Adela Navarro Bello.
En Acapulco, Guerrero, el Gobierno de la República que
encabeza Enrique Peña Nieto, hubo de enviar cientos de elementos de las fuerzas
armadas para resguardar el desarrollo del abierto mexicano de tenis. Activar un
operativo disuasivo con la presencia de policías, soldados y marinos, para que
criminales, sicarios y narcotraficantes, se replegaran en el transcurso de la
justa tenística.
En otro no menos importante destino turístico como lo es
Cancún, Quintana Roo, la administración peñista también desplegó elementos
policíacos y castrenses luego que criminales organizados atacaran, en un dejo
de soberbia impunidad, las instalaciones de la Fiscalía General del estado en
el paradisiaco destino. Ante el
estruendo de los balazos que retumban hasta escucharse en el extranjero en
notas y reportajes, muchos jóvenes que anticipaban pasar las vacaciones de
primavera en aquella ciudad, fueron alertados de no hacerlo y algunos
cancelaron sus viajes.
Hace unos días, en un
tercer punto turístico mexicano como lo es Los Cabos, los criminales
aterrorizaron a los turistas cuando, huyendo de la policía local, corrieron a
refugiarse a un hotel de cinco estrellas, y éstos últimos accionaron sus armas
largas para amagar a los delincuentes y aprehenderlos, frente a las decenas de
visitantes extranjeros que a gritos corrían y se echaban al piso para salvar la
vida de una bala perdida o mal disparada.
Tanto Acapulco, Cancún,
como Los Cabos, forman parte de las playas turísticas más importantes,
concurridas y visitadas de México, y hoy la inseguridad en sus calles, producto
del derramamiento de sangre por cruentas guerras de los cárteles de las drogas,
están perdiendo su atractivo de entretenimiento, relajamiento y diversión.
Hace unos días en el Semanario ZETA publicamos el recuento
de ejecutados en México, estadística periodística que venimos haciendo desde el
sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y que sirve como parámetro para la
medición de la inseguridad y la violencia en México. La guerra contra las drogas, como nombró el ex Presidente Felipe
Calderón Hinojosa a su estrategia en el combate a la inseguridad y la violencia
provocada por los capos de los cárteles de la droga, dejó a México en seis
años, un poco más de 100 mil ejecutados. El Presidente Enrique Peña Nieto, en
50 meses de gobierno y a poco menos de dos años que concluya su sexenio,
acumula 90 mil 634 ejecutados.
Sin una guerra contra las drogas, sin una estrategia integral de combate al narcotráfico y al crimen
organizado, y sin que el Presidente se dirija abierta y públicamente sobre el
tema del incremento de homicidios dolosos en México, el País está peor que en
el sexenio pasado, y de continuar el promedio de violencia y los números de
ejecutados, el gobierno de Peña Nieto contará más víctimas de una guerra por
calles, ciudades, estados y fronteras que encabezan los cárteles de las drogas.
Sólo 9 de 32 estados
de la República mexicana contabilizan menos de mil ejecutados en 50 meses
cada uno. Hidalgo (859), Nayarit (651), Quintana Roo (593), Baja California Sur
(582), Querétaro (497), Tlaxcala (358), Campeche (297), Yucatán (214), y
Aguascalientes (178). Son los estados “menos” inseguros, aunque en el caso de
Quintana Roo y Baja California Sur, la violencia ha subido de nivel en los
últimos días, a grado que la Presidencia de la República ha debido enviar
operativos federales especiales para apoyar a los gobernadores de aquellos
estados.
Los 10 estados con
más ejecutados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto básicamente son
los mismos que lo fueron con Felipe Calderón Hinojosa, acaso cambian las
posiciones conforme la inseguridad va migrando entre estados de tráfico,
producción, venta y trasiego de drogas. Actualmente la tabla de la inseguridad
está así:
Estado de México, 11
mil 604 ejecutados, Guerrero, 8 mil 986, Chihuahua, 7 mil 240; Jalisco con 5
mil 292, Sinaloa, 4 mil 914, Ciudad de México 4 mil 628, Veracruz 4 mil 309,
Michoacán, 4 mil 259, Baja California 3 mil 757, Guanajuato 3 mil 680, y Tamaulipas,
3mil 566. La onceaba posición también supera los 3 mil ejecutados en 50 meses,
se trata de Oaxaca con 3 mil 410 homicidios dolosos.
A diez años que iniciara la guerra contra las drogas, se
activara la Iniciativa Mérida para la colaboración del gobierno de los Estados
Unidos en el combate a la inseguridad en México, los números refieren un fracaso de la política pública en materia de
combate a la inseguridad en el actual sexenio.
Es importante decir que, lo habrá percibido, Enrique Peña Nieto no habla de inseguridad,
ni de violencia, mucho menos del número de homicidios dolosos acontecidos en
México, estos temas los refiere de manera exclusiva en los mensajes que
otorga el día de su mensaje a la Nación (en lo que se convirtió en Informe Presidencial
desde hace muchos años), y los aborda con positivismo, refiere “baja” o “disminución” en los índices de la violencia, que
lejos están de reflejar la realidad del País.
Hoy día hay
territorios en Sinaloa, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, por mencionar
los casos más graves, literalmente tomados por los criminales organizados.
Vemos los videos que recogen pobladores y residentes de ciudades en esas
entidades que con compartidos vía plataforma digital, que nos dan cuenta de
balaceras, del paso de convoyes ilícitos, de grupos criminales atacando a
ciudadanos o a otros grupos criminales. Observamos
cómo son localizadas narco-fosas (en la última donde han sido localizados los
restos de más de 250 personas), escuchamos los balazos, somos testigos de
formas impensables de matar en la mafia mexicana.
A México le hace
falta una estrategia integral de combate a la inseguridad, pasar de la
aprehensión de los grandes capos, al desmantelamiento de las redes de
distribución de droga, el aseguramiento de los bienes de los narcotraficantes,
casas de seguridad, empresas, cuentas bancarias, persecución real del lavado de
dinero, campañas contra las adicciones, desmantelamiento de las estructuras de
narcomenudeo, depuración en las corporaciones policiacas de Federación, Estado
y municipio, inteligencia en la investigación y la utilización de la ciencias
forenses, inversión en las áreas de seguridad para la capacitación de técnicos,
policías, investigadores, funcionarios, y la contratación de más para hacer frente
a la ola de inseguridad y violencia en la que vivimos.
A México le hace falta un cambio de estrategia, y que el Presidente de la República acepte
que hay un grave, preocupante y terrible problema de inseguridad, y que este se
ve en el número de homicidios dolosos que suceden en el País. Ahí están los más
de 90 mil que se contabilizan en los 50 meses que llevamos del Gobierno de Peña
Nieto.
No hay estado que se
salve de la inseguridad, y el problema está rebasando la capacidad del gobierno
para responder, procesar, erradicar la violencia en México, y esto inhibe la
inversión, ahuyenta el turismo y no permite a México visualizar un futuro
distinto.
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