Ricardo
Ravelo.
Después del escándalo de corrupción
política y criminal que a finales de los noventa hundió a Mario Villanueva
Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba
pasó a ser el más emblemático de los últimos tiempos por la dimensión de su
expediente criminal.
El político
detenido en Florencia, Italia, el pasado 9 de abril, tiene un amplio historial mafioso en México y Estados Unidos: se le
acusa de favorecer la exportación de cocaína desde Tamaulipas, brindar
protección a dos organizaciones criminales –el Cártel del Golfo y Los Zetas –,
poseer una cuantiosa fortuna y tener en su haber decenas de propiedades a
nombre de una veintena de testaferros –todos ellos socios suyos — con
antecedentes de corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el
narcotráfico.
Aunque la mayoría de los políticos en
México siempre han tenido algún vínculo mafioso, lo cierto es que la nueva
generación de priistas y no priistas ha resultado ser todo un cártel: Ahí
están Javier y César Duarte, ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua,
respectivamente; Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, acusado de lavado
de dinero en Estados Unidos y España, quien está urgido de fuero para arroparse
en la impunidad. Ni se diga Roberto Borge, todo un capo de la corrupción
institucional. El PRD y el PAN también tienen su lista de mafiosos, además de
los gobernadores que pasarán a la picota. Graco Ramírez, el cacique de Morelos,
es un fuerte candidato.
Con un
voluminoso expediente criminal, Tomás
Yarrington encarna al verdadero narco-político y perteneció al PRI. Igualito
que Mario Villanueva, “El Chueco”, quien como Gobernador de Quintana Roo
enloqueció en el poder: se enredó con los mafiosos del Cártel de Juárez y hasta
solía prestar el hangar del gobierno del estado para que descendieran aviones
cargados con cocaína que, después, era trasladada en patrullas de la policía
estatal.
Así le pasó a Yarrington. Se saturó
de poder. Tuvo en sus manos el poder político y el de la mafia. Nadie soporta tanto sin caer en una
borrachera de poderío que, como ocurrió, terminó arrastrándolo por la pendiente
de la ruina moral.
Como Gobernador de Tamaulipas se le
inflamó el pecho de soberbia, de ambición desmedida y cayó en desgracia. Hizo de
Tamaulipas un territorio paradisíaco para la mafia y los cobijó a todos a
cambio de dinero. Y llegó a ser tan descomunal el flujo de
dinero sucio que hasta tuvo que utilizar los programas sociales para blanquear
los pagos del narco.
Durante su periodo como gobernador
(1999-2004) Yarrington permitió todo: el Cártel del Golfo, bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas, se
posicionó en el estado y Los Zetas extendieron su poder como nunca antes un
brazo armado lo había hecho, hasta convertirse en el tercer cártel más poderoso
de América Latina. Tamaulipas se afianzó como territorio del narco, del crimen,
de la muerte. Y hasta la fecha lo es.
Nada ha cambiado.
La mayoría
de los presidentes municipales de Tamaulipas, priistas y no priistas, fueron
financiados por el narcotráfico y Tomás Yarrington, a través de Francisco
Cayuela –exdirector de la Policía Ministerial y ex procurador del estado
–recogía maletas de dólares en todas las regiones del estado donde operaban
tanto el Cártel del Golfo como Los Zetas. La recolección de dinero, se decía
entonces, era para pagar la campaña de Tomás Yarrington, pues en el 2006 fue un
fuerte aspirante a la presidencia de la República. A menos en su afiebrada imaginación tenía cabida es proyecto.
La historia
de Tomás Yarrington –documentada en
expedientes integrados en México y Estados Unidos — indica que sus vínculos con
el narcotráfico comenzaron a detectarse desde principios de los años noventa,
cuando fungió como presidente municipal de Matamoros.
Fue heredero de una amplia madeja de
complicidades tejidas por su antecesor, Manuel Cavazos Lerma –actual senador de
la República –quien como gobernador permitió que el
Cártel del Golfo, entonces encabezado por Juan García Ábrego, sentara sus
reales en el estado. Eran los tiempos del salinismo y en Tamaulipas todavía
mandaba Juan N. Guerra, fundador de ese grupo criminal –tío de García Ábrego —
un viejo bragado que comenzó en el mundo del hampa como traficante de licor,
fue dueño de El Piedras Negras, un restaurante que tenía muy mala fama porque
ahí recalaban políticos, madrinas, comandantes, capos, distribuidores de droga
y mujeres del bajo mundo. El viejo
Nepomuceno Guerra vivió muchos años y siempre como mafioso. Tenía todo
controlado y nadie se metía con él. Entrón, el capo vivió como murió: impune.
