Después de dos horas
de reunión con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena)
y Marina (Semar), Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz,
respectivamente, el PRI anunció que la Cámara de Diputados aprobará antes del
30 de abril la Ley de Seguridad Interior para legalizar las acciones de las
fuerzas armadas en materia de combate al narcotráfico.
En tanto, el Mando Único y la reglamentación al “estado de
excepción”, normas exigidas por el PAN y defendidas por el mismo PRI, fueron
desechadas.
En un cambio de estrategia y contradiciendo lo que
públicamente ofreció el pasado 20 de diciembre: aprobar en paquete el Mando
Único, “estado de excepción” y Ley de Seguridad Interior –como parte integral
del plan de ataque a la inseguridad que ofrecería profesionalización policial y
pleno respeto a los derechos humanos–, el Revolucionario Institucional decidió
que con su mayoría puede entregar “ya” el sustento jurídico que demandan
militares y marinos.
Senadores y diputados
acudieron esta mañana a las instalaciones de la Sedena. En una reunión de dos
horas, los representantes de las fuerzas armadas establecieron que su
participación será en materia de “seguridad interior”, la cual definieron como
“el mantenimiento de la estabilidad de las instituciones”.
Dicha definición
generó escozor entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, quienes
consideraron que no hay claridad de hasta dónde llegaría la participación de
las fuerzas armadas, bajo qué argumentos y con el uso de qué métodos.
De acuerdo con el
diputado perredista Rafael Hernández Soriano, integrante de la Comisión de
Gobernación, el encuentro forma parte de los acuerdos que de manera unilateral
tomaron el presidente de la Mesa Directiva del Senado y senador por el PVEM,
Pablo Escudero, y los priistas Emilio Gamboa y César Camacho Quiroz, el pasado
10 de enero.
Después de la reunión, el
coordinador del PRI en la Cámara de Diputados e integrante del grupo
Atlacomulco, César Camacho Quiroz, retrocedió sobre sus propias palabras y dijo
que sólo se aprobará la Ley de Seguridad Interior, ya que es urgente hacerlo,
pero aseguró que nadie los está presionando. También sostuvo que eso se hará
antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
Con ello, el PRI dio
marcha atrás al pronunciamiento que hizo el 20 de diciembre, cuando
respaldó la propuesta de panistas y perredistas, quienes aseguraron que no
habría Ley de Seguridad Interior si no se aprobaba el Mando Único policial.
Incluso, en la urgencia por atender la exigencia de las fuerzas armadas, el PRI
dio reversa a su propia iniciativa de reglamentar el artículo 29 de la
Constitución, que reglamentaría o definiría con claridad bajo qué
circunstancias se puede decretar la suspensión de garantías individuales.
Antes, el 9 de
diciembre, en un inusual discurso el general Cienfuegos exigió aprobar el marco
jurídico que defina “hasta dónde sí y hasta dónde no” pueden intervenir las
fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, y aceptó que ellos no
estaban a gusto “en las calles”.
Durante la reunión de
este martes, Cienfuegos y Soberón hicieron a un lado el Mando Único y la
reglamentación del artículo 29, quitando cualquier escollo que pueda retrasar
la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
En entrevista posterior al encuentro, Hernández Soriano dijo que demandó la discusión de las tres leyes
porque una llevaba a la otra para la profesionalización de los cuerpos
policiacos, el respeto a los derechos humanos y la limitación exacta de la
participación de las fuerzas armadas.
Cienfuegos respondió
que para las fuerzas armadas “lo urgente” era la Ley de Seguridad Interior,
“más que cualquier otra”. “Dijo que lo importante era un marco regulatorio y
que la discusión de las demás leyes no debía ser en conjunto”, comentó el
perredista.
Así, los militares
iniciaron y centraron el encuentro en la Ley de Seguridad Interior, y
presentaron un análisis donde establecían las diferencias que hay entre las
iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados.
El perredista señaló que el general Cienfuegos y el
almirante Soberón identificaron ante los legisladores sus puntos de
preocupación, en primer lugar, que no
está claro cuál es la función de los cuerpos de seguridad y cuál la de las
fuerzas armadas. “Ellos decían que no se define en ninguna de las propuestas
qué hacía uno y otro”, apuntó.
Los militares
demandaron a los legisladores “que se defina de qué se tienen que hacer cargo
las fuerzas armadas, pues ‘nosotros no podríamos hacer todo el trabajo de
investigación, por ejemplo’ puntualizó Cienfuegos.
En otra de las
demandas destacaron que “debía definirse más claramente el procedimiento para
determinar las zonas de actuación”. Y, finalmente, “que no se mezcle lo que es
la seguridad pública de lo que es la seguridad interior”.
Hernández Soriano, presente en el encuentro privado,
manifestó que la insistencia del general y el almirante fue que se les
entregara “ya” el marco legal para participar en tareas de seguridad. “Y la Ley
de Seguridad Interior es nuestro marco regulatorio, con eso nos quedamos”,
subrayaron.
En cuanto a las diferencias, el diputado César Camacho aclaró lo que es la seguridad exterior (la
amenaza de invasión, por ejemplo) y la seguridad pública (lo cotidiano en
materia de seguridad, asalto, etcétera), y definió la seguridad interior como
“el mantenimiento de la estabilidad de las instituciones”. Pero esto es
bastante ambiguo, sostuvo perredista, secundado por el coordinador de
Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Tanto Cienfuegos como
Soberón no abundaron sobre las otras dos normas, sólo insistieron en que era
“urgente” la Ley de Seguridad Interior y que en ella se hicieran los cambios
para establecer “procedimientos claros” sobre su participación.
Pero Hernández Soriano insistió en que debían discutirse y
aprobarse en paquete las tres leyes porque formaban parte de un mismo camino
para enfrentar la inseguridad.
En respuesta, el
titular de la Semar soltó: “Si hay otro camino diferente nosotros no queremos
referirnos a él, queremos la Ley de Seguridad Interior y es urgente”.
Y para simplificar los problemas que enfrentan por falta de
una ley clara, Soberón dijo a los legisladores que ayer la Marina detuvo un
barco en altamar en las aguas de Baja California.
Precisó que el barco llevaba bandera de Estados Unidos, pero
la tripulación era mexicana. Ese barco, añadió, iba cargado de mariguana y seis
personas fueron detenidas, pero por falta de una orden de cateo tuvieron que
liberar a tres, “y seguramente los otros tres saldrán libres. Necesitamos un
marco regulatorio para que no suceda esto”, resaltó.
“Pero ese mismo
argumento les podemos dar, porque ahora con los cambios legales que quieren
hacer se pueden meter a tu casa sin orden de cateo”, reviró el diputado del
PRD.
Ya en San Lázaro, en
conferencia de prensa, el coordinador del PRI, César Camacho, deshizo lo
pactado por su partido al sostener que para aprobar la Ley de Seguridad
Interior “no esperaríamos resolver Mando Único. Tampoco tendríamos que esperar
a la legislación pendiente de la reglamentación del artículo 29 constitucional.
A mi fracción no le interesa en forma prioritaria abordarla o resolverla”,
apuntó.
Con ello, el PRI
mandó a la congeladora la iniciativa para reglamentar el artículo 29 que habla
de la suspensión de las garantías individuales, misma que el propio Camacho
Quiroz presentó e incluso apuró para que fuera avalada en comisiones,
violentando el proceso legislativo.
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