Una guerra y una (gran) confusión.

Salvador Camarena.

Todo mexicano debe condenar ataques como el que padeció el Ejército en Jalisco en mayo de 2015 (cuando le derribaron un helicóptero con un saldo de siete muertos), o la emboscada en Culiacán a soldados en septiembre pasado.

Pero lo contrario no necesariamente aplica. Y menos en automático. Ningún mexicano debería apresurarse a felicitar a la Marina por atacar desde el aire a un grupo de presuntos delincuentes, lance tras el cual resultaron muertos una docena de supuestos integrantes de una banda criminal.

Condenamos un ataque a representantes de la autoridad porque esos que fueron atacados –los muertos, los heridos e incluso los que resultaron ilesos–, nos representaban, buscaban la seguridad de los ciudadanos.

Por eso mismo, porque depositamos parte de nuestra tranquilidad en ellos, porque actúan en nuestro nombre, los integrantes de las Fuerzas del Estado reciben instrucción específica para situaciones violentas y permisos que los demás no (portar y usar armamento, detener personas, dar órdenes, etcétera).

Pero esos privilegios están normados, no pueden ser discrecionales, irrestrictos y menos una carta blanca para toda ocasión: deben cumplir un protocolo que incluye la proporcionalidad y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos.

¿Hubo proporcionalidad en Tepic la semana pasada, en los hechos en que la Marina barrió a una docena de presuntos delincuentes? ¿Se violaron derechos humanos?

No lo sabemos. La contundencia del ataque quedó registrada en un video, y si se contrasta eso con la (otra vez) amplia disparidad entre las bajas de uno y otro lado, surgen dudas legítimas.

Porque no estamos en una guerra (y eso que incluso las guerras tienen convenciones de lo que se puede y lo que no). Ni los muertos eran 'el enemigo'. No eran unos indeseables, o escoria sin derechos al que se puede aniquilar sin más. Remember Tanhuato.

Por lo mismo, hay que esperar a que otra instancia del Estado, para empezar el gobierno de Nayarit, haga las debidas diligencias forenses. Y eso uno de los que primero lo dijo fue el propio secretario de Marina, Francisco Soberón.

Y hay que condenar el lenguaje de guerra como el que utilizó, ni más ni menos, el presidente del Senado, Pablo Escudero, quien el miércoles hizo circular un boletín con una felicitación a la Marina Armada de México por los hechos de Tepic.

Publicado en el Senado (http://bit.ly/2kP1Umi), ese documento utiliza un tono bélico:

“(Escudero) señaló que ya es momento que entiendan los criminales pertenecientes al narcotráfico, que la fuerza y unidad del Estado mexicano es superior a la de cualquier grupo delincuencial, y no podemos permitir que los elementos de las Fuerzas Armadas sean atacados tan violentamente y permanezcan pasivos ante estas situaciones.

“Lo que sucedió en Nayarit fue una demostración de que nuestras Fuerzas Armadas son superiores que los sicarios y los gatilleros del hampa”. Y dijo que Andrés Manuel “hace mal en defender y tratar de victimizar a narcotraficantes, sicarios y matones a sueldo que tienen aterrorizada a la sociedad por su peligrosidad y violencia”.

En efecto, López Obrador cuestionó el operativo (equivocadamente llegó a decir que murieron en él menores de edad).

Cuestionar el operativo no es en automático condenar el mismo. Pero no cuestionarlo nos regresa al peor momento de esta guerra no declarada: ese donde los criminales no tenían derechos, y, qué creen, los criminales tomaron nota de ello y por eso mismo vino la escalada violenta, porque el único camino que les dejamos fue la confrontación, no el de someterse a la justicia. Uno esperaría de un presidente del Senado prudencia institucional, no tan grande confusión.