Detienen en Chiapas a empresarios que exigían con plantón el pago de adeudos al gobierno de Velasco.

Policías estatales detuvieron esta mañana a más de 50 miembros del grupo Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO) tras ser desalojados del plantón que mantenían en el edificio de la Torre Chiapas, donde exigían sus pagos a la Secretaría de Hacienda.

Cerca de las dos de la mañana, camiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), así como elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llegaron hasta el edificio de la Torre Chiapas y empezaron a desmantelar las casas de campaña que por más de una semana estuvieron instaladas junto a las oficinas gubernamentales.

La PGJE informó que fueron detenidas al menos 57 personas, entre ellas el líder del grupo ECHO, Rafael Jiménez Arechar.

Desde hace un año, los empresarios mantienen un movimiento contra el gobierno estatal para que les paguen adeudos por servicios y contratos de compra-venta a diversas dependencias del Poder Ejecutivo.

La PGJE confirmó que a Jiménez Arechar le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de despojo agravado, así también a los detenidos Jorge Ricardo “N”, Óscar Alfonso “N”, Luis Armando “N”, Sayi Yazmín “N”, y Mercedes del Carmen “N”.

Asimismo, la PGJE reportó que 57 personas están detenidas y se les recabará su declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan y se resolverá su situación jurídica en términos de Ley.

Según la versión oficial de la PGJE, el fiscal especializado Adulfo Chacón Ruiz informó que el operativo se realizó con la finalidad de recuperar el inmueble luego de recibir la denuncia por la representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas.

La PGJE refirió que “el grupo invasor reclama una serie de adeudos por parte del gobierno del estado, instancia que ha ofrecido una mesa de diálogo para atender este tema”.

Chacón Ruiz recordó que los casos que no han sido pagados es debido a que las instancias correspondientes observaron serias irregularidades, pues en algunos casos las facturas presentan sobreprecios, no cuentan con contratos y pedidos, actas de adjudicación o incluso no existe documentación de soporte original que acredite las ventas que hicieron al gobierno.

Por lo anterior, señaló, se determina que no se puede pagar por servicios inexistentes o que representen un agravio premeditado a la institución; y agregó que las supuestas ventas se hicieron durante el gobierno anterior y no están acreditadas.

También puntualizó que el gobierno del estado ha dejado en claro que quienes no obtuvieron solución ante estas instancias, están en su derecho de buscarla a través de las vías jurisdiccionales correspondientes, pero no se cederá ante protestas de grupos que no tienen sus adeudos justificados.

“El gobierno del estado escucha y dialoga con los empresarios, y refrenda su compromiso de saldar los adeudos que se tienen con los distintos proveedores, pues son los empresarios los que contribuyen a la reactivación económica de la entidad”, enfatizó.

Por otra parte, el encargado de la investigación reveló que como parte de la Carpeta de Investigación 0018-101-2001-2017, iniciada por el delito de despojo, se conoció que el pasado 23 de enero un grupo de alrededor de 200 personas ingresó de manera violenta al lugar, posesionándose de la plaza cívica donde instalaron casas de campañas impidiendo el libre acceso al personal y a los usuarios.

“Posteriormente, se solicitó y obtuvo del Juez de Control las órdenes de aprehensión en contra de los imputados, en el marco de la causa penal 48/2017, por lo que en las últimas horas se cumplimentaron, siendo recluidos en el penal de El Amate”, afirmó.

“Continuamos con las investigaciones por lo que es importante dejar en claro que somos muy respetuosos de las manifestaciones, sin embargo, no se tolerará que se violenten los derechos de terceros, por lo tanto este desalojo se trata de una actuación jurídica apegada a Derecho”, agregó.

Los empresarios mantenían ese plantón y campamento desde el pasado 23 de enero. La última acción que protagonizaron, fue el día de ayer miércoles que bloquearon los acceso a la “casa oficial de gobierno”. Con sus camionetas, camiones y maquinaria pesada taparon todas las calles de la residencia oficial del gobernador en la colonia El Mirador.