Familiares de
desaparecidos dieron la espalda al subsecretario de Segob Roberto Campa Cifrián
y abuchearon al fiscal estatal Jorge Winckler Ortiz por hacerlos esperar más de
tres horas a las afueras de la FGE para una reunión de trabajo donde se darían
resultados y avances sobre casos concretos de víctimas.
“Ineptos, malos
modales, incompetentes, respeten nuestra calidad de víctimas, ¿de qué corral
salieron? pues parecen animales por insensibles”, eran las consignas que
recibieron Campa, Winckler y el fiscal especializado para Desaparecidos Luis
Eduardo Coronel, así como otros funcionarios de Segob ahí presentes.
Colectivos como Solecito, Familias Enlaces Xalapa, Hasta
Encontrarlos y Red de Madres Veracruz, entre otros, comenzaron a llegar desde
temprana hora a la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en la zona sur de
la capital; sin embargo, tras dos horas de espera, en donde policías
ministeriales tenían afuera del inmueble a los quejosos, fue que decidieron
irrumpir por la fuerza en esas oficinas y apersonarse en la sala de juntas del
tercer piso de la Fiscalía.
Las madres de desaparecidos lograron entrar empujando al
policía del área del detector de metales, brincando torniquetes y pidiendo el
apoyo de la prensa. Ya en el tercer piso, mientras nadie les daba respuesta
puntual del arribo de Campa Cifrián, Jorge Winckler y de otras autoridades,
soltaron su retahíla de quejas en la sala de juntas.
Denunciaron que van
218 cuerpos exhumados por colectivos en el cementerio clandestino de Santa Fe,
mientras hay indiferencia de la Fiscalía, que la última vez que dio información
del caso sólo reconoció 164 cuerpos.
Lucy Díaz Henao
explicó que son las madres del colectivo Solecito quienes han “financiado” las
exhumaciones de miles de fragmentos óseos y de más de 200 cráneos, pues la FGE
del nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha querido apoyarlas con
recursos.
También recriminaron
que pese a que desde el 2 de agosto y a la fecha hay más de 200 cuerpos
exhumados, menos de diez han sido identificados y entregados a sus familiares
por la lentitud de las autoridades en el cotejo de los exámenes de ADN con las muestras
de restos humanos.
Por separado Griselda Barradas, madre del agente del MP
especializado en el operativo Veracruz Seguro, Pedro Huesca Barradas, cuyos
restos fueron reconocidos en el cementerio de Santa Fe hace un mes, fustigó ante los reporteros que han pasado
30 días y la Fiscalía no puede entregar los restos de su hijo.
Moisés Sánchez León, quien busca a su hija Julissa Sánchez
desde el 19 de marzo pasado, reprochó
que por la colusión de la delincuencia organizada con servidores y ex políticos
de Veracruz. Es por lo que las autoridades no quieren dar respuesta ni
resultados.
Una hora antes de que Campa Cifrián y Winckler arribaran a
la reunión –que comenzó tres horas después de lo pactado–, un empleado salió a
ofrecer disculpas y a decir que Winckler había ido por Campa al aeropuerto del
Puerto de Veracruz y que por ello no podía atenderlos de momento.
Esta excusa desató
más la ira de las activistas, quienes recriminaron: “No sabíamos que el fiscal
también era chofer”.
En Veracruz en los primeros 80 días del gobierno de Yunes se
había prometido que el tema de los desaparecidos sería “jerárquico” en la
agenda pública, sin embargo, en las
reuniones con colectivos de desaparecidos el titular de la FGE suma dos
ocasiones en que deja plantados a los familiares.
En territorio
veracruzano, durante el sexenio de Javier Duarte, hubo mil 100 desapariciones
con averiguación previa abierta, la mayoría de ellas donde padres continúan en
la búsqueda de sus hijos.
A escala nacional, Veracruz ocupa el primer lugar en
desaparición forzada, pues aglutina 17% de los casos, por encima de Guerrero y
Tamaulipas, según datos oficiales de la PGR entregados a Apro.
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