El gobierno de
Quintana Roo dio más de 50 millones de pesos a una empresa fantasma para la
elaboración de un Atlas de Riesgos, que no ha sido entregado.
La administración de
Roberto Borge otorgó el contrato con la empresa Gusluher Enviromental Service
Providers, S.A. de C.V., por un monto de 50 millones 360 mil pesos, a través de
una licitación cerrada.
Lo anterior pese a
que tres investigadores de la Universidad de Quintana Roo ofrecieron al
gobierno de Borge elaborar el Altas en siete meses, y 94% más barato: costaría
solo 2 millones 957 mil pesos.
El objetivo de la empresa Gusluher, según su sitio web, es
“colaborar con las autoridades y la iniciativa privada para cumplir con los
requerimientos legales en materia ambiental, ofreciendo soluciones que logren
el desempeño ecológico, económico y social, encaminado a la sustentabilidad”.
Sin embargo, la
empresa no tiene antecedentes de otros contratos con la administración pública
estatal o la federal, y tampoco hay registros de que haya realizado algún
trabajo relacionado con la prevención de riesgos, o en materia de protección
civil, por contingencias climatológicas.
De acuerdo con los registros de la empresa, entre sus
principales clientes se encuentran empresas dedicadas a la minería.
Según la licitación, el apoderado legal de la empresa es
Gustavo Adolfo Pérez Acosta, de quien en la web existe muy poca información, ya
que se limita a describir su participación en eventos y ponencias relacionadas
a la actividad minera, pero nunca en materia de protección civil.
Empresa y trabajo fantasma.
Las autoridades de
Protección Civil y de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado
confirmaron que el domicilio fiscal de la empresa Gusluher Enviromental Service
Providers es inexistente.
En su página web, la empresa señala que sus oficinas están
en calle Real de la Plata, número 445-D en Chetumal, pero esta dirección no existe. También aparece el número
telefónico 771 1 38 35 21, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el cual está fuera de servicio.
De acuerdo con documentos oficiales sobre el proyecto, en
poder de Luces del Siglo, en la cláusula IV de la licitación se consigna que
los concursantes “deberán contar con la infraestructura, personal
especializado, metodología y experiencia, que le permita cumplir con el
programa de actividades y los plazos para la entrega del Atlas de Riesgo”.
Las autoridades del estado también señalaron que no existe
un padrón o identificación de los investigadores que realicen los estudios de
campo en los 11 municipios del estado.
El pasado 24 de enero
pasado, el director de Protección Civil en Quintana Roo, Adrián Martínez
Ortega, dijo que la administración de Roberto Borge ya le había otorgado una
prórroga de más de un año a la empresa para que entregara el Atlas, que debía
estar listo el 29 de febrero de 2016.
Martínez Ortega señaló que el Gobierno Federal aceptó la
prórroga con la condición de que se tenían que reponer desde cero todos los
trabajos, “al comprobarse que en los supuestos avances existían mapas, datos y
estudios desfasados y que no corresponden con la realidad actual de Quintana
Roo”.
En junio de 2015, el gobierno de Roberto Borge, a través del
subsecretario de Planeación Gustavo Guerrero Ortiz, presumió que los trabajos
tenían un 80% de avance, y entonces proyectó su conclusión para antes de
febrero de 2016, pero no cumplió.
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