La crisis política del gobierno de
Héctor Astudillo Flores reventó por lo más débil, la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas (Ceeav), donde un conflicto entre los comisionados que
se dirimió a punta de pistola, exhibió el negro historial del presidente del
organismo, José Luis Gallegos Peralta.
En
contraste, el gobernador Astudillo ha
hecho mutis sobre la situación de la Ceeav, que refleja el perfil de su gabinete, el cual se ha fincado en el
compadrazgo y los señalamientos constantes de presuntos actos de corrupción.
En diciembre
de 2014, Apro dio a conocer que los
integrantes de la LX legislatura local rechazaron la propuesta planteada por el
interino Rogelio Ortega, en el sentido de designar a Gallegos Peralta como
titular de la Fiscalía General del estado (FGE), porque el litigante porteño
tiene en su contra seis averiguaciones previas por diversos delitos del fuero
común.
Documentos
oficiales difundidos en ese entonces, indican que Gallegos Peralta aparece en calidad de “inculpado” en seis
averiguaciones previas, la primera de las cuales fue radicada el 17 de octubre
de 2003 bajo el expediente AZUE/SC/0582/2003, por el delito de despojo.
La segunda (TAB/SC/06/0340/2005) fue
presentada el 30 de junio de 2005 por el delito de falsificación y uso indebido
de documentos, y la tercera el 12 de diciembre de 2006 por el delito de fraude
procesal, registrada bajo el expediente TAB/CAZ/06/0727/2006.
El 21 de
febrero de 2013 se presentaron de manera simultánea tres denuncias penales más
contra el entonces aspirante a encabezar la Fiscalía General del estado, por
los delitos de falsificación de firmas, uso de documentos falsos y simulación
de pruebas. Las imputaciones fueron consignadas en una sola averiguación
previa, TAB/CAZ/05/113/2013, según el reporte oficial.
No obstante, dos años después -en
enero de 2016-, los diputados de la actual legislatura local (LXI), olvidaron
estos antecedentes y designaron por unanimidad al abogado de negro historial,
José Luis Gallegos Peralta como presidente de la Ceeav.
De esta
manera, el litigante acusado de fraude y
despojo se convirtió en el representante del gobierno de Astudillo para atender
uno de los temas más sensibles que enfrenta esta administración: el viacrucis
que viven cientos de familiares de personas desaparecidas en la entidad.
El mérito de Gallegos Peralta, además
de ser recomendación directa de Astudillo, es que se desempeña como apoderado
legal de la notaria 19 del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Robespierre Robles Hurtado y también se desempeña como asesor jurídico del
hospital de Cancerología de Acapulco que dirige el médico sin cédula
profesional en oncología, Jorge Eblem Azar Silvera, indicaron fuentes oficiales.
El conflicto.
La actitud
de Gallegos al frente de la Ceeav desató una serie de problemas con los otros
dos comisionados que conforman el organismo: Javier Morlet Macho, quien se
desempeñaba como subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención a
Organizaciones Sociales del gobierno de Astudillo y María Elena Jaimes
Martínez, recomendada del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
El manejo
discrecional de los recursos públicos fue el origen del conflicto, explicó en
entrevista Morlet Macho, quien afirmó que Gallegos
convirtió su despacho particular en el puerto de Acapulco como oficinas de la
Ceeav “con cargo al erario”, además de habilitar como trabajadores del
organismo público descentralizado a su personal que litiga asuntos
particulares.
Los
comisionados de la Ceeav acordaron junto con el secretario de Gobierno,
Florencio Salazar Adame, asignarse un salario de 60 mil pesos mensuales con un
fondo revolvente de 25 mil pesos adicionales y 15 mil pesos más por concepto de
viáticos.
“Pero Gallegos se auto asignó 50 mil
pesos más como sueldo adicional y monopolizó de manera unilateral todas las
actividades operativas y financieras de la Comisión”, expresó Morlet.
Estas irregularidades fueron
denunciadas en su momento ante el secretario de Gobierno, Florencio Salazar
Adame, a los diputados locales, así como al área de Finanzas y la Contraloría
interna del gobierno estatal pero ninguna autoridad intervino para revertir la
situación, refirió
Morlet.
Por ello, Gallegos comenzó a presionar a los dos
comisionados para que renunciaran y en días pasados la comisionada María Elena
Jaimes sucumbió y su mentor Salazar Adame la colocó de inmediato en otra área
de la secretaría de Gobierno.
La deteriorada situación laboral al
interior de la Ceeav reventó públicamente el pasado jueves 6 cuando escoltas
armados de Gallegos, expulsaron a punta de pistola a Morlet Macho de las
oficinas del organismo, ubicadas al sur de esta capital, una casa propiedad del gobierno estatal
que se encuentra en la colonia Burócratas.
Al día
siguiente, viernes 7, el comisionado
Morlet Macho acudió a la FGE donde interpuso una denuncia por el delito de
tentativa de homicidio y amenazas de muerte en contra del presidente de la
Ceeav, José Luis Gallegos Peralta, que fue ratificada ante la Comisión estatal
de derechos humanos.
Hasta el momento, el gobierno estatal
no ha emitido una postura pública sobre la crisis que enfrenta la Ceeav y que
exhibe el desinterés de Astudillo frente al tema de las víctimas de la ola de violencia que se
vive en la entidad que ha dejado una incuantificable estela de homicidios y
desaparecidos.
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