Adrián López Ortiz.
El martes 7 de febrero se jugó la final de la Serie del
Caribe entre México y Puerto Rico en Culiacán. Un evento bien organizado, un
estadio atiborrado y un torneo que el equipo de casa dominó hasta el final.
Pero no alcanzó: las Águilas de Mexicali perdieron en extra-innings por apenas
una carrera con los Criollos de Caguas.
En el estadio, el ánimo se apagó, la mayor parte de la gente
se fue a su casa. Es cierto, dolía perder la final, pero había razones más fuertes para abandonar la fiesta: durante toda la
tarde circularon por WhatsApp y redes sociales los videos de un fuerte
enfrentamiento en la sindicatura de Villa Juárez, apenas a unos minutos de la
capital sinaloense. Las imágenes y los videos son de miedo: vehículos repletos
de sicarios, un fusil calibre 50 montado en una camioneta de redilas, hombres
ejecutados con chalecos tácticos y AK-47 entre las manos. Gritos, lágrimas,
sangre.
Ese mismo día en la
mañana, 6 personas murieron en un enfrentamiento con la marina en un
fraccionamiento de Culiacán.
Por eso, para la hora
del juego estelar de béisbol la psicosis corría en redes sociales: ¿suspensión
de clases?, ¿secuestros?, ¿balaceras por aquí y por allá? La memoria y el miedo obligaban a preguntar
continuamente: ¿repetiremos la guerra que vivimos durante 2008? Nadie sabe.
El Gobernador Quirino
Ordaz Coppel lleva apenas 40 días en el cargo. En ese lapso, Sinaloa acumula
138 muertos. Tan solo en 72 horas, 12 personas fueron asesinadas en diversos
enfrentamientos y persecuciones. Entre ellos un oficial de la marina y una
mujer.
Ante la avalancha
violenta, el discurso del gobernador es comprensible pero inaceptable: pide
tiempo. Los boletines son parcos y la vocería de la Procuraduría local no
alcanza. La sociedad quiere saber qué pasa y por qué pasa. Los sinaloenses
merecemos saber de qué tamaño es el riesgo con el que convivimos en las calles.
Y las autoridades no están explicando nada.
Con más del 50 por
ciento de la policía reprobada en los exámenes de control de confianza, no es
sorpresa que el nuevo gobernador haya apostado por la militarización de la
seguridad en Sinaloa. Lo dijo una y otra vez desde su campaña: “vamos por el
apoyo de la Federación”.
En el marco de esa estrategia llegaron más de 2 mil
elementos de la policía militar a ocupar los liderazgos en tareas de seguridad
bajo el mando del General Secretario Genaro Robles Casillas. Se sabe también
que la policía está siendo “capacitada” militarmente en Tlaxcala. Muchos ya
desertaron y acusaron maltratos, falta de viáticos y la intención de usar el
entrenamiento como excusa para despedirlos. Lo cierto es que estamos ante una
evidente “operación limpieza” de las corporaciones policiales.
Por otro lado, la militarización tiene diversos efectos por
atender. Sin los cables naturales del crimen organizado con la policía, los
grupos delictivos pierden capacidad para coordinarse y atacar a sus enemigos de
manera efectiva, lo que genera caos. Además, se sabe que de cara a la
legalización de la mariguana en California y otros estados de la Unión
Americana, el Cartel de Sinaloa ha empezado a diversificarse hacia la
producción y comercialización de heroína y metanfetaminas, lo que hace que la
mariguana empiece a ser más importante desde el punto de vista del narcomenudeo
local. Por eso las pugnas entre grupos locales se tornan más violentas, ahora
el territorio cuenta no solo como ruta comercial sino como mercado interno.
Tampoco hay que olvidar que la extradición de Joaquín Guzmán
Loera obliga a una transición de poder al interior de los liderazgos del Cartel
de Sinaloa entre los hijos del capo y el resto de los socios y lugartenientes.
Esos cambios de estafeta casi siempre se procesan con violencia.
En suma, estamos ante
un contexto sumamente complejo. La violencia del crimen organizado en Sinaloa
no es una emergencia sino un mal crónico y estructural. Un modelo mafioso que
se desarrolló orgánicamente durante décadas y que ningún Gobernador puede
extirpar en 6 semanas.
Pero eso no significa
que no se pueda hacer nada. Quirino Ordaz Coppel tiene que empezar por
comunicar mejor la estrategia, explicar y transparentar lo necesario y posible.
Debe comprender que la paciencia de la gente se agotó hace mucho y que el miedo
es muy mal consejero para una sociedad que habita el estigma narco desde la
Operación Cóndor. Una sociedad que ha normalizado cierta violencia para no
morirse de miedo.
Si necesita tiempo,
tiene que pedírselo a la gente con argumentos y razones. Podría empezar por
convencer a la sociedad que la militarización es la estrategia correcta. ¿Lo
es?
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