El cozumeleño Javier
Zetina González, uno de los últimos funcionarios involucrado en el “paquete de
impunidad” que confeccionó la Legislatura local anterior para el entonces
gobernador Roberto Borge, formalizó su renuncia como titular de la Auditoria
Superior del Estado (Aseqroo).
El Congreso del
estado confirmó la renuncia de Javier Zetina, cuya designación había provocado
controversia debido a sus vínculos con los exgobernadores Roberto Borge y Félix
González Canto.
En su carta de renuncia como titular del Aseqroo, Zetina
González, quien se desempeñó como director estatal de Transportes y
Comunicaciones en el sexenio de Roberto, argumentó
que su dimisión es “por motivos personales, y por estar convencido del interés
supremo de las instituciones antes que el de las personas”.
Y subrayó:
“Además por todos los acontecimientos “políticos” que en los
últimos ocho meses, se generaron en contra de mi nombramiento”.
En la carta, se
especifica que la renuncia, presentada “es de carácter irrevocable a partir del
31 de marzo de 2017”.
Dentro del llamado
“paquete de Impunidad”, mediante el que Borge promovió una serie de reformas y
nombramientos para “blindarse” cuando dejara el gobierno del estado, la
anterior Legislatura eligió el pasado 5 de julio a Javier Zetina González como
titular de la Aseqroo para un periodo de siete años.
Desde los primeros cuestionamientos, Zetina González
presentó amparos para mantenerse en la Aseqroo, hasta que el 1 de marzo
trascendió su renuncia.
No obstante, en días
pasados, solicitó un presupuesto adicional de 20 millones de pesos para
auditorías, que le fue negado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
del Congreso del estado.
El pasado 9 de
diciembre, Carlos Arturo Álvarez Escalera, también incluido en el “paquete” de
impunidad”, dimitió como titular la Fiscalía General del Estado.
En octubre del año pasado, el Congreso del estado realizó reformas para evitar la reelección del
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Fidel Villanueva Rivero,
designado para este cargo el 8 de agosto de 2011, en la administración de
Roberto Borge.
Con la renuncia de Zetina González, aún está pendiente la dimisión de Carlos Lima Carvajal, otro
beneficiado con el “paquete de impunidad” que fue electo magistrado del TSJ y
fue director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) con
Roberto Borge. Bajo ese cargo Lima Carvajal fue señalado por participar en los
despojos ordenados por el gobernador Roberto Borge en la franja costera de Tulum.
De hecho, hay un
proceso abierto de juicio político en su contra, por no presentar su
declaración patrimonial en el plazo marcado por la ley.
A través de un comunicado, el Congreso del estado anticipó
que analizará la renuncia de Javier Zetina y “una vez llegados los tiempos
legales considerados en la Constitución del Estado, la ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
dará trámite al proceso legal correspondiente para la designación del nuevo titular
del órgano”.
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