Descomposición y esperanza.

Dice Enrique Peña Nieto que la crisis generalizada del Estado mexicano sólo existiría en nuestras “cabezas” e insiste en culpar a Andrés Manuel López Obrador y su supuesto “populismo” por todos los males del país. Y en un esfuerzo sumamente peligroso que muestra su gran desesperación, el presidente en funciones también ha buscado confrontar las Fuerzas Armadas directamente con el tabasqueño.

Felipe Calderón también se ha sumado a la feria de ataques en contra de quien encabeza todas las encuestas preelectorales, recurriendo a su muy sobado y desgastado discurso fantasioso de que López Obrador se parecería a Hugo Chávez y que por lo tanto sería un “peligro para México”.

Darían risa estos esfuerzos por distraer la atención ciudadana del enorme fracaso de los gobiernos del PRIAN si no fueran tan indignantes y cínicos. Resulta que los responsables por la total descomposición del país ahora quieren culpar al hombre a quien ellos mismos le han robado la presidencia en dos ocasiones y que no ha ocupado un solo cargo público desde hace más de una década.

Los hechos demuestran fehacientemente que la crisis generalizada no sólo existe en nuestras cabezas sino que es una realidad palpable a lo largo y ancho de la república. Y la historia demostrará con gran claridad quiénes son los verdaderos culpables por la destrucción de la patria y la descomposición de la institucionalidad democrática.

Por ejemplo, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, quien gozaba de un nombramiento del Congreso del Estado hasta el año 2020, es uno de los capos del narcotráfico más importantes en su estado, de mayoría priista, y que conspiraba para la manufactura y la distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha informado que el cobarde asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en el estado, habría sido motivado por la “narcopolítica”. De acuerdo con Humberto Moreira, expresidente nacional del PRI y quien fue detenido el año pasado en España bajo acusaciones de lavado de dinero, Felipe Calderón robó la presidencia a López Obrador en 2006 por medio de un fraude descarado.

El exgobernador PANista de Sonora, Guillermo Padrés, se encuentra hoy en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tanto Javier Duarte como César Duarte, exgobernadores PRIistas respectivamente de los estados de Veracruz y Chihuahua, están prófugos de la justicia, acusados también por desvíos millonarios de dineros públicos y privados.

El gobernador suplente de Javier Duarte en Veracruz, Flavino Ríos, hoy se encuentra encarcelado y sujeto a preso penal por tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento. Mauricio Audirac, secretario de Finanzas de Veracruz durante la administración de Duarte, fue detenido el pasado miércoles 29 por el delito de coalición de servidores públicos para violar la ley.

Al diputado federal de Chihuahua y cercano ex colaborador de César Duarte, Antonio Tarín, se le acusa por peculado de 300 millones en perjuicio del erario, pero logró evitar su detención al presentar un amparo conseguido en tiempo récord el pasado miércoles 29. Y en otra decisión judicial sospechosa, un juez dejó libre a Diego Cruz, uno de los integrantes de Los Porkys acusado de atacar sexualmente a una menor de edad en Veracruz, alegando que supuestamente el Ministerio Público no había acreditado plenamente “el estado de indefensión de la víctima” y “la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual”.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló casi toda la Ley Atenco que legaliza la represión y la criminalización de la protesta social, aprobada el año pasado por los socios de Peña Nieto y Eruviel Ávila en el Congreso del Estado de México. Tal y como ya hemos analizado en estas mismas páginas (véase: http://www.proceso.com.mx/436382/mexico-sitiado), el artículo 7 y todo el Capítulo III de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autoriza de manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social.

Mientras, la violencia en contra de los periodistas ha aumentado de manera escalofriante durante 2017. Además del indignante e inaceptable caso de Breach, en las últimas semanas también han sido ejecutados Celio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz. Otro periodista de Veracruz, el jefe de redacción del diario La Opinión en Poza Rica, Armando Arrieta, sufrió un atentado la semana pasada y hoy se debate entre la vida y la muerte. En Los Cabos, el periodista Julio Omar Gómez también fue emboscado afuera de su casa esta última semana. Murió su escolta en el ataque.

Es hora de que Calderón y Peña finalmente acepten su derrota. Ellos son los responsables por la total descomposición de la república y es tiempo de que se vayan a sus casas, sin pensión alguna de parte del Estado desde luego.

Los ciudadanos libres hemos llegado a la conclusión de que para restablecer la institucionalidad democrática y la justicia social es necesario probar algo nuevo. Ya no queremos más de lo mismo.

Respetamos al pueblo uniformado, pero no permitiremos que los generales nos gobiernen a punta de pistola. Respetamos las instituciones y las leyes, pero exigimos que sirvan a la justicia y al pueblo, y no a la impunidad y el saqueo. ¡Ya basta!