La Cámara de
Diputados trabaja en una propuesta de reforma “caza-fortunas” de los
narcotraficantes, incluida en el paquete de Seguridad, que aprobarán en este
periodo de sesiones.
La iniciativa –que reformará la Ley de Extradición
Internacional– se deriva de un estudio elaborado por la Comisión de Seguridad
Pública, que señala que “del primero de
enero de 1994 al 30 de abril de 2016 se efectuaron mil 90 extradiciones de
delincuentes a Estados Unidos –sin contar aún la de Joaquín El Chapo Guzmán– y
de sus riquezas en aquel país no se ha recuperado un centavo y aún no se sabe
nada”.
Estima que “la
fortuna personal del recién extraditado Joaquín Guzmán Loera oscila entre los
21 mil millones de dólares. El poder económico de este narcotraficante fue de
tal magnitud que, en repetidas ocasiones, apareció en la lista de la revista
Forbes, dentro de las personas más ricas del planeta”.
Se añade que, “por
lagunas o vacíos en la ley”, “otros narcotraficantes que han sido extraditados
y que también poseían fortunas cuantiosas –entre las que se les detectaron
bienes en distintas partes de México y Estados Unidos– son Alfredo Beltrán
Leyva El Mochomo, Vicente Zambada Niebla, Sandra Ávila La Reina del Pacífico,
Osiel Cárdenas Guillen, Édgar Valdez Villarreal La Barbie, Jorge Eduardo
Costilla Sánchez El Coss y Benjamín Arellano Félix, entre otros criminales.
“Estas personas
realizaban operaciones que generaron recursos ilícitos, tanto en Estados Unidos
como en México; sin embargo, a México nunca le fueron entregados parte de las
ganancias confiscadas en Estados Unidos a estos delincuentes, o por lo menos no
existe reporte alguno de retribución por parte del gobierno de Estados Unidos”,
se anota en la iniciativa.
Destaca que “sólo por
poner un ejemplo, el caso de Benjamín Arellano Félix, quien fue extraditado a
Estados Unidos, poseía una fortuna de alrededor de 650 millones de dólares y a
quien, en 2012, una Corte de aquel país le obligó a pagar una multa por 100
millones de dólares, por lo que el delincuente se vio obligado a trasladar al
gobierno de esa nación dinero, propiedad y valores en México con que saldar la
sanción”.
“Como vemos, la extradición de Benjamín Arellano representó
una recuperación para EU de una cantidad importante de dinero, sin que México pudiera ver ni un centavo de
esas entregas de bienes y valores”, expone.
Sostiene el estudio que “está calculado por expertos y
especialistas que el negocio del narcotráfico representa tan sólo en México la
cantidad de 40 mil millones de dólares –al año–, cantidad estratosférica en
relación con los recursos asignados por ambos países a la lucha contra las
mafias que controlan esta actividad”.
Se insiste que
“existe un vacío legal que no contempla que el Estado mexicano pueda hacer
exigible la repartición de las fortunas de los capos o cualquier otro
delincuente extraditado. En este contexto y tomando en consideración la
cantidad estratosférica de recursos, tanto humanos como materiales que nuestro
país está gastando para detener el flujo de drogas al principal consumidor de
estupefaciente, que es nuestro vecino del norte, es menester asegurar que parte
de los bienes o recursos económicos incautados a estas mafias también sean
entregados al gobierno federal mexicano”.
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