Descarada
y coordinadamente, las administraciones federal y estatal llevan a cabo
diversas acciones políticas en su afán de retener el gobierno del Estado de
México en las elecciones del próximo 4 de junio, entre ellas: visitas de
funcionarios federales de primer nivel (secretarios y subsecretarios), siempre
acompañados del gobernador o el titular de alguna de las carteras estatales; la
intensificación de los programas sociales del gobierno del estado; el reparto de
apoyos y tarjetas monedero y, desde luego, la promoción en los medios de
comunicación de “historias que cuentan”.
La campaña se inició prácticamente
en septiembre del año pasado e involucra a dos dependencias federales y al DIF
estatal. Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, registra desde finales de agosto de 2016 –publicó el
diario Reforma–, diez visitas a dicha entidad para encabezar las llamadas
“ferias de servicios”, en las cuales se distribuyen diversos apoyos. Y el
entonces flamante titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique
Miranda, realizó giras de trabajo en la entidad el 9 y el 17 de noviembre para
entregar despensas y vales electrónicos y anunciar la apertura de lecherías,
promover la afiliación al Programa Prospera y entregar apoyos a beneficiarios
del mismo.
El
activismo de Miranda llamó la atención de los legisladores y en su
comparecencia ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Fomento
Cooperativo de la Cámara de Diputados, debió prometer que ya no visitaría el
Estado de México.
Sin embargo lo relevaron los subsecretarios Eviel Pérez Magaña, de Desarrollo
Social y Humano; y Javier García Bejos, de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional, que en los primeros meses de este año han visitado repetidas
ocasiones el Estado de México para entregar apoyos o promover acciones y
programas e incluso anunciar que se instalarán ahí dos mil comedores
comunitarios.
Al mismo tiempo, Isis Ávila, hija
del gobernador y presidenta honoraria del DIF estatal, intensificó la
realización de actos masivos donde, de acuerdo con la información ya citada del
diario capitalino, entrega “tarjetas La
Efectiva, con montos de 2 mil 750 a 3 mil pesos, a cambio de la copia de la
credencial de elector”. Siempre según ese medio, entre septiembre del año
pasado y febrero de este año, la hija del mandatario promedia ocho actos
masivos al mes.
En paralelo el gobierno federal
centró los promocionales que se difunden en los medios electrónicos en las
obras y acciones que realiza o realizó en el Estado de México; los mismos
terminan con la frase “en el Estado de México hay historias que cuentan” y, en
algunos de ellos, incluso introducen algunos elementos del lema de campaña y de
gobierno de Eruviel Ávila. “pensar y hacer en grande”, en boca de algunos de
los personajes que participan en los mismos.
Tanto
el presidente como el gobernador saben lo relevante que es para ellos y su
partido ganar las elecciones en el Estado de México, pues un descalabro ahí
prácticamente los condenaría a perder la Presidencia de la República el próximo
año; en el caso de Eruviel Ávila, porque en automático se cancelaría su
posibilidad de ser el abanderado tricolor; en el del presidente, porque sin los
recursos y estructura que aporta el gobierno mexiquense, las probabilidades de
que gane el PRI tenderían a cero.
Por
ello no es sorprendente que utilicen todos los recursos a su alcance y
aprovechen hasta el último momento la propaganda gubernamental para impactar a
los votantes mexiquenses. Pero también hay que tener presente que esa
entidad es considerada laboratorio de la elección nacional, porque el perfil de
su población (edad, género, nivel socioeconómico, distribución rural-urbano,
etc.) es muy similar al de todo el país, por lo cual normalmente se utiliza
este proceso electoral para ensayar las estrategias y tácticas de campaña que
se pueden usar en la campaña presidencial.
Hace
seis años, en la elección de gobernador en julio de 2011, aparecieron los
monederos electrónicos como una forma de obtener el voto de los mexiquenses,
mecanismo que se usó también en la elección presidencial de 2012. Basta
recordar el escándalo de las tarjetas Monex, que fue descubierto antes de los
comicios; y posteriormente las tarjetas Soriana, cuando los mexiquenses se
amontonaron en varias de las tiendas de esa cadena comercial para comprar sus
despensas con el dinero que les habían depositado en las mismas. Lo novedoso de esa práctica de compra de
votos es que el recurso no se lo depositaban al votante hasta que éste
demostraba que había sufragado por el PRI, lo cual les permitía tener un
control, que el manejo del dinero en efectivo no les brindaba.
Hasta
el momento todavía no asoma una nueva práctica, pero lo orquestado e intenso de
la operación, así como la importancia del resultado electoral y lo útil de la
experimentación en campo de las nuevas prácticas de manipulación del voto,
evidencian que tanto los gobiernos (federal y estatal) como los partidos
políticos que forman la alianza que respalda al candidato tricolor utilizarán
todos los recursos (legales e ilegales) para ganar la contienda.
Por lo pronto, es un hecho que la rigurosa vigilancia de la oposición
sobre los programas y acciones gubernamentales no es suficiente para inhibir su
abierta y descarada intervención en el proceso electoral.
La nueva estructura electoral
(administrativa y jurisdiccional) ya no permite las viejas prácticas
fraudulentas, pero todavía deja un margen de maniobra por la vía de la compra y
coacción del voto, que es a lo que han recurrido en los últimos procesos
electorales. Ciertamente es un margen muy estrecho, pero en elecciones
altamente competidas puede ser suficiente para definir al ganador.
Los
gobiernos federal y estatal están dispuestos a aprovecharlo al máximo, sin
importar que con ello pongan en riesgo la validez de la elección, por lo que
hay que estar muy atentos a este proceso electoral, especialmente porque de
acuerdo con las encuestas, el ganador todavía no está definido.
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