La Policía Nacional
española investigó supuestos pagos ilegales de Jordi Pujol Ferrusola
–primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley–
a Ana Cristina Fox de la Concha, hija de Vicente Fox, el presidente mexicano de
2000 a 2006, por el supuesto alquiler de un inmueble en la Ciudad de México.
Según la vasta
investigación contenida en el informe 19.150 del Grupo 24 la Brigada de
Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF), al que Apro tuvo acceso,
se da la coincidencia que en el sexenio de Fox, a Pujol Ferrusola le fueron
otorgadas licencias de apuestas por la Secretaría de Gobernación.
“Tenemos la certeza
de la existencia al menos una resolución favorable a los intereses de Jordi
Pujol Ferrusola decretada por la administración dirigida por Vicente Fox”, que fue el otorgamiento de 106 licencias de
apuestas, apunta el informe fechado el 26 de mayo de 2016.
La investigación española en poder del juez de la Audiencia
Nacional, José de la Mata, pone al
descubierto los supuestos pagos desde Iniciatives Marketing i Inversions, la
sociedad de Pujol Ferrusola y su esposa Mercé Gironés, a la persona que
identifican como la hija de Fox.
Entre diciembre de
2009 y julio de 2011, la empresa Iniciatives Marketing i Inversions realizó
pagos mensuales a Ana Cristina Fox de la Concha y a una tercera persona, Erik
Rodrigo Taracenas Oliveras, por un total de 45 mil 717 euros, por el supuesto
arrendamiento de un inmueble en la Ciudad de México, cuya dirección no se
identifica.
Los pagos se hicieron
a dos entidades bancarias. La primera a nombre del banco BBVA Bancomer, cuya
beneficiaria es Ana Cristina Fox, y otra de Banamex, cuyo beneficiario es
Taracenas Oliveras.
El primer pago de
diciembre de 2009 era para la fianza del alquiler del inmueble, según concluye
la policía. Durante 2010 se transfirieron 38 mil 730 euros y otros 14 mil 603
euros en 2011.
Los investigadores precisan que en las declaraciones y documentación incautada a Jordi Pujol Ferrusola
y a sus empresas no aparece ningún documento que ampare el alquiler de dicho
inmueble, pese a ser deducible de impuestos.
También sospechan que
se trate de un presunto soborno, debido a que en sus visitas a México se tiene
acreditado que Pujol se hospedaba en hoteles.
El concepto de los pagos es el supuesto alquiler de una
vivienda en la Ciudad de México que aparece a nombre de la empresa Ecrem S.A.,
la misma sociedad que Pujol utilizó para la construcción y el desarrollo del hotel
El Encanto, en Acapulco, Guerrero, que la revista Proceso dio a conocer en
julio de 2013.
El informe aborda
otros movimientos de dinero hechos por Pujol Ferrusola a otras personas
vinculadas con actividades políticas en México, que oscilan en 1.5 millones de
dólares y medio millón de euros, el 25 de junio de 2015.
En aquella información publicada en México por Proceso, la
policía española y una expareja de Pujol, Victoria Álvarez, sostienen que el primogénito del presidente
Pujol Soley “es socio al 20% de Carlos Riva Palacio Magaña”, a quien otro
informe de la UDEF identifica como “principal accionista del casino Royale”, de
Monterrey, Nuevo León.
El nuevo informe –fechado el 26 de mayo de 2016– amplía lo
que se conocía en 2013, cuando Proceso
hizo la publicación, en el sentido de que Promociones e Inversiones de Guerrero
S.A. de C.V. fue una de las sociedades beneficiadas con los permisos para
centros de apuestas que otorgó el entonces titular de la Secretaría de
Gobernación, Santiago Creel, al final del sexenio de Vicente Fox.
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