El presunto desvío y desaparición de recursos federales es un
problema generalizado en la mayor parte
del país. Nuevas denuncias penales presentadas en el último año por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) involucran a gobiernos estatales y
municipales de 30 de las 32 entidades federativas.
Un balance actualizado dado a conocer por la ASF revela que ya son 322
denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República
(PGR) por los presuntos malos manejos de recursos públicos descubiertos en las
entidades federativas.
Estas denuncias involucran, por lo menos, 146 mil millones de pesos
presuntamente desviados de las cuentas públicas entre los años 2011 y 2014 en
los estados. A esto hay que sumarle desvíos detectados desde 2007 cuyo monto no
se ha reportado, y lo que se sumen de la Cuenta Pública 2015, luego de que
se agoten las comprobaciones.
De las 322 denuncias presentadas
por malos manejos en estados y municipios, 64
corresponden a Veracruz, la entidad con la mayor cantidad de irregularidades denunciadas
penalmente ante la Procuraduría. De esas denuncias, 59 corresponden a malos
manejos atribuibles directamente al gobierno estatal y más del 80 por ciento a la administración del exgobernador Javier
Duarte, actualmente prófugo de la justicia.
Apenas el pasado 23 de diciembre
la ASF presentó la última denuncia penal ante la Procuraduría en contra de la
administración de Javier Duarte. Esta fue por la desaparición en 2014 de más de
890 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que son recursos
federales que se entregan al estado para que los invierta en obras y acciones
de asistencia social y educación.
Lo que los auditores descubrieron
es que la Secretaría de Finanzas del estado –como se hizo en múltiples casos
más– sacó la referida cantidad de la
cuenta del Fondo y la transfirió a otras cuentas bancarias del gobierno estatal
sin que exista ningún tipo de evidencia de que se usaron para lo que era. El
dinero nunca fue regresado.
En total, solo el estado de Veracruz acumula posibles desvíos reportados por los
auditores que ascienden a 26 mil millones entre 2011 y 2014.
Luego de Veracruz, Michoacán y
Morelos son las entidades con el mayor número de denuncias ante la PGR por
desvío de recursos federales con 23 cada una. En el caso de Michoacán, es la entidad federativa con la
segunda mayor cantidad de recursos públicos posiblemente desviados entre 2011 y
2014: casi 21 mil millones de pesos.
Todas las denuncias penales presentadas por la Auditoría en el caso de
Michoacán atañen al gobierno estatal. De los casos reportados ante el
Ministerio Público 11 corresponden a hechos denominados “simulación de
reintegros” que ocurren cuando las autoridades devuelven recursos faltantes
de alguna cuenta bancaria en específico solo para pasar las revisiones y
posteriormente vuelven a sacarlos.
En el caso del estado de Morelos,
de las 23 denuncias por presuntos desvíos en ese estado cuatro corresponden a
anomalías encontradas en el manejo de recursos federales en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. El resto
de los casos involucran al gobierno estatal y de ellos ocho son por simulación
de reintegros.
Luego de los casos anteriores los estados que registran mayor cantidad de
denuncias penales ante la PGR por malos manejos son Chihuahua con 18
averiguaciones abiertas, Baja California Sur con 14 carpetas de investigación
en curso, Tlaxcala con 13, Zacatecas con 11 casos y Nuevo León con seis.
Borge sin irregularidades, por
ahora.
Los únicos dos estados en los que la Auditoría no ha denunciado
penalmente (hasta el momento) posibles desvíos de recursos federales, de
acuerdo con el balance publicado con corte del 31 de enero pasado, son
Aguascalientes y Quintana Roo.
En el caso de Quintana Roo los auditores han reportado que entre 2011
y 2014, periodo en el que estuvo al frente de la administración estatal Roberto
Borge existen mil 522 millones de pesos cuyo destino y uso se encuentran aún
pendiente por esclarecer. Sin embargo, de acuerdo con el reporte dela ASF, no
hay denuncias penales vigentes hasta el momento.
