Con 22 de los 30
votos del Congreso Local, el gobernador Graco Ramírez logró reformar la Ley
para disponer de las reservas territoriales en la entidad sin necesidad de
pedir permiso al Poder Legislativo.
Los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura
eliminaron la obligación del Ejecutivo para
solicitar autorización para la compra, venta o donación de la reserva
territorial del gobierno estatal.
Dichos actos los llevará a cabo el Ejecutivo a través de la
Comisión de Reservas Territoriales, que tendrá
la facultad para "la constitución de reservas territoriales y la
administración y promoción del suelo urbano y urbanizable, apto para el
desarrollo habitacional, industrial, comercial, servicios públicos, privados,
turísticos y vivienda".
Dicho organismo
descentralizado podrá también regularizar la tenencia de la tierra, en los
predios donde existan asentamientos irregulares; celebrar operaciones de compra
y venta, promesa de venta, fideicomisos, arrendamientos, hipoteca, garantía de
créditos o de cualquier otra naturaleza; gestionar ante las instituciones de
crédito facultades para el efecto, los financiamientos que requiera para el
logro de sus finalidades; entre otras acciones.
La comisión antes
citada tendrá, entre otras facultades, la de fomentar la constitución de
inmobiliarias sociales e incluso podrá llevar a cabo el desarrollo de
viviendas.
En un transitorio de la misma iniciativa de decreto, se plantea que el titular del Poder
Ejecutivo podrá designar y aportar, a favor de la Comisión de Reservas
Territoriales, los bienes inmuebles del patrimonio del Estado.
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) (a
excepción de Carlos Alaniz), del Humanista y Verde Ecologista, se opusieron a
dicho dictamen y señalaron que no fue consensuado. Incluso, afirmaron que la
Comisión para el Desarrollo y Asentamientos Humanos nunca sesionó para atender
dichas propuestas.
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