La red de empresas
fantasmas utilizada por Javier Duarte en Veracruz también está involucrada en
un posible desvío de fondos en Chiapas, durante el sexenio de Juan Sabines,
actual cónsul de México en Orlando, revela una investigación de Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad.
Tres compañías
ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de
pesos entre 2010 y 2012 para realizar labores de outsourcing en el Sistema de
Trasportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA), en el que el Gobierno de Chiapas tiene
participación accionaria del 51%.
Ese sistema –conocido
como ‘Conejobus’- fue creado por el Gobierno de Sabines, en sociedad con los
transportistas, con una aportación de más de 120 millones de pesos, para la
compra de 90 vehículos.
Desde su inicio de
operaciones, en 2010, se contrató a una red de empresas para que realizaran
labores de outsourcing.
Sabines fue miembro del PRI hasta el año 2006, cuando
renunció para ser candidato a la gubernatura por una coalición integrada por el
PRD, PT y Convergencia.
En el tramo final de
su mandato se distanció del PRD y se vinculó de nuevo con el gobierno priísta
de Enrique Peña Nieto, quien en junio de 2015 lo nombró Cónsul de México en
Orlando, donde actualmente reside.
Los contratos.
En enero de 2010, el entonces gobernador de Chiapas, Juan
Sabines Guerrero, puso en marcha el sistema Conejobús, que es similar al
Metrobús de la Ciudad de México, con lo que se buscaba modernizar el transporte
público de Tuxtla Gutiérrez.
Para lanzar el Conejobús, el Gobernador aportó fondos
públicos para adquirir los vehículos, y en sociedad con los transportistas
chiapanecos creó la empresa Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV
(SITUTSA), en la que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario.
Desde su lanzamiento,
se cedió la operación del Conejobús a tres empresas veracruzanas, a través de
un esquema de outsourcing, en el que suministraban personal para el sistema de
transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.
Estas empresas de
outsourcing son: RAVSAN Servicios Múltiples, que cobró en Chiapas más de 68
millones 600 mil pesos; Comercializadora Pagoli, que recibió 27 millones 850
mil y Corporativo Lizgar, con 22 millones 736 mil pesos. También fue contratada
LG Asesores Corporativos SC, uno de cuyos colaboradores fue quien gestionó el
registro legal de la marca Conejobús.
Los contratos tenían
vigencia hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en
una auditoría, forzaron a su terminación anticipada.
La prensa chiapaneca consignó estas irregularidades. En su
edición del 16 de junio de 2013, Código Sur publicó que el Conejobús enfrentaba
un adeudo fiscal por 32 millones de pesos, mientras que el diario El Péndulo
atribuyó este quebranto a las empresas de outsourcing que operaban el servicio
de transporte en Tuxtla. “A las empresas de outsoursing el SAT (Servicio de
Administración Tributaria) las considera como no indispensables para el
desarrollo de la actividad”, citó el Diario de Chiapas, al consignar el
resultado de la auditoría.
La red fantasma.
Las empresas
veracruzanas contratadas por el anterior Gobierno de Juan Sabines en Chiapas,
forman parte de una compleja red fantasma que comparte socios y domicilios.
RAVSAN -que es la que cobró el mayor contrato en Chiapas-
aportó como domicilio fiscal una humilde vivienda de un piso en la calle
Guadalupe 1599, de la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz.
Su dueño es Luciano
Sánchez Díaz, quien además es socio de Comercializadora Dagú y de Mextic
Traffic International SA de CV, otras dos empresas de la red fantasma de
Veracruz, que juntas obtuvieron contratos en el Gobierno de Duarte por 24.5
millones de pesos. El otro accionista de RAVSAN se llama Eduardo Ravelo López.
Pese a que
aparentemente son prósperos empresarios, en las actas constitutivas ambos socios
dijeron habitar en zonas humildes: Luciano Sánchez Díaz en el lote ocho de la
calle Olivos, en la colonia Miguel Alemán, y Eduardo Ravelo en un departamento
de un maltrecho edificio en el conjunto Infonavit Chivería.
Corporativo Lizgar
-otra de las empresas veracruzanas que operaba en Chiapas- tiene como socia a
Areli Sulema Galloc, dueña a la vez de Bloques 2DM, firma fantasma que durante
el sexenio de Duarte recibió 38 millones de pesos en contratos.
