Padres y madres de
los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron “complicidad” y
“falta de voluntad” de las autoridades federales para resolver el caso.
Así lo dijeron al
término de una reunión encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel
Osorio Chong, y el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade.
El encuentro de este jueves ocurrió después de seis meses
del rompimiento de diálogo entre familiares de los desaparecidos y la PGR,
luego de que la ex procuradora, Arely Gómez, incumplió con el acuerdo de
concluir las indagatorias por las actuaciones irregulares del exdirector de la
Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Sobre el tema de rompimiento, el abogado del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, resaltó que en el
encuentro las autoridades les presentaron un acuerdo de conclusión que “dista
mucho” del documento que fue dado a conocer por Proceso y otros medios de
comunicación.
En él se hace
referencia a las responsabilidades de Zerón de Lucio y de al menos cinco
funcionarios de la PGR en los hechos del 28 de octubre de 2014, no reportados
en el expediente.
De acuerdo con el
abogado, el documento dado a conocer por Proceso mencionaba la pertinencia de
someter a los involucrados a “sanciones incluso penales, en el acuerdo de
conclusión presentado la sanción más alta es hacer del conocimiento del
superior jerárquico las irregularidades cometidas por los funcionarios”.
No obstante, en el
caso de Zerón de Lucio, dijo que en el documento que les fue entregado, sólo se
habla de “sanciones administrativas”. Además, los 18 puntos en los que se describían las responsabilidades de los
funcionarios en aquel reporte, se redujeron a siete, omitiéndose “varias en las
que se instruía dar vista al Ministerio Público”.
Vidulfo Rosales señaló
que durante la reunión no hubo respuestas concretas a las preguntas de padres
sobre las investigaciones a funcionarios públicos como el actual director de la
AIC, Omar García Harfuch, cuyo número de contacto y el del exsecretario de Seguridad
Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, están inscritos en una libreta asegurada
al supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, presuntamente
involucrado en la desaparición de los 43.
Tampoco se dio
información sobre los datos ocultados al Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), entre ellos la confirmación del trasiego de droga de
Iguala a Chicago a través de camiones de pasajeros ni de la estructura criminal
de Guerreros Unidos.
Ante esas deficiencias, dijo Rosales, los padres exigieron a Osorio Chong y a Cervantes Andrade que “no
oculten más información a los integrantes del Mecanismo de Seguimiento del caso
Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con
quienes se sostendrá una reunión en marzo en Washington”.
En representación de los padres de los jóvenes
desaparecidos, Emiliano Navarrete y Mario González denunciaron la falta de
avances en las investigaciones para localizar a sus hijos durante los seis
meses en que suspendieron el diálogo con las autoridades.
Además, sentenciaron que aumentaran el tono de las
movilizaciones durante este año, “que tiene que ser el definitivo”.
Los padres se manifestaron inconformes porque las
autoridades les dieron a conocer información sobre el número de detenidos, “que
todos ya conocemos”, sin llegar a fondo en lo fundamental, que es el paradero
de los estudiantes.
Indignado, Navarrete
preguntó “¿cómo es posible que después de 28 meses en que desaparecieron
nuestros hijos, el gobierno no sepa dónde están? No podemos aceptar tanta
ineptitud y que no puedan dar respuestas. Lo que vemos es que en la PGR no hay
voluntad para dar con nuestros hijos y esclarecer los hechos”.
González señaló que ante
la falta de avance “ya es un síntoma de complicidad de las autoridades para
ocultar los hechos, ya hay un hartazgo en los padres que decimos que todo se
tiene que solucionar este año”.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, destacó que los dos acuerdos concretos a
los que se llegó este jueves fueron incrementar el número de agentes encargados
del caso y continuar con las búsquedas utilizando tecnología Leader y disponer
de mayores recursos.
Asimismo, se informó que la próxima reunión con el
procurador será el 9 de marzo, fecha en que los padres y madres evaluarán los
avances de las investigaciones.
En la reunión también estuvieron presentes la subprocuradora
de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías; el subsecretario de Derechos
Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el subsecretario de Relaciones Exteriores,
Miguel Ruiz Cabañas.
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