Guerrero enfrenta una crisis de
inseguridad, corrupción política, impunidad y violencia. Sin embargo, para el
secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, esa situación no merece
comentarios, como sí los hizo sobre el conflicto que se vive en Venezuela.
“¿Cómo puede permitirse Nicolás
Maduro que se le destruya el país, lo repudie la población, ensangrentarse las
manos y no renunciar al poder?”, escribió esta madrugada en su cuenta personal
de Twitter.
Por la misma
vía, el dirigente estatal del PRD,
Celestino Cesáreo Almazán, respondió al exembajador de México en Colombia
(durante el gobierno panista de Felipe Calderón): “¿Que renuncie Maduro? Es
correcto. Sería bueno que usted pusiera el ejemplo ante la ola de violencia en
Guerrero”.
Y así, mientras el secretario de Gobierno analiza
de manera activa en redes sociales la situación político-social de otros
países, en la entidad los conflictos sociales se agudizan frente a los altos
niveles de violencia que mantienen aterrorizada a la población.
La semana
pasada, la dirigencia nacional
perredista emplazó al gobierno de Héctor Astudillo a esclarecer a la brevedad
la ejecución de quien fuera secretario general del comité estatal de ese
partido, Demetrio Saldívar Gómez, de lo contrario, advirtieron, exigirán la
renuncia del fiscal estatal Xavier Olea Peláez.
Por
separado, familiares de personas
desaparecidas en Acapulco denunciaron la indiferencia del gobierno estatal ante
la exigencia de exhumar los cuerpos que de manera irregular fueron depositados
por las autoridades en fosas comunes, violando los protocolos de tratamiento
forense.
El pasado
martes 11, Apro dio a conocer que la crisis política del gobierno de Héctor
Astudillo Flores reventó por lo más débil: la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas (CEEAV), donde un conflicto entre los comisionados, que se
dirimió a punta de pistola, exhibió el negro historial del presidente del
organismo, José Luis Gallegos Peralta.
Astudillo y su secretario de
Gobierno, Florencio Salazar Adame, han hecho mutis al respecto y evitan comentarios
sobre los señalamientos de compadrazgo y presuntos actos de corrupción en el
gabinete estatal.
De acuerdo con la nota publicada el
martes 11, documentos oficiales difundidos desde 2014 indican que Gallegos
Peralta aparece en calidad de “inculpado” en seis averiguaciones previas, la
primera de las cuales fue radicada el 17 de octubre de 2003 bajo el expediente
AZUE/SC/0582/2003, por el delito de despojo.
Los diputados de la actual
Legislatura local (LXI) olvidaron esos antecedentes y por unanimidad designaron
al abogado como presidente de la CEEAV en enero de 2016.
De esta
manera, el litigante acusado de fraude y
despojo se convirtió en el representante del gobierno de Astudillo para atender
uno de los temas más sensibles que enfrenta esta administración: el viacrucis
que viven cientos de familiares de personas desaparecidas.
El mérito de Gallegos Peralta, además
de ser recomendado directamente por Astudillo, es que se desempeña como
apoderado legal de la notaría 19 del expresidente del Tribunal Superior de
Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y también como asesor jurídico del
Hospital de Cancerología de Acapulco, que dirige Jorge Eblem Azar Silvera,
carente de cédula profesional en oncología, según fuentes oficiales.
Salazar
Adame colocó a María Elena Jaimes
Martínez al frente de la CEEAV, pero luego la removió porque integrantes del
colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa la acusaron de
presuntos nexos familiares con el líder de la pandilla de Los Rojos, Zenén Nava
Sánchez.
Las mismas
fuentes señalaron que la imputación contra Jaimes Martínez se realizó durante
un encuentro privado que sostuvieron integrantes de varios colectivos
ciudadanos con Salazar Adame en su oficina de la sede del Poder Ejecutivo, al
sur de esta capital. Pese a ello, el funcionario estatal premió a la mujer y la
designó subsecretaria en la dependencia que él encabeza.
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