En Corporativo Lizgar
también es socio Efraín Infanzón Malpica, quien de acuerdo con las actas
obtenidas para esta investigación, es accionista en otras diez empresas. En una
de ellas (Desarrollo Decoo) está asociado con Alberto Gómez Aranda y Patricia
Ríos Triana, dueños de Desarrolladores Mercalim y AD911 SA de CV, ambas
compañías fantasmas que durante el Gobierno de Duarte obtuvieron 36.5 millones
de pesos.
Comercializadora
Pagoli SA de CV recibió contratos tanto del Gobierno de Chiapas (27.8 millones
de pesos) como del que encabezó Javier Duarte en Veracruz (5.7 millones).
Uno de los socios de Pagoli se llama Esteban Marín del
Valle, quien a la vez está asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín
Escobar, dueño de Cymaned, también empresa fantasma de Veracruz.
Tanto en Pagoli como
en RAVSAN Servicios Múltiples, el apoderado legal es César Álvarez Alegría,
socio de la empresa fantasma Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV, a
quien Duarte le otorgó contratos por 5 millones de pesos.
Mismos domicilios.
Hay una cuarta empresa veracruzana que participó en la
operación del Conejobús de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se trata de LG Asesores
Corporativos SC, que dirige el contador y empresario Víctor Manuel López
Gachuz.
El domicilio de LG Asesores Corporativos es Sahagún 123, en
el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, misma dirección que aportó
Mauricio Bayron González, apoderado legal del Sistema de Trasportes Urbanos de
Tuxtla SA de CV (SITUTSA), empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno
de Chiapas.
Bayron González fue quien en 2010 acudió ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar a nombre de la
transportista paraestatal los trámites de registro de la marca Conejobús.
Al igual que los
socios de las otras compañías contratadas por el gobierno chiapaneco, Bayron
González tiene vínculos con operadores de empresas fantasma.
En la empresa SOPS SC
está asociado con Fabiola Jacqueline Mundo González, dueña a su vez de la firma
fantasma Grupo Balcano SA de CV, a quien el Gobierno de Duarte le dio contratos
por 60.7 millones de pesos.
El domicilio que
Bayron González aportó ante el IMPI (Sahagún 123) es la sede de una serie de
despachos fiscales, todos manejados por el contador Víctor Manuel López Gachuz.
De acuerdo con documentos obtenidos para esta investigación,
en uno de esos despachos ha colaborado, como apoderado legal, César Álvarez
Alegría, quien participa como socio o representante de al menos tres de las
empresas fantasma de Duarte (RAVSAN, CERENE y PAGOLI).
Los vínculos.
Empresas contratadas entre 2010 y 2013 para operar el
sistema de transporte de Tuxtla, en el que el Gobierno de Chiapas es accionista
mayoritario:
RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV
Empresa fantasma de Veracruz
Dueño: Luciano Sánchez Díaz
Representante legal: César Álvarez Alegría
Ambos están ligados a otras tres empresas fantasmas:
Comercializadora Dagu, Mextic Traffic International y CERENE
SA de CV
29.5 millones recibieron en contratos de Duarte.
CORPORATIVO LIZGAR, S.A. DE C.V.
Corporativo de Veracruz ligado a socios de empresas fantasma
Socio 1: Areli Sulema Galloc
Dueña de la empresa fantasma Bloques 2DM SA de CV
Socio 2: Efraín Infanzón Malpica
Está asociado en Desarrollo Decoo con Alberto Gómez Aranda y
Patricia Ríos Triana
Ambos son dueños de las firmas fantasma Desarrolladores
Mercalim y AD911
74.5 millones recibieron en contratos de Duarte.
COMERCIALIZADORA PAGOLI, S.A. DE C.V.
Dueño: Esteban Marín del Valle
Asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar,
dueño de la firma fantasma Cymaned.
Representante legal: César Álvarez Alegría
Dueño de la firma fantasma CERENE SA de CV
10.7 millones recibieron en contratos de Duarte.
LG ASESORES CORPORATIVOS SC
Dueño: Víctor Manuel López Gachuz.
Un colaborador está ligado a tres empresas fantasma (Ravsan,
Cerene y Pagoli)
Está asociado en otra empresa con Mauricio Bayron González.
Éste, a su vez, es socio de la dueña de la firma fantasma
Grupo Balcano.
Esta empresa recibió 60 millones del Gobierno de Duarte.
Byron es el apoderado de Trasportes Urbanos de Tuxtla,
empresa del Gobierno de Chiapas.
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