La coordinadora de la
fracción perredista en el Congreso local, Erika Alcaraz Sosa, calificó de
“falsa” la información sobre el amparo que solicitaron los integrantes de la
LXI Legislatura para mantener en la opacidad el monto del salario acumulado que
reciben mensualmente, pese a que ayer se llevó a cabo la audiencia incidental
relacionada con la solicitud del juicio y en los próximos días habrá una
resolución.
Incluso, señaló que
el punto no ha sido discutido en el pleno, y aseguró que la información dada a
conocer por Apro tiene el propósito de “confundir a la sociedad, porque se
trata de un tema tan trillado que causa molestia y que por lógica se lleva
aplausos de lectores, pues no tienen el pulso de lo que hacen los políticos que
sí trabajan”.
El resto de
representantes y coordinadores parlamentarios en el Congreso local hicieron
mutis y evadieron el asunto, que exhibe la resistencia de la clase política
para transparentar el uso de recursos públicos y la opacidad de la estructura
gubernamental en el estado.
Ayer, Apro dio a
conocer que a principios de mes los diputados de la LXI Legislatura local
solicitaron un amparo para negarse a cumplir una resolución emitida por el
Instituto de Transparencia estatal (Itaigro), que ordenó revelar el monto total
de su salario neto y bruto, que junto a otro tipo de prestaciones y bonos suman
más de 200 mil pesos mensuales.
En su alegato, el
apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, aseguró
ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta capital, que esa decisión
“traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados
locales.
En tanto, la
coordinadora de la fracción perredista, Erika Alcaraz Sosa, calificó de “falsa”
la información difundida, con el argumento de que el tema no ha sido abordado
en el pleno del Congreso.
Afirmó que su bancada “nunca
ha tenido inconveniente alguno” para revelar el monto de su salario acumulado,
así como los apoyos sociales que reparte.
Ayer se realizó en el Juzgado Décimo de Distrito con sede en
esta capital la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo
110/2017 que interpuso el Congreso local en contra de la resolución del
Itaigro.
En la diligencia
judicial, el área jurídica del Instituto señaló que la resolución no causa agravio
a los diputados locales porque se trata de garantizar el derecho fundamental
del acceso ciudadano a la información pública.
Además planteó que
esta acción constituye una obligación legal de todas las dependencias y
servidores públicos que ejercen recursos del erario.
Por ello, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
suspensión provisional que beneficia al Congreso, con el argumento de que los diputados locales tienen “la obligación
ineludible” de transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
En su argumentación
jurídica, el Itaigro recordó que la ley 207 de Transparencia –aprobada por los
propios legisladores en mayo pasado– indica que las obligaciones de
transparencia comunes de los sujetos obligados deben estar a disposición del
público a través de su portal de internet, incluso sin mediar solicitud.
La fracción VIII del artículo
81 de la Ley de Transparencia en la entidad precisa que entre esas obligaciones
destaca la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y
confianza, y todas las percepciones, incluidos sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dieta, bonos, estímulos, ingresos y
sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.
Después de la audiencia incidental, en los próximos días el
juez federal Jacinto Figueroa Salmorán deberá resolver en definitiva el juicio
de amparo para determinar si protege la opacidad del Congreso o se obliga a los
diputados locales a cumplir con la legalidad y hacer público el monto de su
salario y prestaciones que reciben mensualmente, como lo indica la norma
vigente.
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