La administración de Roberto Borge ha sido señalada en el último año
por múltiples casos de corrupción. Por citar el último caso, el pasado 22 de
febrero un empresario de Quintana Roo presentó una denuncia ante la
Procuraduría por la presunta asignación de contratos a empresas fantasma, con
un modus operandi similar al registrado por este medio en el caso Veracruz.
En el caso de Aguascalientes los auditores han hecho observaciones por
492 millones de pesos cuya utilización está pendiente por aclarar; sin embargo,
esto no ha derivado –por el momento– en denuncias ante la Procuraduría.
Existe el caso de otros estados
como San Luis Potosí donde, de acuerdo con el reporte de la auditoría, no
existen denuncias penales en contra del gobierno estatal pero si hay tres que
involucran a administraciones municipales.
La federación, peor que los estados.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que, por lo
menos a nivel de denuncias, la administración federal está aún peor que los
estados.
En total, la federación acumula 419 denuncias de hechos ante la PGR por múltiples
irregularidades en el manejo de los recursos públicos tanto en secretarías de
Estado, así como en algunos organismos paraestatales, obras y fideicomisos.
De acuerdo con el balance de los
auditores las denuncias involucran a 36
distintas dependencias y órganos del nivel federal, pero el foco rojo se
concentra en los recursos para el campo y principalmente en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa). Dicha dependencia
concentra 174 de las denuncias penales presentadas por la ASF, casi el 40 por ciento
de todas las presentadas por desvíos en el gobierno federal.
Visto de otra forma: el número de denuncias por posibles desvíos
en SAGARPA son casi el doble de las que se han presentado en contra del
gobierno de Veracruz.
La denuncia más reciente contra
SAGARPA fue presentada el pasado 6 de
diciembre y corresponde a irregularidades en el Programa de Fomento a la
Agricultura en 2014. Lo que los auditores encontraron es que había
beneficiarios fantasma que supuestamente recibieron apoyos, simulación de casi
200 pagos, y otras irregularidades que representan un posible fraude que supera
los mil 200 millones de pesos.
La desaparecida Secretaría dela
Reforma Agraria (SRA) es la segunda dependencia federal con la mayor cantidad
de denuncias por mal manejo de recursos con 49 en total. La mayor parte de
estas irregularidades corresponden al ejercicio del año 2011.
El denominado Fideicomiso de
Riesgo Compartido (FIRCO) que es una entidad paraestatal sectorizada en SAGARPA
es la tercera dependencia con más denuncias con 30, y después le sigue la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano sobre la que ya pesan 25
denuncias penales por posibles desvíos.
Otras dependencias que figuran con
varias denuncias ante la Procuraduría son, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad con 12 casos; Secretaría de Desarrollo Social con 11
averiguaciones; el Servicio de Administración Tributaria con una decena de
denuncias; la Comisión Nacional del Agua con diez también; el ISSSTE con otras
diez carpetas de investigación; entre otras.
Entre las denuncias presentadas
por la Auditorías solamente una
involucra al Poder Judicial Federal y está relacionada con irregularidades en
el gasto del Tribunal Electoral del Poder judicial dela Federación en la Cuenta
Pública 2013.
¿Y qué pasa con las denuncias?
Poco o casi nada. El reporte de la Auditoría no revela
cuantos casos de los ya denunciados fueron consignados por la Procuraduría ante
un juez y solo indica que los casos se encuentran en trámite.
Pero un análisis incluido en la
obra titulada “México: Anatomía de la Corrupción: 2da Edición” de María Amparo
Casar, publicada por el IMCO y
“Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” evidencia que de una muestra de 494 denuncias presentadas por la
Auditoría, solamente 7 fueron consignadas.
Es decir, se trata de una efectividad de casos consignados ante un juez inferior
al 1.5 por ciento. Del resto delas averiguaciones 421 seguían en trámite, ocho
fueron enviadas al archivo de reserva y en otras ocho se determinó en
definitiva no proceder en contra de nadie.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, reconoció en una
entrevista que la mayor parte de las denuncias interpuestas están estancadas
pues no existe un fiscal anticorrupción que se haga cargo exclusivamente de
estas investigaciones, como si se espera que suceda dentro del nuevo
Sistema Nacional Anticorrupción.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.