Para justificar 3.4 MIL MDP, universidades usan empresas fantasma.

Así funciona en la mayoría de los casos: la universidad pública recibe un contrato millonario de parte de dependencias federales, y en vez de cumplirlo contrata a otras empresas que no existen o no realizan los trabajos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que durante los últimos cuatro años las universidades públicas han recibido contratos de las dependencias federales para realizar obras o servicios, pero han subcontratado con empresas particulares, de manera irregular, para provocar un daño al Estado por tres mil 400 millones de pesos.

“No obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades. Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, y propician que se puedan simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y que éstos a su vez, subcontraten a otras empresas y personas físicas; incluso, se ha dado el caso de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas”, explicó la ASF.

Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, dijo que “se ha abusado de esta figura, haciendo adquisiciones que en ocasiones van a parar a manos de terceros. Se contrata a una universidad para que haga un edificio…la universidad no tiene nada que hacer y subcontrata el servicio y éste con otro y otro. Hay una disposición de recursos que acaba siendo corrupción. La suma es preocupante: llevamos más de 3 mil 400 millones de pesos”.

En 2013, la Universidad Autónoma de Morelos firmó un contrato con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para realizar el aprovisionamiento y distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de la “Ruta sin Hambre” en 400 municipios. El contrato fue por 667 millones de pesos.

La Universidad contrató a la empresa Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V. para realizar el trabajo, pero la ASF nunca pudo encontrar a la empresa.

“La ASF realizó una visita en dos domicilios, el que se consigna en la factura emitida, y el que aparece en la cuenta bancaria donde se depositaron los recursos federales por parte de la universidad. En ninguno fue localizada. En el primero, se encuentran consultorios médicos y en otro, un despacho de abogados”.