El titular de la
Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, reveló que el diputado
local priista y exalcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco,
enfrenta una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado pero no
puede ser detenido “porque tiene fuero”.
El funcionario
estatal atribuyó la pifia jurídica a “un error” de la juez de primera instancia
que autorizó la orden de captura y el MP del fuero común que integró la
acusación, debieron solicitar al
Congreso local el juicio de procedencia para desaforar al legislador señalado
como compadre del jefe del grupo criminal Los Tequileros, Raybel Jacobo de
Almonte.
Incluso, dijo que
hasta el momento la FGE “no tiene elementos suficientes” para interponer la
solicitud de desafuero, a pesar de que el MP del fuero común integró un
expediente contra Beltrán Orozco y una juez de primera instancia radicada en
Chilpancingo otorgó la orden de aprehensión solicitada por las autoridades
ministeriales.
Lo anterior luego de que ayer por la noche se exhibió la
orden de aprehensión fechada el lunes 9 de enero, donde el documento filtrado indica que el diputado local priista fue acusado
por un ex policía municipal de ordenar la muerte de un trabajador del
ayuntamiento cuando Beltrán Orozco se desempeñaba como alcalde del municipio de
San Miguel Totolapan, en 2014.
En conferencia
realizada esta mañana en la residencia oficial Casa Guerrero, el fiscal en la
entidad dijo que la Policía Ministerial no puede detener al inculpado porque
“el diputado local tiene fuero”.
También, informó que
el legislador solicitó un amparo ante la justicia federal para dejar sin
efectos la orden de aprehensión librada por un juez de primera instancia.
Por ello, dijo que la
autoridad ministerial tiene que estudiar “muy bien el asunto” para solicitar el
juicio de procedencia contra Beltrán Orozco ante el Congreso.
El fiscal consideró que en lugar de filtrar la orden de
aprehensión a Televisa, los autoridades ministeriales y judicial debieron
solicitar el juicio de desafuero; además, calificó el hecho como “un error”, ya
que esta situación representa una violación al debido proceso que beneficia al
diputado local priista inculpado.
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