuciones extrajudiciales de ocho personas, realizada
por la CNDH y el presidente del CDHNL, se lanzan comentarios de que es un
trabajo “en apoyo a los malandros”, en tanto que a los miembros de las Fuerzas
Armadas se les enaltece con palabras como “ánimo soldados y marinos, los lacras
seguirán muriendo y los piches derechos humanos les seguirán los pasos si
siguen jodiendo”.
En la querella presentada, Ramos Vázquez integró fotografías
tomadas de tres perfiles de Facebook de quienes dicen llamarse Genaro Mendoza
Hernández, Carlos Hernández Escobar, Axel Alejadre Y Carlos Martínez Cantú.
“Es probable que los
nombres sean falsos; por eso estoy pidiendo que se investigue a fondo, porque
hasta ahora el departamento de recursos humanos de la Secretaría de la Defensa
Nacional ha informado a la CNDH que esos nombres no corresponden a miembros de
sus filas, pero no revisaron las imágenes, además de que de forma sistemática
la Sedena suele rechazar cualquier señalamiento en contra de su personal”,
apunta el defensor.
De acuerdo con las
imágenes, dichos personajes tienen corte de cabello tipo militar, placas de
identificación de las que suelen utilizar los soldados, visten uniforme de
camuflaje militar o de la Policía Federal y uno de ellos sostiene un fusil de
uso exclusivo del Ejército.
Otros indicios que
apuntalan la hipótesis de Ramos Vázquez están en al menos una de las páginas de
internet, Nuevo Laredo frontera al rojo vivo, cuyos administradores incluyen en
la información del portal “el número de emergencia 066, que ahora es el 911,
manejan los teléfonos del cuartel militar y los teléfonos de seguridad pública,
y la seguridad pública de Tamaulipas está en manos de las fuerzas federales”.
Más aún, el domicilio
donde estaría ubicado físicamente el blog “corresponde al C4, que es operado
por militares. Entonces, si visten como militares, hablan como militares y se
sienten afectados por los asuntos que nosotros hemos presentado por hechos
atribuidos a la Sedena, es muy probable que sean militares”.
Cuenta que días
después de que presentó la denuncia en la PGR, “cesaron todo tipo de
publicaciones y eso confirma que personal militar de Sedena está involucrado;
si fueran personas civiles o a título
personal seguirían haciendo las publicaciones. Esas personas no sabrían que yo
los demandé, pero Sedena sí sabe”.
Abunda que tras cuatro meses de ataques continuos en los
portales mencionados, aquellos cesaron días después de la reunión de evaluación
que cada viernes llevan a cabo los representantes de las instituciones de
seguridad pública en Nuevo Laredo en las instalaciones militares.
“Es muy probable que en la reunión siguiente a la fecha en
que puse mi denuncia el subdelegado René Herrera Jaramillo haya dicho que tenía
una querella en contra de miembros de la Sedena. Hasta les pudo haber dado
copia y eso hizo que se frenaran las publicaciones”, considera el activista.
“Ánimo de no investigar”
Pese a que los elementos referidos, según Ramos Vázquez,
justificarían la intervención de autoridades federales en la indagatoria, el miércoles 25 se enteró de que la PGR
determinó remitir el caso a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas,
lo que confirmaría que la dependencia encabezada por Raúl Cervantes “no quiere
investigar al Ejército”.
Refiere que desde que
llevó el documento de querella a la subdelegación de la PGR, el responsable de
esa oficina, Herrera Jaramillo, “no quería aceptarla”, y lo hizo hasta que
Ramos Vázquez le advirtió que presentaría una queja contra él en la CNDH y una
denuncia en la Visitaduría de la PGR.
“El licenciado
Herrera me dijo que entonces la recibiría pero no iba a investigar. Sin
leer el documento me dijo que no era su competencia, que enviaría la querella a
la Ciudad de México para que allá decidieran, y resulta que desde el 13 de enero decidieron turnar el caso a la
procuraduría local”, narra el defensor.
Para Ramos Vázquez la
respuesta de botepronto que le dio el subdelegado Herrera “habla del ánimo de
no investigar, de la intención de seguir protegiendo al Ejército y la Marina y
sus fechorías, y también habla de un criterio institucional”.
Apunta que la prueba más clara de la negativa de la
delegación de la PGR a investigar denuncias por abusos graves cometidos por
fuerzas federales es que desde 2011 están abiertas “105 averiguaciones o
carpetas de investigación por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en
las que están involucrados miembros de la Marina, Sedena y Policía Federal, y
no hay un solo consignado ante un juez. Son casos que ocurrieron Matamoros,
Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico. En Tamaulipas la PGR no
funciona, y en mi caso, además no quieren investigar”.
No es la primera vez
que Ramos Vázquez advierte que por su trabajo es blanco de amenazas graves.
En el Acuerdo de Incorporación al Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de septiembre de
2013 se narra que por representar a familiares de seis desaparecidos –estas
desapariciones, perpetradas en 2011, son atribuidas a miembros de la Marina–
“fue víctima de un intento de secuestro”.
El activista dice que en 2013 una persona detenida
irregularmente por marinos le comentó que durante un sobrevuelo en helicóptero
por la colonia donde están las oficinas del CDHNL los aprehensores le dijeron:
“Ahí está el pinche Raymundito. Dile que a él también lo vamos a desaparecer”.
En mayo de 2014 un centenar de marinos intentaron allanar
las oficinas del CDHNL. Por esos hechos el relator Michel Forst pidió una
acción urgente al Estado mexicano y medidas de protección para Ramos.
Ramos Vázquez
responsabiliza de su integridad, la de su familia y de sus colaboradores a la
Sedena y a la Marina, y apunta que su caso es un ejemplo claro de que dejar la
seguridad pública a merced de las Fuerzas Armadas es un riesgo para la
población en general.
Señala que diversas organizaciones se han reunido con
legisladores federales para informarles de los convenios internacionales que se
contraponen al proyecto de Ley de Seguridad Interior. En los hechos, dice, “nuestro
sistema de justicia no es confiable ni independiente” para atender posibles
abusos.
Agrega: “Si en tareas
de investigación o de contención a la delincuencia, como le llaman ellos,
elementos de las Fuerzas Armadas cometen delitos, no va a haber quién los
juzgue, no va a haber ni la imparcialidad ni el valor ni la voluntad política
para que sean sancionados”.
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