El viejo era
longevo, de esos que tienen el cuero muy duro, tanto, que por un pelo le gana
la partida a la muerte: vivió 86 años. En Junio de 2001 falleció de
insuficiencia respiratoria en su rancho El Tahuachal, ubicado en Matamoros. Cuando
murió, la noticia se propagó por todas partes. El máximo honor que recibió
fueron siete palabras, difundidas por la prensa, casi a manera de epitafio:
“Murió el fundador del cártel del Golfo”. La mafia estaba de luto, pero les
duró muy poco: transcurridos unos días volvieron las matanzas y balaceras en
ese territorio sin ley.
Durante su paso por la alcaldía de
Matamoros, Yarrington comenzó a implementar el esquema que mejor dominó: el
registro de sus propiedades a nombre de amigos y compadres, sus testaferros. Un ejemplo de ello fueron algunas
propiedades –un departamento construido en 2001, una residencia ubicada en
McAllen, Texas, un avión privado y una cuenta bancaria aperturada en Las
Bermudas –que puso a nombre de Cindy Chapa, quien fue su secretaria cuando
fungió como presidente municipal de la ciudad de Matamoros.
Hacia el año 2004, convertido el
estado de Tamaulipas en un campo de guerra del narcotráfico y territorio
paradisiaco para el lavado de dinero, comenzó a llamar la atención la impunidad
que reinaba en esa entidad. Entre los años 1999 y 2004, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa
protagonizaron verdaderas batallas: balaceras de día y de noche, muertes,
decapitados, desaparecidos, secuestrados, policías asesinados… Hasta la fecha todos estos casos siguen
impunes.
Y es que en Tamaulipas la mayoría de los presidentes
municipales formaban parte de la estructura del Cártel del Golfo; las policías
tanto municipales como estatales fungían como escudo protector y brazo armado
del narco, en tanto que desde el gobierno del estado Yarrington daba rienda
suelta para que el narcotráfico operara con absoluta impunidad, en tanto que
sus socios y testaferros como Fernando Alejandro Cano Matínez y José Antonio
Peña Arguelles, se enriquecieran mediante la obtención de multimillonarios
contratos de obra pública y utilizaban la industria inmobiliaria para lavar
dinero del narcotráfico. Así gobernaba la mafia.
En el último año de gobierno de Tomás
Yarrington (2004) la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a
investigarlo formalmente, pues el escándalo nacional e internacional imponía
que al menos la PGR integrara una acta circunstanciada para el caso. En abril de ese año, acudí a
platicar con el entonces titular de la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos,
quien soltó el dato como un dardo:
–Ya estamos
investigando a Yarrington –dijo, suave la voz, firme el tono.
Era la
segunda ocasión que la PGR decidía investigar a un gobernador y hacerlo
público. Se entendía porque esa era la orden de Vicente Fox, el primer
presidente panista, pero también se
entendía porque Tamaulipas con Yarrington se convirtió en un narco-estado,
territorio de mafiosos impunes arropados en el poder. Igual que ahora.
Y enseguida
comenzó a explicar que la investigación tenía avances y se encontraba “a la
mitad” de su ruta, concretamente en la fase que tenía que ver con la red
policiaca estatal y ministerial, así como a sus mandos altos y medios que
protegen o protegieron a Osiel Cárdenas Guillén, por varios años jefe del
Cártel del Golfo, quien ya había sido detenido y se encontraba recluido en el
penal de La Palma, desde donde seguía operando.
Mientras la
PGR trabajaba en la investigación, en
Estados Unidos el Buró Federal de Investigaciones armaba el expediente, clave
92C-H0-26953 (0-21). Se trataba de varios reportes que vinculaban a Yarrington
con el cártel del Golfo. Ya desde entonces era considerado no sólo un protector
del narcotráfico, sino un capo.
Vasconcelos
amplió los detalles de la indagación:
“La ruta que
seguimos en esta investigación es ascendente: empieza por la policía y los
altos jefes. Esto nos llevaría a los directores, al procurador, como ocurrió en
Chihuahua (en el sexenio de Patricio Martínez), hasta llegar a la cabeza, es
decir, el gobernador. En el caso de Tamaulipas, el gobernador no tiene aún el
carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene amplios
alcances: es muy parecida a la que hicimos en Quintana Roo en el caso de Mario
Villanueva”, quien resultó ser el principal protector del cártel de Juárez en
el Caribe mexicano.
