El diputado priista
Javier Jiménez Huerta pidió al Congreso local derogar una reforma aprobada
durante el sexenio de Rafael Moreno Valle que permite al ahora exmandatario
panista contar con el servicio de escoltas personales pagados por el erario
durante al menos 12 años.
El diputado estimó
que este servicio de seguridad personal costaría alrededor de 2 millones de
pesos anuales, basado en un sueldo de 10 mil pesos mensuales a 16 escoltas, por
lo que se tendrían que destinar alrededor de 24 millones de pesos en los siguientes
12 años.
Sin embargo, de acuerdo con el título décimo de la Ley de
Seguridad Pública del estado, aprobado en 2012 precisamente durante el sexenio
de Moreno Valle, el ahora exgobernador
tiene derecho a contar con ocho escoltas por turno, es decir, hasta un total de
24 elementos para su seguridad por día.
Aparte, el tiempo por
el que podría contar con este servicio es ilimitado, pues la ley establece que
se le proporcionará mientras lo pida por escrito.
“El servicio de
seguridad personal se proporcionará al exgobernador del estado a partir de la
fecha en que deje el cargo y será por el tiempo que el exgobernador lo solicite
por escrito”, señala el artículo 138 de esa ley.
Sobre el número de escoltas con los que podrá contar un
exmandatario, el artículo 139 indica que serán ocho por turno durante un
periodo de 12 años, es decir, hasta 2029 –en lo que corresponde a Moreno Valle–
y, después de ese lapso, el número de elementos será disminuido a seis por
turno.
La reforma que adicionó los artículos del 136 al 143 de la
Ley de Seguridad Pública del estado fue propuesta en 2012 por el diputado de
Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, cercano a Moreno Valle.
El diputado Jiménez
Huerta argumentó que esos elementos policiacos que están destinados a la
protección personal de Moreno Valle hacen más falta para que combatan la
inseguridad que ha estado a la alza en la entidad.
Igual, indicó, aplica para el caso del presupuesto que se destinará
a pagar este servicio, cuando los
recursos hacen falta para atender demandas sociales y “no de una sola persona”.
“No se puede tener un
servicio de escoltas dotados por el Estado, cuando la prioridad en estos
momentos es salvaguardar la seguridad y la vida de los poblanos”, reclamó
el legislador priista.
Desconfían de Javier Lozano.
En la misma sesión el diputado local de Movimiento Ciudadano
(MC), Julián Peña Hidalgo, propuso al
pleno un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Antonio Gali Fayad a que
reconsidere el nombramiento de Javier Lozano Alarcón como coordinador de
transparencia.
Según el escrito presentado por el diputado, el nombramiento del senador panista con
licencia no garantizaría una adecuada rendición de cuentas del gobierno
entrante.
Peña Hidalgo también censuró los numerosos cargos que fueron
asignados a Lozano Alarcón como vocero de la administración estatal, jefe de la
oficina del gobernador y enlace o representante con la Conago y otros entes
políticos.
Esto da muestra,
acusó, de la concentración de poder en un solo individuo y “hace poco creíble y
poco transparente el ejercicio del poder de la actual administración”.
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