¿Y el fiscal anticorrupción?

Alfredo Lecona.

Todo parece indicar que la próxima semana el Senado elegirá al primer Fiscal Anticorrupción, a través de un proceso viciado de origen y con pocas posibilidades de corregirse.

La clase política ha sido desnudada, principalmente en el último año, por los escándalos de corrupción realizados y tolerados por sus miembros. Las crisis de grotescos gobernadores que han dejado a sus estados prácticamente en la quiebra, han generado, en lo positivo, un andamiaje legal e institucional más robusto para combatirla a través del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); y en lo negativo, el reforzamiento del pacto de impunidad que es visible en designaciones de cargos públicos por arreglos políticos. En términos más claros: la clase política está haciendo todo lo posible para blindarse de mecanismos, como los del SNA, colocando en puestos clave a sus cuates, viciando procesos y negociando cuotas.

El Senado es la representación más clara de la clase política. En esa cámara continúan la mayoría de los senadores que por sus escaños vieron circular las denuncias sobre la corrupción de Peña Nieto, los Duarte, Padrés y Borge, sin que hicieran nada.

Es ofensivo el procedimiento que se ha dado el Senado para designar al Fiscal Anticorrupción, al facultar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para hacer la propuesta que votaría el pleno del Senado, lo que quiere decir que la designación sería prácticamente un arreglo entre los coordinadores Emilio Gamboa (PRI), Miguel Barbosa (PRD), Carlos Puente (PVEM) y Fernando Herrera (PAN). Los pasos previos, son una simulación, en la que las 30 personas que aspiran al cargo comparecerán ante las Comisiones Anticorrupción y de Justicia del Senado, en un desfile insustancial que se desarrollará durante esta semana, para turnar a la Jucopo una lista de candidaturas “idóneas”, aunque los coordinadores solo presenten al pleno una sola propuesta.

Para entender cómo llegamos a esto, hay que recordar que el plazo para que las comisiones entregaran a la Jucopo las propuestas de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción, se extendió dos veces. El primer acuerdo que aprobó el procedimiento fue emitido el 25 de octubre del año pasado, en el que se estableció que las comisiones remitirían a la Jucopo la lista de aspirantes idóneos, a más tardar el 29 de noviembre. La advertencia de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre una designación fast track sin escrutinio ciudadano obligó al senado a extender el plazo al 14 de febrero y también se incumplió, razón por la cual, la Jucopo acordó el que vence el próximo 14 de marzo.

En los momentos anteriores, los coordinadores de los grupos parlamentarios justificaron las prórrogas en la no existencia de condiciones para llegar a un acuerdo político, teniendo en mano la inconformidad de la sociedad civil que, más allá de plazos, hizo una propuesta de método de designación para “reconstruir la confianza” en un Senado que designó en menos de 24 horas a Raúl Cervantes como Procurador General de la República, apenas un mes antes del primer acuerdo de la Jucopo.

La propuesta del colectivo de organizaciones incluyó la creación de un Comité Técnico de Acompañamiento, integrado por expertos miembros de la academia y la sociedad civil organizada, que definiera una metodología y criterios claros y públicos para la valoración de los candidatos en sus comparecencias y sus trayectorias, además de la formulación de preguntas hechas por la ciudadanía en una urna transparente. Al final sería este Comité, el que propondría una lista de candidatas y candidatos para el cargo, tras establecer criterios objetivos de idoneidad y no los tradicionalmente mal desarrollados por las comisiones legislativas en designaciones anteriores, que prácticamente se limitan al cumplimiento de requisitos como la trayectoria, la edad y el título académico. El Senado ignoró por completo la petición de la sociedad civil.

Lo propuesto encontraba oportunidad y trascendencia tras la declinación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA, para emitir una opinión sobre los perfiles de las y los aspirantes, pues se trataba de una facultad extralegal que la Jucopo le concedió en su acuerdo, para legitimar un proceso en el que finalmente solo importaría la decisión de los coordinadores de los partidos en el Senado.

Además, el Senado había impulsado la candidatura de Ximena Puente, quien fue motivada por legisladores del PRI y el PAN para inscribirse, contaminando el proceso, previo al cierre del registro de las y los candidatos. En los pasillos del Senado se dijo que la candidatura de la Comisionada Presidenta del INAI era un distractor para que, una vez criticada por intentar dejar su cargo, se posicionara al expresidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo, personaje cercano a Luis Videgaray y a senadores del PVEM y del PRI y quien ahora parece ser el candidato favorito de la Jucopo para ocupar el cargo.

La semana pasada, también declinó su candidatura, Miguel Sarre, ex miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura en la ONU, quien en una carta al Senado, criticó la falta de condiciones para que la Fiscalía Anticorrupción cumpla con las expectativas de la sociedad.

A pesar de que en esta semana las comisiones del Senado tienen programado realizar las comparecencias, con el acompañamiento del Consejo de Participación Ciudadano del SNA y miembros de la sociedad civil, ha trascendido que senadores del PRI y el PAN podrían estar enfrascados en “una disputa sobre la reforma del artículo 102 constitucional en lo relativo a la dependencia o independencia de los ministerios públicos”, es decir, sobre la reforma a la PGR, en perjuicio de la autonomía de la Fiscalía.

Lo ideal, frente a la posibilidad de una designación por cuotas, sería que no se eligiera al Fiscal Anticorrupción, hasta que no se defina el modelo de Fiscalía General de la República y se designe su titular, pero el riesgo de que la designación sí se concrete en estos días, dibuja como necesidad que las Organizaciones de la Sociedad Civil que impulsaron la propuesta del Comité Técnico de Acompañamiento, la retomen para exigir al Senado un proceso incluyente y transparente, en el que la lista de personas idóneas para ocupar el cargo, sea entregada a la Jucopo tras un proceso de evaluación ciudadana, para que esa cúpula del Senado renuncie a hacer una designación opaca y turne al Pleno del Senado una terna de candidaturas idóneas y no una sola propuesta de nombramiento. Todo esto solo puede encontrar garantía si se modifica el acuerdo original de la Jucopo, para lo que se necesita voluntad política de los Senadores.

Si el proceso sigue su curso, sobre la marcha, el Senado debe intentar disminuir la desconfianza ciudadana, rumbo al proceso de transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República y la designación de su titular, quien (dicho sea de paso) no debe ser Raúl Cervantes Andrade, ex abogado general del PRI y primo del Consejero Jurídico de la Presidencia.

La Fiscalía Anticorrupción es un pilar del SNA y la autonomía de su titular es fundamental para la persecución efectiva de los delitos de corrupción.

Como advertimos a finales del año pasado, el diseño de la Fiscalía Anticorrupción tiene errores con los que tendrá que sobrevivir si no se reforman, como la remoción de su titular por el Procurador General de la República; la entrega de su presupuesto anual a la SHCP a través de la PGR o la necesidad de acordar el nombramiento de los agentes del Ministerio Público con el Procurador; pero de todos los problemas, el que más preocupa en estos días es la designación de su titular.

El nombramiento de la o el Fiscal Anticorrupción, será el primero de muchos que hará el Congreso este año. Sí, año electoral.

En medio de la crisis de desconfianza ocasionada por su corrupción, la clase política debe empezar a entender que no entiende.