Los vínculos de Yarrington con el
narcotráfico era un tema del dominio público. Dentro y fuera de Tamaulipas todo
el mundo sabía cómo se protegía al narcotráfico, quien lavaba el dinero de los
narcos y qué empresarios estaban relacionados con esas actividades. Lo cierto es que a Ernesto Zedillo, Vicente Fox y a Felipe Calderón les tembló la
mano para investigar a Tomás Yarrington y encarcelarlo. Con todo y su
guerra, Calderón, por ejemplo, no
combatió el peor lastre del país: La narco-política que, sin duda, también fue
un mal de su gobierno. En ese tiempo la PGR, como ya se dijo, investigó a
Yarrington, pero todo indica que descuidó la investigación. Fue por ello que la
indagación de Estados Unidos es ahora la más robusta que existe.
En este
entramado de complicidades la voz de un preso –Rubén Hernández López, acusado
del asesinato del empresario regiomontano José Antonio Cervantes Espeleta –puso
a temblar al entonces procurador de Tamaulipas, Francisco Cayuela, y a buena
parte de la clase empresarial ligada al lavado de dinero.
El presidiario declaró que durante
algún tiempo fungió como chofer de Cayuela y que el entonces procurador era el
responsable de recolectar el dinero que pagaba el cártel del Golfo para operar con
libertad en todas las zonas del estado. Los fondos, dijo Hernández en 2004, eran para financiar la
campaña presidencial de Yarrington. Pocas
semanas después de que se dio a conocer esta declaración, Hernández López fue
asesinado dentro de la prisión donde se encontraba, aparentemente como
consecuencia de una riña entre presos. Su muerte nunca se aclaró.
El gobierno
de Estados Unidos comenzó a integrar sus expedientes, de manera formal, en el
2012. En ese año salieron a flote datos
y evidencias de que Yarrington tenía propiedades en Estados Unidos, registradas
a nombre de su principal testaferro: Fernando Cano Martínez. A él se le
atribuía, por ejemplo, ser dueño de residencias y departamentos en la Isla del
Padre y San Antonio, Texas, respectivamente.
En agosto de
2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó un departamento
localizado en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que estaba registrado a nombre de Napoleón
Rodríguez de la Garza, un empresario ferretero. Ante las autoridades
estadunidenses, este personaje aceptó ser prestanombres de Yarrington.
Un testigo clave en las
investigaciones estadunidenses contra Yarrington fue José Antonio Peña
Argüeyes, registrado con la clave Ángeles. Este personaje era un empresario,
testaferro de Tomás Yarrington al igual que Cano Martínez, y lavador de dinero
del narco.
Un día
recibió una llamada telefónica que por poco lo mata de un infarto. Le dijeron:
“Dile a tu hermano que devuelva los cinco millones de dólares que se robó o le
vamos a partir la madre”.
No le dio tiempo avisarle a su
hermano de la amenaza. Ese mismo día lo ejecutaron. Sobre su cuerpo los
sicarios dejaron un mensaje: “Esto te pasó por rata”. Sigues tu, José Antonio”.
Peña Argüeyes salió huyendo de
Tamaulipas y se refugió en Estados Unidos. Se presentó ante la DEA y se entregó
a la justicia. Ahí se sentía a salvo. Luego aceptó ser
testigo colaborador y contó lo que sabía sobre la relación de Yarrington y sus testaferros con el narcotráfico.
Lo que detalla Peña en realidad permite considerar que Tomás Yarrington
encabezaba un cártel en Tamaulipas, cuyos dominios fueron transexenales, porque
incluso tuvo una fuerte influencia en el gobierno de Eugenio Hernández Flores,
quien es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero. En México la PGR declaró el no ejercicio de
la acción penal en su contra. El favor se lo hizo Jesús Murillo Karam por
instrucciones del presidente, según se pudo confirmar.
Declaró:
Que en una
ocasión existió el plan de pactar una tregua entre el cártel de Sinaloa y del
Golfo, y que para ello dichos grupos delictivos sostuvieron una reunión al
parecer en el estado de Puebla. Esto me lo comentó Miguel Treviño Morales,
quien me citó en el restaurante Suntory, en el centro de la Ciudad de México;
en esa ocasión Treviño Morales llegó vestido de traje y comenzó que lo habían
designado encargado de los estados de Nuevo León, Coahuila, Veracruz y la plaza
de Nuevo Laredo.
Sabe que
Miguel Treviño Morales controla la
gerencia de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en Nuevo
Laredo y que en dicha dependencia labora gente de su confianza y él es quien
determina el manejo de los recursos obtenidos por concepto del pago de dicho
servicio. Esta gerencia fue ocupada por Arturo Paz Santos y Carlos Montiel, en
la gerencia comercial está Alejandro Ortiz y también está relacionado Elías
Ramos García, quien fuera comandante de la Policía Federal. Todos ellos ligados
a Miguel Treviño Morales ya sea como prestanombres o como facilitadores de mil
cosas o como miembros del cártel a su servicio.
En general, es Miguel Treviño Morales
el que decide quien ocupa los puestos administrativos en el Ayuntamiento de
Nuevo Laredo. Otros prestadores de nombres de Miguel Treviño Morales son
Enrique Santos, regidor del actual ayuntamiento y encargado de la obra pública
de Nuevo Laredo…
En todo este entramado de personajes
y cómplices aparece Fernando Cano Martínez, dueño de la empresa constructora
Villa de Aguayo, una de las más beneficiadas por Tomás Yarrington y quien al
igual que su socio tiene sendos expedientes abiertos en Estados Unidos por
presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Refiere
Ángeles:
Al señor Eugenio Hernández Flores
(sucesor de Yarrington) lo conocí a principios del año 2003, cuando era
presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y fui invitado por el
entonces gobernador Tomás Yarrington a subirme al autobús que estaba a su
servicio. Fue allí, en esa gira conocí a Eugenio Hernández. Yo los acompañé del
aeropuerto a un restaurante. Iba el entonces secretario del trabajo, el señor
Abascal…Como en abril o mayo de 2003 conocí a Fernando Cano Martínez, quien es
dueño de la constructora Villa Aguayo.
En esa
ocasión él me fue a visitar a Nuevo Laredo, creo que a sugerencia de Tomás
Yarrington, ya que son amigos desde hace muchos años, para ver los cambios
en la sucesión del gobierno del estado.
Me dijo que el gobernador (Yarrington) le había comentado acerca de la toma del
cambio del gobernador, que iban a empezar las inquietudes políticas, ya que
estaba por finalizar el gobierno de Tomás Yarrington.
Y me comentó que su corazoncito
estaba con Eugenio Javier Hernández Flores, ya que Fernando Cano me dijo que él
fue quien introdujo a Eugenio con el entonces gobernador Tomás Yarrington, que
es de todos conocidos que la carrera política de Eugenio fue promocionada por
Yarrington y Fernando Cano, el testaferro consentido.
También
dijo: Que respecto de los amarres que hacía el declarante entre Miguel Treviño
y Eugenio Hernández Flores, aspirante a candidato a gobernador, era que
respetara al señor Eugenio Hernández como posible candidato a ese cargo, es
importante señalar que de parte de Miguel Treviño sí hubo un ofrecimiento de
dinero hacia Eugenio Hernández para gastos de su campaña, pero le dije que no
era necesario, entonces Miguel Treviño me dijo que qué se necesitaba y yo le
contesté que nada, que era cosa de hombres, en ese sentido fue el amarre entre
ellos, que Miguel Treviño no estropeara las posibilidades de Eugenio Hernández
de buscar la candidatura a gobernador y que éste no hiciera cosas que no le
compitieran, es decir, no meterse con ellos. Las veces que nos reunimos fueron
como unas cinco, dichas reuniones fueron a finales del 2003 y 2004, las cuales
se llevaron a cabo en la Plaza Longoria, en Paseo Colón y Reforma, enfrente de
la catedral del Espíritu Santo y a veces Miguel Treviño se hacía acompañar de
su hermano Omar Treviño, siempre iban custodiados por su séquito, alrededor de
unas veinte personas, quienes a veces usaban trajes de la AFI, otras veces de
militar y siempre andaban fuertemente armados y utilizaban automóviles tipo
Cherokee blindados…
Detenido
Yarrington en una de las ciudades renacentistas más bellas de Europa
–Florencia, Italia – ahora lo que viene es el juicio de extradición. Si el gobierno mexicano lo requiere para
medio recomponer la maltrecha imagen oficial
de cara a las próximas elecciones, pues peleará su extradición y los
abogados del exmandatario buscarán que sea traído a México, donde le esperarían
unos veinte años de prisión con la opción de que la pena se reduzca.
Pero si su captura está desligada del
tema político, entonces el gobierno mexicano lo abandonará a su suerte y dejará
que Estados Unidos se lo lleve y le imponga las dos cadenas perpetuas que le
esperan. Yarrington,
incluso, tiene el derecho de elegir en qué país quiere enfrentar a la justicia.
Al parecer, pretende extender su estancia en Italia.
Por lo
pronto, el procurador Raúl Cervantes negó que la PGR haya renunciado a la
solicitud de extradición del exmandatario tamaulipeco, pese a que una filtración de la Seido indicó que la PGR no tiene
interés en traer a Yarrington y que lo cederán a Estados Unidos para que lo
enjuicie.
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